En declaraciones a la prensa, el mandatario dijo que “el respaldo de mi gobierno a Alicia Feltes es claro y contundente".
Bordet argumentó su apoyo a la funcionaria vial al decir que “no hay una causa abierta en su contra, sino una investigación sobre contrataciones realizadas durante la Cumbre del Mercosur” – Feltes era Coordinadora General del Comité Operativo de la Cumbre - y que “no se trató de un allanamiento sobre Vialidad, sino una intervención particular por un tema de la Cumbre hacia la titular del organismo”.
Está claro que la investigación no está relacionada con la Dirección Provincial de Vialidad, los argumentos del gobernador para defender a una funcionaria, ahora de Vialidad pero antes coordinaba la organización de la Cumbre del Mercosur que está “sospechada e investigada” por el delito de “fraude contra la administración pública”, parecen por lo menos débiles.
Así Bordet reiteró a los periodistas que “la titular de Vialidad, Alicia Feltes, cuenta absolutamente con todo mi respaldo” y agregó que su gestión “siempre ha estado dispuesta a ofrecer todo tipo de documentación y a facilitar el accionar de la justicia cada vez que fuera requerido”
La causa
La causa se inició a raíz de informes periodísticos que revelaron datos llamativos respecto de las contrataciones de servicios que se hicieron para la cumbre de presidentes. El delito que se investiga, por ahora, es el de fraude contra la administración pública.
Para que pudiera desarrollarse en Paraná la XLVII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común del Sur y Cumbre de los Estados Parte del Mercosur y Estados Asociados fueron necesarias 20 obras de infraestructura que demandaron una inversión que inicialmente se anunció como de 40,7 millones de pesos, aunque luego el presupuesto se duplicó, de acuerdo con la rendición de cuentas que hizo el Gobierno a la Legislatura. La empresa Caballi SA, de Marizza, ejecutó la mayoría de esas obras, 12 en total, por contratación directa, y el Estado entrerriano acordó pagarle 11.722.585 pesos.
Eso se convalidó a través de una serie de resoluciones emitidas por la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur (UOCM), cuyo titular era Hugo Céspedes. Se trata de un ente creado por el Poder Ejecutivo mediante la Ley Número 10.327, que permitió eludir los llamados a licitaciones y concretar la compra de bienes y servicios en forma directa. El ente tuvo como coordinadora general a Alicia Feltes, por el sector público; y a Miguel Marizza, por el sector privado y en representación de la Cámara de Construcción de Entre Ríos.
En la rendición de cuentas ante la Legislatura, el gobierno de Sergio Urribarri reconoció pagos por 84.577.000,29 pesos con motivo de la Cumbre de Mercosur, según consta en las planillas que Céspedes envió en marzo de 2015 a la Cámara de Diputados. En el informe, la UOCM admitió haber emitido 251 órdenes de pago.
A su vez, para el evento, la Cancillería transfirió 18 millones de pesos para gastos, mientras que el Gobierno provincial reconoció haber hecho desembolsos por 26,3 millones de pesos. En la documentación constan las 29 contrataciones directas efectuadas por la UOCM para adquirir lo requerido por la Cancillería, que se distribuyeron entre 21 contratistas.
Los procedimientos fueron ordenados por el fiscal Juan Francisco Malvasio y estuvieron a cargo de agentes de la Policía de Entre Ríos, junto con peritos contadores y delegados judiciales de la provincia.
Fuente: Noticiauno