El Gobierno apura una ley para quitarle a los buscadores y redes sociales responsabilidad sobre los contenidos que distribuyen, aprobada hace dos años en el Senado y con riesgo de perder estado parlamentario si no se debate en Diputados.
Las fake news (noticias falsas) o los “trolls” en las redes sociales han sido utilizadas políticamente para obtener beneficios electorales y de aprobarse esta ley, las plataformas –que deberían chequear sus contenidos- quedarán liberadas de responsabilidad. Esto abre las puertas para una invasión de contenidos falsos y una campaña digital sin control. Justo en un año electoral clave para el gobierno de Cambiemos.
Se trata de un viejo reclamo de Google y Facebook que nunca fue atendido por resistencia de la oposición de la Cámara baja, pero es impulsada por el propio presidente Macri, que en una visita a Silicon Valley le prometió a los ejecutivos de esos gigantes de internet, que su gobierno empujaría la sanción de la norma.
El proyecto fue presentado por Federico Pinedo en el Senado y no necesitó ser justificado en el recinto, porque se aprobó a mano alzada y libro cerrado el 2 de noviembre de 2016, con el acuerdo del jefe del bloque peronista, Miguel Pichetto, que este año estalló en ira cuando una granja de trolls usó su nombre para difamarlo por las redes.
Uno de esos proyectos era el que regula la "responsabilidad de proveedores de internet", que de sancionarse les permitiría no hacerse cargo de los contenidos publicados y distribuidos en sus plataformas, que explotan para vender publicidad, sin pagar nada a los medios que los producen.
La ley fue aprobada sin debate en el Senado y pierde estado parlamentario si no se debate antes de fin de año. Google y Facebook presionan y el Gobierno intenta contentarlos.
En la iniciativa, Pinedo identifica diferentes tipos de proveedores de servicios de internet (almacenamiento automático o temporal, de intermediación técnica; proveedores de acceso, transmisión, interconexión o direccionamiento;) y en todos los casos los exculpa del contenido publicado por "terceros".
Cualquier persona "que se sienta lesionada en sus derechos y garantías" podrá reclamar a un juez, que antes de exigir la eliminación de las publicaciones deberá verificar en detalle la supuesta ofensa que producen.
En Europa no piensan así: Alemania sancionó una ley que prevé multas de hasta 50 millones de euros a Facebook y otras redes sociales por no borrar en 24 horas el contenido "manifiestamente ilegal".
La iniciativa va además en contra de toda la nueva regulación que se está dando en el mundo, donde los países empiezan a proteger a sus medios -resorte básico de las democracias- del abuso de Google, Facebook y otros gigantes de internet que listan sus contenidos y con eso generan tráfico que explotan publicitariamente, sin pagar nada a los medios que lo producen. De nuevo, en Europa se da la legislación más avanzada que obligó a estas multinacionales a compartir con los medios parte de lo facturado. En Estados Unidos, también hubo acuerdos similares, por ejemplo con el New York Times que había prohibido a Google listar sus contenidos.
En la Argentina, por el contrario no sólo no se les exige compartir las ganancias de las publicidades que acompañan links de medios, sino que Cambiemos quiere incluso darles indemnidad por eventuales reclamos por esos contenidos.
"La diferencia crucial es el plazo. Con una ley como la alemana las compañías se cuidan mucho más, mientras que con este proyecto cuando el juez termina de peritar y toma una decisión la difamación está consumada y Google y Facebook no tienen ninguna responsabilidad", explicó a LPO un diputado peronista que se resiste a aprobar el texto escrito por Pinedo.
Las empresas garantizan a anunciantes y gobiernos la llegada bien segmentada a sus usuarios, identificados por haber accedido a contenidos distribuidos en las plataformas. O sea, los posteos, aún cuando se trate de “noticias falsas” o “trolls”, son la materia prima de su negocio, pero el efecto que producen le incumbe a “terceros” en discordia.
En abril, los representantes de Facebook ignoraron las citaciones de los diputados opositores para precisar los alcances que tuvo en el país el escándalo mundial por el robo de datos mediante la aplicación de la consultora inglesa Cambridge Analytica, que obligó a su CEO a Mark Zuckerberg a comparecer en el Congreso de Estados Unidos.
Sólo por vías informales, los delegados argentinos de la red social se comprometieron a asesorar a las 61 personas que habrían bajado la aplicación en el país y provocado un prejuicio a otras 145 mil. Pero nunca dieron la cara y ahora tal vez Diputados cierre el año con una ley para protegerlos.
Con información de LPO
