El concejal Claudio Bauer (Unión Vecinal de Lucas González) organizó una fiesta de cumpleaños para su pareja violando el DNU presidencial y el decreto provincial. Además de integrar el COES local, Bauer firmó una reciente resolución que fija restricciones en su ciudad.

Se trata de funcionarios públicos (intendentes), que en medio de una emergencia sanitaria y ante la mirada pasiva de la Justicia y las fuerzas de seguridad, incumplieron el DNU y el decreto provincial dictados para para reducir contagios, descomprimir hospitales y evitar mayor cantidad de muertes. Buscan un lugar en el Congreso Nacional mientras en Entre Ríos se producen miles de contagios y decenas de muertes por día. 

El presidente Alberto Fernández anunció la inversión de 77.200 millones de pesos para avanzar en obras de infraestructura para generar 30.000 lotes con servicios y de 11.800 créditos para la construcción de la primera casa en esos terrenos para familias de todo el país.

El diputado Esteban Vitor cargó en duros términos contra el funcionario nacional. “Cresto no puede decir nada porque Concordia tiene el terrible título de ser la segunda ciudad con mayor desocupación y la primera en pobreza infantil del país”, dijo el legislador cercano al exministro Rogelio Frigerio tras las críticas de Enrique Cresto a la gestión macrista.

El exgobernador Jorge Busti criticó el “ataque despiadado de la derecha” contra el gobierno nacional, habló del “desastre” que dejó Macri y no dudó en calificar como ofensivo que se haga campaña política en plena segunda ola y habiendo “80 mil muertos”.

Mientras se recupera de una neomonía bilateral por Covid19, el gobernador Gustavo Bordet se reunió hoy con la vicegobernadora Laura Stratta para analizar las acciones de gobierno que se llevan adelante en el marco de la situación de pandemia que pone en tensión al sistema sanitario y afecta especialmente a determinados sectores de la actividad económica.

El legislador entrerriano Gustavo Hein (JxC) promueve un proyecto de ley que prevé modificar el Código Penal. “La norma actual garantiza la impunidad y debemos modificarla de manera urgente”, argumentó.

Ante la indignación generada tras el corte intempestivo del servicio de emergencias pese a disponer de presupuesto, el intendente de Chajarí no quiere que su decisión empañe aún más su campaña electoral para las PASO. Pidió precio para dar cobertura a “jardines de infantes, hogar de menores y hogar de ancianos”. 

En la tarde de este jueves se produjo un accidente de tránsito en la ciudad que dejó como saldo un hombre herido. Debieron que trasladarlo en un auto particular tras la decisión del intendente Pedro Galimberti de dar de baja el servicio de ambulancias que hacía 17 años prestaba el municipio. Es la primera víctima de la desidia del jefe comunal de Juntos por el Cambio.

La decisión del intendente de Chajarí de no renovar el servicio de emergencias médicas que desde el año 2004 garantizaba el Municipio, dejó sin cobertura no solo a los vecinos accidentados en la vía pública. También quedaron desamparados empleados que prestan servicios municipales esenciales, dispensarios, jardines de infantes, el Parque Termal y hasta hogares de ancianos, chequeó Noticiauno. 

El intendente de Chajarí comunicó por redes sociales que el Municipio dejó de prestar el servicio de emergencias médicas. Dijo que no acordó el canon con la empresa, aunque el presupuesto municipal asigna más de 10 millones de pesos a ese servicio. Es la misma suma que prometió destinar a la compra de vacunas contra el Covid19 en medio de su campaña proselitista. Pretende que el hospital, saturado y al borde del colapso, se haga cargo del servicio municipal.

El diputado provincial de Juntos por el Cambio, Esteban Vitor, presentó un proyecto de ley para “bajar los sueldos políticos, disminuir gastos del gobierno y generar otros ahorros que le permitirán a la provincia comprar vacunas para los entrerrianos y asistir económicamente a los sectores productivos afectados por la pandemia”.

El Ministerio Público Fiscal pidió elevar a juicio oral la megacausa de los contratos supuestamente apócrifos en la Legislatura entrerriana, una investigación que abarcó una década y que busca establecer el desfalco producido al erario.

El acta fue firmada por el intendente Adán Bahl y las entidades que representan al sector en la ciudad. Tendrá vigencia hasta el 31 de julio. “Buscamos puntos de convergencia para cuidar la salud y sostener la actividad económica”, señaló el presidente municipal.

El gobierno provincial dispondrá de un aporte para contribuir al sostenimiento de las fuentes laborales del sector de la gastronomía y el turismo seriamente comprometido por la pandemia. Los trabajadores recibirán un aporte de 10.000 pesos mensuales durante tres meses.