Las provincias argentinas transitan un deterioro de sus finanzas públicas a raíz del combo dado por la caída de la recaudación por la crisis económica, la merma de recursos coparticipables a causa del “plan alivio” del gobierno nacional, el congelamiento de los combustibles que afectó a las regalías, el default selectivo de títulos en pesos y la devaluación, que incrementa el peso del pago de los intereses de la deuda externa. “El repago de los servicios de la deuda externa vuelve a ser un factor de peso en el presupuesto de las provincias”, coinciden especialistas consultados por Página/12. Los factores negativos superan al impulso a las arcas provinciales que da la mayor coparticipación de recursos antes afectados a la Anses, según definió la Corte a finales de 2015 y ratificó el Consenso Fiscal.
Las administraciones provinciales mostraban hasta hace unos meses buenos números fiscales en base a las mayores transferencias de recursos coparticipables por parte de la Nación, beneficio que tuvo como mayores privilegiados a la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la magnitud de la crisis desploma la recaudación de Ingresos Brutos (principal fuente de los recursos provinciales) y también afecta a impuestos nacionales coparticipables, como el IVA y Ganancias. En lo que va del año, por ejemplo, la recaudación del IVA subió en términos nominales un 40 por ciento según AFIP, 15 puntos por debajo de la inflación. Ganancias, por su parte, le empata a la variación de los precios. Sobre ese escenario se montan novedades que complican la situación de las cuentas públicas provinciales.
Caída de la recaudación
Más del 80 por ciento de los ingresos fiscales de las provincias provienen de la recaudación de Ingresos Brutos (IIBB), que depende muy estrechamente del nivel de actividad. Es más, en una crisis como la actual muchos contribuyentes dejan de pagar IIBB, cosa que es menos común en el caso del IVA. Es decir, IIBB pierde tanto por caída de la actividad como en la capacidad recaudatoria. De ahí que los ingresos provinciales vengan sufriendo por la crisis. “La medición del primer semestre muestra una caída de entre el 5 y el 10 por ciento en términos reales en IIBB. Al mismo tiempo, caen los ingresos fiscales derivados de la coparticipación, del 3 al 6 por ciento salvo Buenos Aires y La Pampa. Si se suma el efecto IIBB y de la coparticipación, se verifica una reducción de los ingresos en términos reales de 5 a 7 puntos. Es una caída relevante”, explica Ariel Barraud, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). “Por otro lado, en el gasto en general no se hizo un ajuste fiscal grande y hay muchos distritos con negociaciones salariales atadas a algún índice de inflación. De manera que con la aceleración inflacionaria, cae la recaudación por nivel de actividad y sube el gasto en salarios”, agrega Barraud. En ese sentido, corren más riesgos de deterioro fiscal las provincias del norte del país, que dependen mayormente de los envíos de fondos coparticipables.
“Las provincias venían desendeudadas y relativamente ordenadas. Pero indudablemente hoy la situación es mucho más ajustada. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hace más de un año que cae la recaudación en términos reales. Y el Consenso Fiscal, aquel acuerdo para ir ordenando impuestos en el marco de la suba de recursos coparticipables, queda muy deteriorado, en el mejor de los casos, luego de las medidas del Gobierno nacional que afectan a las provincias sin previa consulta a los gobernadores”, indicó a este diario Martín Di Bella, asesor económico del bloque de senadores de Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires.
El plan “alivio”
Se calcula que la suba del mínimo no imponible y devolución de Ganancias, que es un impuesto totalmente coparticipable, implica una pérdida de recaudación para las provincias del orden de los 26 mil millones de pesos de acá a diciembre. La quita de IVA para alimentos hasta fin de año implica otros 5 mil millones y las medidas para monotributistas, otros 500 millones. En total, son unos 30 mil millones de pesos que dejan de percibir las provincias, de los cuales 6 mil millones corresponden a la provincia de Buenos Aires. En el caso de Tucumán, por ejemplo, son 1500 millones de pesos, equivalentes a un mes de sueldos del Estado de esa provincia. El Gobierno enfatiza que una parte (difícil de cuantificar) volverá a las arcas provinciales con la mejora de la recaudación de ingresos brutos.
