El perfecto chivo expiatorio
El proceso de juicio político que tiene a maltraer al juez Carlos Chiara Díaz ha dejado al desnudo dos hechos: la crisis institucional que padece la cúpula del Poder Judicial entrerriano y el pecado de parcialidad que carga un buen número de sus miembros.
Desde antaño el nombramiento de los miembros del Superior Tribunal de Justicia fue resorte del Poder Ejecutivo, cuyo Gobernador escogía (y lo sigue haciendo) el postulante y enviaba su pliego al Senado para que –por mayoría simple- lo convierta en Supremo Juez, con estabilidad constitucional, inamovilidad vitalicia e intangibilidad de su remuneración. El sistema no se modificó en la Convención Constituyente de 2008, que mantuvo el mecanismo de designación y las pretensiones de que estos magistrados se sometieran –como el resto de los funcionarios judiciales- a la evaluación técnica, académica y axiológica del Consejo de la Magistratura naufragó.
Se sostuvo entonces que el Superior Tribunal de Justicia es la cabeza política de uno de los tres departamentos del Estado que gobierna todo el Poder Judicial y, como tal, debía estar en poder de los mejores, de los mas probos y de quienes tienen la hidalga misión de garantizar la vigencia y primacía de la Constitución a través del control de constitucionalidad de sus leyes, decretos y normas generales y controlar la actuación de los otros dos poderes.
Sin embargo desde 1983 a la fecha, todo el mundo sabe que esta es una Verdad de Perogrullo porque lo que ha primado desde entonces es la inveterada vocación de los gobiernos de conformar un Poder Judicial a su imagen y semejanza, con jueces de origen partidario unos, otros que directamente saltan del fango de la política diaria al más cómodo ambiente de las alfombras y al mullido de los pretorianos sillones del Palacio de Justicia y los hay quienes gozan de la simpatía del príncipe, ya por su cercanía o amistad, ya por un favor personal, ya por el pago de compromisos que sólo algunos conocen.
El mecanismo de “pesos y contrapesos” diseñado por el sistema republicano entrerriano es perfecto en los tratados de Derecho Constitucional y desde toda la literatura jurídica, pero en la realidad más cruda las cosas suceden de un modo muy diferente.
En ese juego dinámico de equilibrios inestables el Gobernador puede proponer proyectos de ley del mismo modo que cualquier legislador, pero también puede vetar una ley sancionada por los diputados y senadores; a su turno los jueces pueden declarar inconstitucionales las leyes que sanciona la Legislatura y anular los decretos del Poder Ejecutivo, pero los diputados pueden promover juicios políticos contra los jueces del Superior Tribunal de Justicia o el mismísimo Gobernador y el Senado destituirlos.
Se trata de tres Poderes soberanos en sus competencia que no interfieren (no deberían) entre sí, aunque muchas veces eso solo es letra muerta.
¿Qué devela a un magistrado llegar a sentarse en el 2º piso del Palacio de Tribunales?
El poder, la máxima investidura judicial de la provincia, la jerarquía de ser un Juez Supremo, el acceso a una exquisita remuneración, la inamovilidad de su cargo, una jubilación más que digna y otros privilegios y preferencias que nadie le negaría a un juez de la más alta instancia: nombramientos en la estructura estatal, ya sea en el mismísimo Poder Judicial o en las otras ramas del Estado Provincial.
Si se realizara un censo que indague las relaciones personales, de parentesco u otros vínculos entre empleados o funcionarios públicos con los Jueces, más de un entrerriano se llevaría la sorpresa de su vida al verificar los entrecruzamientos, colocaciones y conchabos que el entramado político-judicial ha logrado tejer en estos 33 ininterrumpidos años de democracia.
La crisis institucional que se abatió sobre la cúpula del Poder Judicial entrerriano no tiene antecedentes, como no lo tiene el enjuiciamiento político de uno de los Vocales del Superior Tribunal de Justicia.
