Derogar la ley 9759 es ir en contra del ambiente, de la industria y del empleo

   La ley provincial 9.759, denominada Ley de la Madera, fue sancionada en marzo del 2007 a partir de una fuerte demanda ciudadana en defensa del ambiente, ya que la misma procuraba evitar que la madera generada en el territorio entrerriano fuera destinada a abastecer la producción de fábricas de pasta celulósica altamente contaminantes ubicadas y a radicarse en la República Oriental del Uruguay.

   La mencionada ley dispone la prohibición a las empresas de esta provincia de venta de rollizos y chips destinados a la exportación para abastecer a las industrias pasteras del vecino país, ya que esa actividad genera contaminación aérea y de los cursos de agua compartidos con la Argentina, lo que afecta principalmente a los habitantes de Entre Ríos y en especial a los que viven sobre el Río Uruguay.

   A la vez, el texto de esa ley establece que “la madera proveniente de plantaciones o forestaciones ubicadas en el territorio provincial no podrá salir de la jurisdicción sin previo procesamiento y/o transformación que le genere valor agregado. Exceptúase de esta restricción la madera con destino a plantas industriales cuyos responsables demuestren fehacientemente la transformación de la misma en tales establecimientos, y la que se emplee para tijeras, estacas y rodrigones”.

   Esto abrió la posibilidad para el desarrollo en origen de actividades de procesamiento industrial diverso para nuestra madera, lo que redunda en la posibilidad de nuevas empresas que generan valor agregado a la producción primaria y en la generación de muchas fuentes de trabajo. Eso se contempla en la misma ley, que señala que la Provincia deberá incentivar la radicación de nuevas industrias y la modernización de las ya existentes en el territorio.

   Hoy existe en la provincia un interesante desarrollo industrial del sector maderero, con dos plantas importantes y numerosos aserraderos y talleres, que son los demandantes de la producción primaria de madera, la que además se vende al resto del territorio nacional. Eso significa que la colocación de la madera y de los subproductos por parte de los productores entrerrianos no presenta actualmente ninguna dificultad.

   Sin embargo, los que sí tienen dificultades de abastecimiento son los demandantes del país vecino, en especial sus pasteras contaminantes, que serán los principales beneficiados si llegara a derogarse la ley 9759.

   Pero no sólo se beneficiará la producción uruguaya que afecta negativamente nuestro ambiente, sino que además se perjudicará la actividad industrial en nuestro territorio, que tendrá que hacer frente a mayores costos y además dejar de lado cualquier proyecto de desarrollo que involucre a la madera como materia prima.

   El argumento del proyecto oficialista que dispone la derogación de la ley a los efectos de impulsar un programa foresto industrial es absurdo, en principio. Pero está en línea con los grandes intereses corporativos que buscan avanzar en liberar los mercados para que sean presas del mejor postor, sin contemplar en esas acciones que se perjudique el ambiente, las actividades productiva entrerrianas y la generación de trabajo en nuestro territorio.

   Cuestionamos no sólo el intento burdo de legislar y gobernar para los capitales más concentrados, sino también la hipocresía de argumentar que la derogación de la ley fomentará la forestación y con ello se aportará a luchar contra el calentamiento global. La plantación de monoproducción de árboles, como bien afirma Jorge Daneri en un reciente artículo “no solo no preserva el ambiente sino que tiene efectos más que negativos sobre el trabajo y la familia rural, la diversidad biológica y su monte nativo, la gestión del agua y su preservación, como la profundización de la expulsión del hombre de campo hacia las ciudades, entre tantas otras problemáticas”.

   Si en realidad la preocupación por el ambiente y por el cambio climático (una de las principales amenazas que pesan sobre los humanos que habitamos este planeta) es verdadera, entonces las autoridades y mucha gente de negocio involucrada, deben ocuparse por detener la deforestación de nuestro monte nativo y por modificar radicalmente el modelo de producción-destrucción imperante en el agro argentino y entrerriano, donde el cultivo en gran escala de transgénicos con uno masivo de agrotóxicos es responsable de generar (a lo largo de toda la cadena) entre un 47 y un 55% de la emisión de gases de efecto invernadero que se generan en todo el mundo.

   Y si en realidad la intención es de llevar adelante un programa de desarrollo de la industrialización de la madera, no será facilitando la venta de nuestra producción primaria a las pasteras contaminantes del vecino país como lograremos concretarlo. Todo lo contrario, la derogación de la ley actual sólo traerá dificultades a las fábricas, aserraderos y talleres que trabajan con la madera en nuestro territorio provincial, y abrirá las puertas a una potenciación de la contaminación que generan esas mega empresas de pasta celulósica (no sólo las que ya existen, sino las que están en proceso de apertura y esperan esta señal ‘amigable’ de parte del gobierno provincial).

   Si los legisladores que deben representar los intereses de todos los entrerrianos son concientes y asumen la responsabilidad por el apoyo que recibieron de la sociedad, deben rechazar de plano el proyecto oficialista, mantener la vigencia de la ley 9759, y proponer acciones para proteger efectivamente el ambiente y promover realmente la producción y el empleo en la provincia.

Luis Lafferriere : Director Programa de Extensión “Por una nueva economía humana y sustentable” - Facultad de Ciencias de la Educación – UNER.

Fuente: Noticiauno