La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó supuestas irregularidades en subastas de inmuebles pertenecientes al Estado Nacional durante la gestión de Mauricio Macri, lo que derivó en un perjuicio para las arcas públicas de unos 75 millones de dólares.
La SIGEN analizó el periodo que va del marzo de 2017 y abril de 2018, “debido a que ese fue el lapso en el que hubo más subastas de inmuebles estatales durante la gestión de Macri”, explicaron fuentes de la sindicatura. El informe que detalla la adjudicación de inmuebles por precios menores a su valor de tasación, ya fue enviado para su análisis a la Oficina Anticorrupción y a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Durante el periodo analizado se concretaron 54 subastas, pero el relevamiento se enfocó en una muestra que alcanzó a un total de 21 operaciones, seleccionadas de acuerdo a criterios como el monto total y la diferencia entre el valor de tasación y el valor de adjudicación.
Según informó la SIGEN, en 16 de esas 21 operaciones se comprobó una diferencia negativa entre el valor de tasación y el monto en el cual los inmuebles fueron finalmente adjudicados.
De acuerdo al análisis el total de la tasación de los 21 inmuebles ascendió a 396 millones de dólares mientras que el monto efectivo en el que fueron vendidos alcanzó los 322 millones de dólares, lo que determinaría una pérdida para el patrimonio nacional cercana a los 75 millones de dólares.
La SIGEN indicó que entre las firmas que compraron bajo el precio de subasta figuran, entre otras, Consultatio Argentina SAU y TGLT.
Si bien, como argumentación del remate de esos activos, desde la AABE se había señalado la aplicación del artículo 578 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite la subasta por dos tercios del valor del inmueble, los técnicos de la SIGEN consignaron que esa normativa está prevista para el cumplimiento de sentencias de remate en juicios ejecutivos, situación que no se ajusta a los procedimientos de las subastas en cuestión.
Con el informe en su poder, ahora es la Oficina Anticorrupción la que deberá definir el rumbo a seguir con estas actuaciones.
Fuente: Perfil
