NOTICIAUNO corroboró que la Fiscal Coordinadora María Carolina Castagno confirmó el 5 de abril el archivo de la causa en la que se debían esclarecer las responsabilidades de funcionarios públicos en el incendio de la Escuela Nº 3 Bernardino Rivadavia de Paraná, ocurrido en septiembre de 2016.
Según la documentación a la que accedió este medio, la Justicia NO investigará al presidente del Consejo General de Educación (CGE), José Luis Panozzo; ni al ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Luis Benedetto; ni a la exsecretaria de Planeamiento y actual directora de Vialidad, Alicia Feltes; ni al subsecretario de Arquitectura y Construcciones, Julio Ardunio; ni a la coordinadora de Infraestructura Escolar, Ana Abreu, todos denunciados por los delitos de Omisión de sus funciones e Incendio Culposo.
La comunidad educativa de la escuela está "consternada por el accionar judicial" que "en lugar de escuchar a los denunciantes" optó por "salvar a los funcionarios políticos" que tras años de reclamos públicos y advertencias sobre lo que finalmente pasó, no fueron capaces de tomar las medidas necesarias para cuidar a los más de 500 alumnos y docentes que asistían a la institución.
La Fiscal Castagno es quien debía “revisar” la decisión de su colega, la Fiscal Evangelina Santana de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Paraná, que tal como adelantó NOTICIAUNO el 30 de marzo resolvió que era “imposible seguir adelante con la investigación” por la escasa información que "logró recopilar".
Mientras la sociedad demanda una Justicia que escuche a las víctimas, ninguna de las funcionarias judiciales que archivaron la investigación citaron a ninguno de los denunciantes.
Ni el secretario general de Agmer Paraná, Claudio Puntel, ni el entonces presidente de la cooperadora escolar, Maximiliano Vitale (ambos denunciantes) pudieron aportar a la Justicia elementos que podían esclarecer responsabilidades.
Sólo porque las fiscales no los citaron.
Es por ello que la comunidad educativa de la Rivadavia sospecha que “la Justicia no actuó de manera independiente, sino que recibió una orden superior para liberar a los funcionarios de la investigación penal”.
De hecho, a solo seis meses del incendio y en menos de una semana hubo dos resoluciones que dejaron la causa archivada.
Evidentemente, para los denunciantes hay una JUSTICIA SORDA.
Para los funcionarios públicos que pusieron en riesgo la vida de niños y docentes con sus omisiones, y en peligro los bienes del Estado, hay una Justicia dispuesta a salvarlos con la rapidez de un bombero.
Fuente: Noticiauno
