Sin sobresaltos. La primera jornada del juicio más importante del último tiempo, porque pone de relieve los vasos comunicantes entre la actividad de un grupo dedicado al narcotráfico y la política local, se vivió en Paraná sin emociones fuertes. No hubo medios porteños apretujando espacios, ni cortes de calle como se había anunciado. Tampoco se concentraron familiares de los involucrados a las causas en las inmediaciones de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, como sí ocurrió el año pasado cuando dictaron las prisiones preventivas de Griselda Bordeira y Pablo Hernández.
Este jueves, la cobertura mediática fue importante al mediodía, cuando estaba prevista la llegada de los imputados al edificio de calle 25 de Mayo y el consecuente comienzo de la audiencia. Pero todo ocurrió dentro de los carriles habituales.
Sergio Varisco entró al edificio poco después de las 12. Llegó acompañado por su hija “Luchy”, electa diputada provincial, y por su pareja, la concejal Claudia Acevedo, involucrada en una causa penal -junto al intendente- por robar electricidad.
Adentro de la sala, unas 70 personas escucharon parte de la primera requisitoria fiscal para elevar a juicio la causa “Narcoavioneta”, el primero de los dos expedientes que refiere al comercio de marihuana por parte de un grupo comandado desde la cárcel de Federal por Daniel “Tavi” Celis.
Según la hipótesis acusatoria, ese grupo dedicado al narcotráfico se sirvió de recursos “humanos, financieros y materiales” de la Municipalidad de Paraná para desarrollar su actividad. Precisamente, la investigación penal acumuló una serie de indicios que apunta a la utilización de camiones recolectores sin GPS para el traslado de droga. Gran parte del respaldo probatorio está en las escuchas telefónicas, conversaciones de Whatsapp entre integrantes de la banda de Celis o con empleados municipales, además de dos testimonios de identidad reservada.
Después se pasó a un cuarto intermedio. La audiencia retomó a la media hora, con la lectura del requerimiento de la segunda causa, la denominada “Narcomunicipio”. En ese legajo está imputado el intendente de Cambiemos, Sergio Varisco, la exfuncionaria municipal de Cambiemos, Griselda Bordeira, y el concejal, también de Cambiemos, Pablo Hernández.
Casualmente, los tres fueron sentados en hilera, de adelante para atrás, en el siguiente orden: Bordeira, Varisco y Hernández. Inmediatamente después se ubicó “Tavi” Celis. Es que cada uno de ellos encontró lugar lo más cerca posible de línea que formaron los abogados defensores. Esa cercanía le permitió a Varisco consultar con sus abogados cada vez que lo consideró. Incluso, el murmullo entre los imputados y los abogados generó algunos pedidos de silencio por parte de los jueces del TOF.
En el segundo expediente, la clave es probar un supuesto acuerdo entre Daniel Celis, Pablo Hernández y Griselda Bordeira como intermediarios de Varisco.
Según la investigación preparatoria, ese acuerdo se dio en septiembre de 2017 y consistía en un flujo mensual de dinero (unos 50.000 pesos) en contratos para integrantes o allegados a la banda de "Tavi" Celis. Como en el primer expediente, las escuchas telefónicas constituyen una parte importante de la prueba en la causa "Narcomunicipio". Además de eso, en esta segunda investigación declaró como arrepentida en dos oportunidades Luciana Lemos, ex pareja de Celis.
Fuente: Análisis
