El juez Elvio Garzón dará a conocer su veredicto este jueves a las 12;30 sobre la homologación o no del juicio abreviado que José Allende acordó con el Ministerio Público Fiscal para unificar cuatro causas de delitos graves -amenazas a un periodista, violencia de género contra una funcionaria, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito- a cambio de una leve pena condicional, la devolución de unos pocos pesos y cursos de capacitación.
Tras reconocer que amenazó a un periodista, ejerció violencia de género contra una funcionaria y que se enriqueció ilícitamente, el exdiputado del PJ José Allende acordó con el Ministerio Público Fiscal un juicio abreviado (rechazado por el periodista, la funcionaria y diversos sectores políticos e institucionales) en el que se licúan las causas y es beneficiado con una pena mínima y la devolución de unos pocos pesos para evitar el necesario debate oral y público que permita que un juez imparcial e independiente garantice -al imputado, a las víctimas, y a la sociedad- que en esta provincia NADA SE RESUELVE ENTRE GALLOS Y MEDIANOCHE.
El jueves pasado se llevó a cabo la audiencia del acuerdo entre Allende y los Fiscales (Laura Cattáneo, Leandro Dato y Álvaro Piérola) para un juicio abreviado que favorece al exdiputado. Fue presidida por el juez Elvio Garzón en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia con transmisión en vivo a través del canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del Poder Judicial de Entre Ríos. Garzón citó a las partes para este jueves 5 de agosto para decidir si homologa o no el acuerdo que Allende cerró con el Ministerio Público Fiscal (MPF) mediante el cual reconoció haberse enriquecido de manera ilícita, haber amenazado al periodista de NOTICIAUNO Martín Carboni y haber ejercido violencia de género contra la ministra de Salud Sonia Velázquez.
De consumarse la homologación de este acuerdo, el “sistema” habría sentado un oscuro precedente: en Entre Ríos, los funcionarios públicos pueden coaccionar a una ministra del gabinete provincial, pueden apropiarse de los dineros públicos, y pueden amenazar al periodismo que se atreve a exponerlos. Y luego, acceder, con aceitados vínculos político-judiciales, a una pena negociada en plena pandemia y de espaldas a la sociedad.
Fuente: NOTICIAUNO
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