“Para tener una referencia, esos 30 mil millones de pesos representa un tres por ciento del total de los recursos coparticipables que la Nación envió a las provincias entre enero y agosto. No parece ser un número imposible de sostener a nivel macroeconómico, pero la decisión unilateral del gobierno choca directamente con la necesidad de aprobación parlamentaria. Las provincias patagónicas están más complicadas, porque también dejan de percibir ingresos por regalías a partir del congelamiento de los combustibles”, explica Martín Mangas, investigador docente de la Universidad General Sarmiento.
Devaluación y deuda extranjera
Las provincias se sumaron al festival de la deuda externa en 2016 y 2017, de la mano del Gobierno nacional. Se calculan emisiones provinciales por 12.336 millones de dólares de deuda de los cuales la provincia de Buenos Aires emitió unos 5100 millones. “Hubo una política irresponsable de endeudamiento en moneda extranjera y bajo legislación extranjera. Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Neuquén son los distritos que más se endeudaron. En Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, cerca del 80 por ciento de la deuda es en moneda extranjera. Con las sucesivas devaluaciones, la carga de intereses es uno de los principales componentes del gasto público provincial. Los servicios de deuda vuelven a ser, como en los '90, las estrellas de los presupuestos de las provincias”, agrega Mangas. Otros distritos con mucho peso de la deuda en moneda extranjera son Chubut y Neuquén.
En 2018 y en lo que va de este año las emisiones de deuda externa cesaron con el cierre de los mercados internacionales. Ante la necesidad de refinanciar vencimientos de capital, las provincias también miran con mucha preocupación a la suba del riesgo país. “Si bien no hay tanta deuda de cortísimo plazo como tiene el Estado nacional, hay necesidad de refinanciar o incluso de reperfilar. Y hay fuerte suba del peso de los intereses de deuda sobre el gasto corriente”, advierte Barraud.
“En la ley de presupuesto bonaerense 2019 el pago de intereses implicaba 68 mil millones de pesos, más que todas las partidas destinadas a Salud (51 mil millones de pesos), y casi el triple que lo destinado a Desarrollo Social (23 mil millones)”, agrega Mangas. Durante su gestión, la gobernadora Vidal incrementó la deuda en un 40 por ciento valuada en dólares. La deuda total pasó del 5,9 por ciento del producto bruto geográfico en 2015 al 8,4 por ciento a junio de 2019. El peso de la deuda subió fuertemente con la devaluación posterior a las PASO, ya que el 80 por ciento de la deuda bonaerense está nominado en dólares y bajo ley extranjera. El mayor endeudamiento se verificó a pesar del período de bonanza fiscal dado por el impacto del Consenso Fiscal y de las mayores transferencias de la Nación.
Default selectivo
Los títulos en pesos emitidos por el Tesoro nacional y defolteados (modificación unilateral de los plazos de repago) eran instrumentos de usual utilización por parte de varias administraciones provinciales. “Se calcula que el conjunto de las provincias quedaron adentro de esos títulos por 1248 millones de dólares. La decisión de reperfilar genera nuevos inconvenientes financieros para las provincias, que a su vez tendrán que 'reperfilar' sus obligaciones con proveedores y otros acreedores. El derrame también llega a los municipios”, dice Mangas. Según datos de la UNGS, Buenos Aires invirtió unos 500 millones de dólares en los títulos defolteados, seguida de San Juan (234 millones), Mendoza (205 millones), la Ciudad de Buenos Aires (123 millones), Río Negro (83 millones), Salta (35 millones), Formosa (20 millones), Santa Fe (20 millones), Catamarca (15 millones) y La Rioja (13 millones). Además, en casos como el de Buenos Aires, "el juego de comprar bonos del Tesoro para obtener rendimiento y luego pagar sus propios bonos provinciales se rompió con el reperfilamiento", agregó Martín Di Bella.
Fuente: Pagina 12
