La Justicia Federal investiga una serie de amenazas enviadas a través de mensajes de texto vinculadas con la causa por las presuntas vinculaciones de funcionarios municipales con la organización narcocriminal que encabezaba Daniel Tavi Celis.
Sucesivos mensajes de texto fueron enviados el 16 de agosto a cinco personas, en un lapso de cinco minutos y, se presume, con un contenido similar, según pudo reconstruir Página Judicial entre distintas fuentes.
La secuencia se inició con un mensaje que recibió a las 9.30 el periodista Daniel Enz, director de la revista Análisis: “No te metas más con tavi celis porque te vamos a poner una bomba a vos y al juez”, le decían. Al instante, desde la misma línea, se disparó un mensaje cuyo contenido se desconoce, pero que sería el mismo porque coincide en la cantidad de caracteres, a un teléfono registrado como perteneciente a radio La Voz y que utiliza el ex diputado provincial Rubén Almará.
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Tres minutos después, a las 9.33, desde el mismo número, se dispararon otros dos mensajes cuyos receptores fueron un teléfono de la flota municipal asignado a “Presidencia”, que utilizaba el intendente Sergio Varisco; y al celular de su hija Lucía, donde les decían: “No se metan con el tavi porque les vamos a meter una bomba en la municipalidad como ya pusimos en el juzgado”. Ambos mensajes salieron casi en simultáneo.
La cadena terminó a las 9.35 cuando el juez Leandro Ríos, que tiene a su cargo la investigación por la presunta vinculación de funcionarios municipales con el narcotráfico, recibió un mensaje desde el mismo número donde le advertían que volverían (sic) a colocar algún artefacto explosivo en el juzgado.
El magistrado denunció el hecho al día siguiente, el viernes 17 de agosto, ante el fiscal Carlos García Escalada, y Enz lo hizo el miércoles 22 de agosto e incluso se constituyó como querellante en la causa, lo que le da acceso a la investigación. Lucía Varisco contó en declaraciones al diario Clarín que no hizo la denuncia formal pero que puso en conocimiento de lo ocurrido a sus abogados ese mismo día. Finalmente, este lunes, después de que el juez Daniel Alonso allanara el municipio y dispusiera intempestivamente el secuestro de su teléfono celular, denunció las amenazas.
De Almará, no se sabe nada. El juez no dispuso el secuestro de su teléfono celular ni lo ha citado para que explique el contenido del mensaje que recibió.
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Lo que sí se sabe es que los mensajes de texto fueron enviados desde un teléfono celular que pertenece a Griselda Bordeira, integrante de la Policía de Entre Ríos y extitular de la Subsecretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad, actualmente procesada -y detenida- como integrante de la banda de Celis por haber supuestamente adquirido dos kilos de cocaína para distribuir gratuitamente en la campaña electoral de Cambiemos 2019.
De acuerdo con los registros aportados por la empresa Personal, la línea pertenece a Bordeira por lo menos desde octubre de 2017, aunque llevaba varios meses sin registrar actividad –ni mensajes ni llamadas de ningún tipo– hasta el 16 de agosto en que se dispararon los mensajes de texto intimidatorios. Esto último se pudo establecer porque cada vez que se produce una comunicación es porque el teléfono se encuentra en una celda que corresponde a una antena de telefonía que capta la señal y la transmite. Sin embargo, en este caso no se pudo determinar el lugar desde donde se enviaron los mensajes, dado que la empresa no ha aportado los datos de las antenas donde impactó esa actividad.
Sí se sabe que el aparato volvió a tener una actividad no determinada un sábado posterior a la emisión de los mensajes intimidatorios e impactó en la antena que la compañía telefónica tiene en el edificio del Instituto Autárquico Provincial del Seguro. Esto descarta la posibilidad de que en ese momento estuviera en manos de Bordeira, dado que permanece alojada en la cárcel de mujeres desde el 4 de junio pasado.
Lo cierto es que el teléfono desde el cual se irradiaron los mensajes intimidatorios no ha sido localizado, aunque tampoco está denunciado como extraviado ni sustraído por Bordeira ni personas allegadas.
Si bien hasta el momento no hay ningún imputado, los hechos investigados constituyen el delito de amenazas, que prevé penas de hasta diez años de prisión por haber sido proferidas contra un magistrado y buscando “la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos”.
Fuente: Página Judicial
