Después de firmar el decreto que fija un bono de fin de año de $5.000 para los asalariados y un mecanismo para dilatar los despidos, el Gobierno deberá resolver ahora el pedido de un refuerzo similar para siete millones de jubilados y para los beneficiarios de 10 millones de planes sociales, cuyos ingresos también se vieron afectados por la pérdida de poder adquisitivo. Se trata de medidas que integran el amplio paquete de blindaje social con el que las autoridades apuntan a moderar el impacto del plan económico y contener la conflictividad social.
El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, solicitó a principios de la semana pasada al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y al de Hacienda, Nicolás Dujovne, un “urgente reajuste de emergencia” para 6,9 millones de jubilados, pensionados y discapacitados.
Por escrito, Semino les pidió una suma de $5.160 en tres cuotas sucesivas de $1.720, a pagarse en diciembre, enero y febrero. La idea es que no sea por única vez, sino que se incorpore al haber, de modo que sirva como base de cálculo para el incremento de marzo, fijado por la Ley de Movilidad.
"Los recursos en el sistema están para afrontar la erogación", señaló en la carta el defensor, quien advirtió que "los jubilados no necesitan una dádiva para el pan dulce de fin de año, sino que se reconozcan efectiva y no discursivamente sus derechos". De ese modo, apuntó al excedente de de la cartera del Fondo de Garantías de Sustentabilidad, que a fines de septiembre alcanzó $1.676.183 millones.
La movida cuenta con el respaldo del triunviro de la CGT, Héctor Daer, con quien Semino acordó impulsar en tándem sus reclamos.
“Hablé con Daer y está de acuerdo con la idea. La negociación de ellos sigue esta semana y van a incluir algo para los jubilados”, confirmó el representante de la tercera edad a iProfesional.
En el marco del diálogo con Sica, el sindicalista sumó además otros dos pedidos para los jubilados: el adelantamiento a diciembre del aumento previsto para marzo de 2019 (que llevaría el haber a $10.442) por la movilidad, y un bono alimentario por un valor cercano a los $5.000 reintegrable a través de las compras en supermercados, una propuesta que el Gobierno ya intentó aplicar sin éxito a través del descuento del IVA en los consumos con tarjeta.
Los reclamos apuntan a morigerar el impacto de la inflación sobre los haberes que, según los cálculos del defensor y la consultora ACM, perderán este año cerca de 20 puntos porcentuales en su capacidad de compra.
Esto se debe a que la jubilación mínima en diciembre será de $8.673 por el aumento del 7,8% previsto (un 28% anual), una cifra por debajo de la canasta básica del jubilado medida por la defensoría, que llegará en ese mismo mes a $23.500.
La pérdida no solo se debe a la brecha creciente entre los ingresos y una inflación esperada superior al 40%: también hay que sumar el efecto “empalme” por el cambio de fórmula de reajuste entre septiembre de 2017 y marzo de 2018, producto de la reforma previsional.
En diciembre pasado, el Congreso aplicó una nueva fórmula compuesta en un 70% por la inflación del INDEC y un 30% por el salario promedio de los trabajadores registrados (Ripte).
En su momento, el Gobierno aseguró que los cambios no impactarían en los ingresos. Pero al eliminar la recaudación tributaria de su base de cálculo y medir la inflación con un rezago de tres meses (efecto empalme), el mecanismo implementado trajo aparejado un deterioro en los haberes y las prestaciones sociales, algo que por estas horas y en voz baja reconocen las propias autoridades.
En el Gobierno, que recién el lunes firmó el decreto para los trabajadores privados y confirmó el beneficio para los empleados estatales, mantienen discreción sobre la eventual extensión de la medida a otros sectores de la población.
Consultados por posibles anuncios sobre un alivio de fin de año, tanto en la Secretaría de Trabajo como en la ANSES, una cartera que depende de esa área, aseguraron a este medio que por el momento “no hay nada”.
"Aguinaldo social"
En cuanto a los planes sociales, por estas horas el Ministerio de Desarrollo mantiene abiertas las negociaciones con los movimientos territoriales. Luego de que un sector más duro se movilizara el miércoles de la semana pasada y fuera recibido por funcionarios de segunda línea, el “triunvirato” de organizaciones de perfil más moderado, integrado por Ctep, CCC y Barrios de Pie, aguarda en los próximos días un contacto cara a cara con la ministra Carolina Stanley.
Piden un bono de fin de año y un aumento de emergencia para los beneficiarios de los casi 10 millones de planes de asistencia social, junto con un refuerzo alimentario para los comedores. El objetivo es compensar la pérdida del valor de las asignaciones, que aumentaron un 25% en el año.
“Queremos para fin de año un esquema de aguinaldo que nos permita obtener una suerte de sueldo extra de $5.500 en diciembre”, dijo a iProfesional Daniel Menendez.
El Gobierno es consciente de que ha ingresado en un escenario diferente, marcado por la cumbre del G20, la cercanía del fin de año y el inicio de la campaña electoral, lo que favorece una mayor polarización de los actores políticos, incluidos los dirigentes barriales.
Los movimientos realizarán un acto en la cancha de Atlanta pare rechazar la presencia de los líderes del mundo que participarán del foro global en Costa Salguero entre el 30 de noviembre y el 1° de diciembre.
En vísperas de la visita de Donald Trump, el 25 de noviembre comenzará la “semana de acción global contra el G20”, que incluirá una movilización el viernes 30, actividades en otras partes del país y protestas simultáneas en las embajadas argentinas de varios países. Mientras que el 29 se realizará la “Cumbre de los Pueblos” frente al Congreso.
La tensión se refleja en la creciente interna para encarar la protesta social que divide a Cambiemos en un ala dura, encabezada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y otra más negociadora, liderada por Stanley.
La influencia de Bullirch en el manejo de la protesta se hizo evidente en las medidas que comandó su cartera para desalojar el Congreso el mes pasado, cuando Diputados aprobó el Presupuesto. Además, la ministra está a cargo de la seguridad durante el G20 a través de un operativo inédito que busca “vaciar” la Ciudad y aislar las manifestaciones, como adelantó semanas atrás iProfesional.
Pero la titular de Desarrollo todavía preserva un margen significativo de poder, gracias a su rol privilegiado de interlocutora con la Iglesia y los líderes sociales. El principal foco de preocupación es la provincia de Buenos Aires, en donde la pobreza ya supera el 30%. La idea es evitar que se repitan los saqueos registrados en septiembre pasado en más de siete localidades del país, incluido el distrito gobernado por María Eugenia Vidal.
Fuente: IProfesional
