Es por la exigencia del gobierno de Macri para justifiquen el gasto en vivienda. Obras habrían avanzado menos que el dinero aportado. Bordet devolverá 2,5 millones de pesos.
En la provincia, el nexo entre los aportes nacionales para viviendas sociales y su concreción es el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV). Administra – o mal administra a la luz de los hechos – los fondos que son girados desde el gobierno nacional.
Ante la iniciativa del gobierno de Mauricio Macri de transparentar un área tan sensible y tan investigada por hechos de corrupción – en la gestión K era Julio De Vido el responsable y José López el segundo, ambos comprometidos seriamente en la Justicia – ahora Entre Ríos da la – mala – nota.
Como no puede justificar que las obras hayan avanzado de manera acorde a los montos recibidos, deberá devolver 2,5 millones de pesos al gobierno nacional. De lo contrario dejará de recibir fondos para viviendas sociales por no poder demostrar en que se ha invertido el dinero.
Una vergüenza.
Los funcionarios nacionales dedicados a la obra pública pusieron en marcha un plan para transparentar el destino de miles de millones de pesos que la administración de Cristina Kirchner giró a provincias y municipios para la construcción de viviendas sociales.
En julio y agosto pasados, la Secretaría de Vivienda y Hábitat, que maneja Domingo Amaya, les envió a todos los gobernadores -incluidos los oficialistas- y a los intendentes que recibían de manera directa los fondos dos notas para verificar en qué se gastaron los recursos destinados a la construcción de viviendas que les envió el Estado nacional.
Encontraron - tras comparar planillas confeccionadas de manera irregular y visitar algunos proyectos - que muchas obras tenían un grado de avance inferior al declarado y al que correspondería según los pagos hechos por el Estado.
En julio se enviaron notas a los institutos provinciales de vivienda – IAPV en Entre Ríos - , el nexo entre los gobernadores y el gobierno nacional para captar los fondos del Estado. Allí, la secretaría les reclama que envíen para cada iniciativa el "certificado de avance físico y su correlato con el avance financiero de la misma". El mismo documento pide también que las provincias clasifiquen en qué etapa se encuentra la obra (finalizada, en ejecución, paralizada) o si se pide la baja de aquélla.
Lamentablemente, el IAPV no pudo justificar esos 2,5 millones de pesos – por ahora es el monto que se publicó – y la provincia tendrá que devolverlos.
La primera lectura que se hace es ¿Por qué no se hicieron las obras?
La segunda es ¿cuántos entrerrianos con necesidades alarmantes de vivienda se quedan sin el techo cuando la plata llegó?
Son explicaciones que deberá dar el gobernador Bordet, no solo a los funcionarios nacionales para que vuelvan fondos para viviendas sociales a Entre Ríos, sino también a las familias necesitadas que se quedaron sin su techo digno.
Vale decir que no necesariamente hay responsabilidad de la gestión actual. Pero seguro de la gestión anterior de Sergio Urribarri, padrino político de Bordet – fue quien lo puso como gobernador – , actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia y padre del actual Ministro de Gobierno. Sin contar que el Ministro de Economía, Hugo Ballay, era Jefe de Ministros en la gestión anterior.
Para decirlo claramente, hay un correlato entre la gestión anterior de Urribarri y la actual de Bordet.
Será por eso que estos casos no se han denunciado por parte de las nuevas autoridades.
Lo cierto es que el gobierno nacional mientras tanto analiza uno por uno los casos con la idea de depurar la cartera de obra pública y corroborar responsabilidades inherentes al cumplimiento de los acuerdos firmados con el Estado nacional.
Esta investigación oficial podría traer más causas judiciales contra funcionarios y exfuncionarios entrerrianos.
Más allá que se devuelva el dinero, para formalizar una cuestión administrativa, no se detendrá la investigación sobre probables hechos de corrupción, fundamentalmente en la gestión anterior.
Según fuentes de la Secretaría de Vivienda, “Entre Ríos tendrá que devolver 2,5 millones de pesos que le envió el gobierno nacional porque no puede justificar el avance de las obras en relación a los fondos que recibió”.
Desde el organismo nacional confiaron que “las provincias deberán probar fehacientemente el destino de los fondos que reciban”.
Para ello ya están vigentes –desde agosto – nuevos mecanismos de control con mayor rigor de exigencia para liberar fondos a las provincias.
Más control
Cada pedido de fondos deberá estar acompañado de 8 fotografías georreferenciadas que reflejen el grado de avance de la obra - 4 deberán ser tomadas desde cada vértice y 4 desde el centro en dirección a cada uno de los puntos cardinales para permitir observar y evaluar el grado de avance físico informado.
Auditorías con drones en las provincias para corroborar el estado y avance de las obras en relación a los fondos recibidos.
La documentación tendrá carácter de declaración jurada.
Los fondos para las casas y para la mejora del hábitat se transfieren ahora a una cuenta específica para ese rubro que se les obligó a abrir a todas las provincias. Así se puede corroborar el destino de los mismos, a diferencia del modo anterior que se depositaban en una cuenta única y era imposible rastrearlos ante una investigación judicial.
Habrá que seguir haciendo los deberes.
Fuente: Noticiauno
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