Jueves, 02 de Abril de 2020 | 19:10:51
19/03/2020

Aclaran que intendentes no pueden cerrar ciudades ni impedir ingreso

El gobierno provincial alertó a los intendentes que blindaron sus municipios que “la profundización de las medidas y eventuales restricciones de circulación y tránsito son disposiciones normativas que deben emanar de la Nación”. El temor a que la pandemia se expanda y la necesidad de una medida nacional. Siguen controles para disuadir a la población.

 

Luego de que varios intendentes afirmaran que la Provincia retiró el apoyo policial en los controles en accesos que organizaron para impedir el ingreso y así frenar el coronavirus, el gobierno de Gustavo Bordet emitió un comunicado advirtiendo que “no existe normativa que autorice el cierre de las ciudades o el impedimento de ingreso” y remarcando que “la profundización de las medidas y eventuales restricciones de circulación y tránsito son disposiciones normativas que deben emanar de la Nación,  por imperio de la Constitución y las leyes vigentes”.

El parte enviado a NOTICIAUNO señala que “en el Marco de la Emergencia Sanitaria declarada por el Gobierno Nacional debido a la pandemia del Coronavirus, la Provincia adhirió  con acciones que se diseñan en un todo de acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación”, y que “la policía de Entre Ríos viene acompañando el proceso de prevención, colaborando en la identificación de personas que deben estar cumpliendo cuarentena, y recepcionando denuncias sobre estas situaciones”.

No obstante, aclara que “no existe normativa que autorice el cierre de las ciudades o el impedimento de ingreso” y que “el accionar frente a la pandemia debe ser organizado y asumir las directivas de las distintas jerarquías, toda vez que los Estados tienen distintos roles que es necesario compatibilizar. Los municipios, la Provincia y la Nación deben actuar juntos y de acuerdo, y así tomar las decisiones”.

“Es sumamente necesario que el proceso tenga una conducción nacional y provincial, evitando tomar medidas aisladas. Puede durar meses, por lo tanto el accionar debe ser sumamente responsable”, apunta el parte de prensa.

Vale recordar que desde que el gobierno de Chaco decidió el cierre de fronteras de su provincia, expertos constitucionalistas alertaron que el mandatario provincial “podría enfrentar consecuencias penales” por la decisión adoptada.

Es que el temor a que la pandemia del coronavirus se expanda por todo el país sigue creciendo y gobernadores e intendentes están tomando medidas, más allá de las dispuestas por el Gobierno nacional, para evitar que el COVID-19 llegue a sus territorios.

Como Chaco, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, también cerró el límite norte de su provincia y advirtió que “todo aquel que esté yendo camino a Chaco o al norte deberá volver, ya que no va a encontrar instancia de cruce”. La misma medida tomó Santiago del Estero, que busca evitar que el contagio provenga desde Chaco.

Mendoza no tomó medidas de cierre, pero sí dictaminó que la persona que ingrese a la provincia -sin importar si es residente, extranjero o argentino de otro distrito- deberá estar en cuarentena 14 días de forma obligada.

Jujuy también cerró sus límites con Salta para los no residentes en la provincia. Y el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, estableció el cese de toda la actividad tanto pública como privada, pero también la prohibición para salir de sus casas a niños, adolescentes y personas que figuran en los grupos de riesgo.

No solo las provincias sino algunas ciudades, ante los primeros casos, también tomaron medidas similares. Ciudades como Gualeguaychú y Colón restringieron el ingreso y la circulación por sus municipios.

Cuando este tipo de medidas comenzó a generalizarse, abogados constitucionalistas plantearon a Perfil.com que impedir la libre circulación es “inconstitucional”, ya que desconoce los artículos 8 y 9 de la Constitución argentina. “Esto es un estado de sitio encubierto”, resumieron.

Según el art. 23 de la Constitución Nacional, el estado de sitio solo puede ser declarado por el Congreso si existe un estado de conmoción interior y si el mismo está en receso lo puede decretar el Presidente. Nunca un gobernador o un intendente”.

En esa línea, agregaron: “Si bien la salud pública vinculada a la vida tiene un gran peso ponderado en relación al resto de los derechos en el marco de la pandemia mundial que estamos sufriendo, esto no justifica que se arrase con el sistema constitucional”.

Los gobernadores e intendentes pueden tener sanciones: “Lo más grave es la intervención federal pero cualquier persona podría interponer una acción de amparo o una acción de habeas corpus preventivo”.

Por último, los expertos sostuvieron que por más que tengan el aval del presidente Alberto Fernández para tomar estas medidas, siguen siendo inconstitucional, y podrían afrontar “consecuencias penales”.

Pero consideraron que frente a la emergencia sanitaria “es impensable que esto pueda ocurrir” y avalaron los controles policiales con el espíritu de “disuadir la circulación”.

 

Fuente: Noticiauno

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