Para el oficialismo, la eliminación de los subsidios sólo parece prioritaria en lo que se refiere a las tarifas que pagan los usuarios de gas y electricidad, mientras se amplían beneficios para empresas de energía.
Así lo demuestra en el proyecto de ley de Presupuesto 2017, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, de un agregado al artículo 15 con relación a la primera versión que había enviado el Ejecutivo, por la cual el Estado nacional condonará deudas de distribuidoras eléctricas con Cammesa por el precio mayorista de la energía por más de $19.000 millones tomando cifras de octubre.
Va a incrementarse al momento de estar vigente el Presupuesto 2017 por la acumulación de deuda que van sumando algunas empresas.
Por esa iniciativa, se compensará a distribuidoras provinciales por el congelamiento de tarifas a que se comprometieron en 2014 y 2015 con el anterior Gobierno nacional, con la cancelación de deuda por la compra de energía.
Dicho de otra forma, la administración actual afirma que reconoce a eléctricas provinciales, estatales y privadas la diferencia entre lo que cobraron y lo que hipotéticamente pudieron haber cobrado en esos dos años sin congelamiento y según los contratos de concesión, y aunque todas esas firmas transfirieron el precio de la energía a los usuarios en las facturas, y sin siquiera dar pruebas de que los montos a adjudicar realmente corresponden.
La principal beneficiaria es EPEC, la empresa pública de Córdoba, que acumula una deuda de más de $5.400 millones por la energía, y aun cuando ya subió tarifas este año y proyecta un aumento del 29% para el próximo. La medida además constituye una discriminación con respecto a las eléctricas que están al día con Cammesa, y sienta un precedente de que estas obligaciones pueden eludirse porque siempre se hace cargo el Estado nacional, aunque son los fondos con que se paga la electricidad a las generadoras.
La situación es todavía más controvertida porque el artículo 15 reconoce la cancelación de deuda con Cammesa a distribuidoras "nacionales, provinciales y municipales", lo que significa que también estarán beneficiadas Edenor y Edesur, que dependen de jurisdicción nacional. Este punto fue uno de los más cuestionados por la oposición en la sesión de Diputados.
Edenor y Edesur no tenían deuda hasta enero de este año y tuvieron un incremento en tarifas desde febrero. Durante el gobierno anterior, las dos firmas, que operan en Capital Federal y Gran Buenos Aires, compensaron lo que debían pagar a Cammesa con un subsidio directo desde marzo de 2015, que se sumó al uso de los fondos recaudados por castigos a los usuarios por el PUREE (Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica) que teóricamente debía recaudar el Estado.
Pero durante este año fueron sumando montos impagos con Cammesa: más de $1.200 millones en el caso de Edenor y unos $430 millones en Edesur a octubre.
Ambas compañías quieren que el Gobierno les condone la deuda tomada con Cammesa este año, y las multas impagas de 2003 en adelante que ahora se actualizaron según el valor del kilovatio fijado este año, aun cuando ya tuvieron un aumento y tendrán otro en 2017. (Las penalizaciones quedaron pendientes de pago entre 2003 y 2015 a cuenta de la revisión tarifaria integral que se hará ahora, pero las distribuidoras pidieron que no se las considere).
A octubre, otras grandes deudoras de Cammesa eran: Edelap con 1.800 millones, DPEC de Corrientes con 1.400 millones, EDEMSA de Mendoza con 1.340 millones, EPE de Santa Fe con 1.282 millones y Secheep de Chaco, con $1.000 millones.
Llamativamente, lo dispuesto en el artículo 15 de la ley de Presupuesto no tiene fecha límite, así que se entiende que las distribuidoras podrán seguir acumulando deuda en los meses que restan del año. La norma con media sanción indica que "la presente autorización regirá hasta un monto máximo equivalente a las deudas que las distribuidoras del servicio público de electricidad de las jurisdicciones pertinentes tuvieran con Cammesa".
Fuente: Ámbito