La denuncia mediática sobre la existencia de fondos reservados, el pago de sobresueldos, repartos de dinero –ninguna de ellas investigada por ningún Fiscal- robo de armas en las narices mismas del máximo tribunal, el abuso de dinero en viáticos, las dilaciones en el dictado de fallos que molestan al poder, el cajoneo de causas calientes, la conformación de facciones que pujan en el seno de la cúpula por nombramientos y su mayor o menor cercanía con el gobernador de turno, constituyen la prueba de una profunda grieta que existe en el Superior Tribunal de Justicia, a la que la sociedad asiste absorta y ajena y que sólo ha contribuido a desprestigiar peligrosamente a uno de los poderes que no tenía demasiadas manchas en comparación con sus pares.- Es evidente que ese concepto cambió.
Si se preguntara a cualquier vecino de a pié qué opinión tiene de sus jueces una enorme mayoría de los consultados arrugaría su nariz y diría “Son todos iguales”.
La demanda social de una justicia independiente, imparcial y rápida se acrecentó desde la difusión que cobraron las innumerables causas de corrupción de la gestión finalizada en diciembre de 2015, cuya marea llegó hasta Entre Ríos donde la prensa mas corajuda, ciudadanos comprometidos y fiscales sin salida se hicieron eco de la presión social por una justicia ciega, que investigue y castigue a ladrones, cómplices y favorecedores.
Necesitada de pasar a la ofensiva, la clase política escogió la presa para demostrar su preocupación en la oxigenación de una Justicia mal vista, deteriorada en su prestigio y acorralada por los medios.
El juez Chiara Diaz se había convertido en un magistrado impredecible, inmanejable y molesto a los ojos del poder.
Nada de ello lo protege de una denuncia que por su precisión quirúrgica sobre datos, fechas y montos de viáticos, pareciera venir de un lugar insospechado de información falsa que no es otro que las entrañas del propio Superior Tribunal de Justicia.
Pero el juez investigado, resuelto a no caer en soledad, se prendió del mantel y provocó un quiebre de piezas cuyo daño aún no se puede mensurar pero que –con certeza- arrastrará la investigación de las conductas y el desempeño de varios de sus pares.
Su voto en el emblemático “caso Smaldone” sólo fue la gota que necesitaba un vaso demasiado lleno de tensiones internas para rebalsar la paciencia del poder político también bajo la lupa de varias investigaciones en curso.
¿Porqué Chiara Díaz?
Porque integra la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales, que tiene la última palabra en los amparos por vía de apelación y resuelve los recursos de revisión de las condenas aplicadas en causas terminadas.- La política necesita exhibir una cabeza (al menos UNA) para demostrar su interés en la reclamada renovación del Poder Judicial.
Y provocar una vacante, claro.
Una apetecible vacante para muchos: para los que desde hace bastante ansían ese lugar y para el poder constituido que no quiere sorpresas en un gobierno que se mantiene en un tembladeral político y financiero.
Casualmente, la Cámara de Diputados alberga candidatos desde ambos lados del mostrador preocupados por ese lugar.- Hasta suena bizarro que diputados como Urribarri, Baez y Allende vayan a votar una acusación contra el juez, todos ellos investigados por delitos contra la Administración Pública.
Sin embargo, es un error garrafal pretender hacer creer que se oxigena un Poder Judicial cuestionado por la salida de uno de sus 9 miembros.
Hay mucha tela para cortar.
Adviértase que en su composición actual, 1 de los jueces viene de la última gestión de Sergio Montiel (Salduna), 7 de ellos fueron nombrados por Jorge Busti en sus mandatos (Carubia, Chiara Diaz, Carlomagno, Medina de Rizzo, Pañeda, Castrillón y Mizawak) y el juez restante (Smaldone) fue entronado en sus funciones por Sergio Urribarri.
La asimetría de sus orígenes ideológicos y partidarios es notoria, aunque con carrera judicial pueden mencionarse a Medina de Rizzo, Pañeda, Chiara Diaz y Smaldone.
No se entienda aquí que se discrimina a los jueces en función de su idoneidad técnica porque debe decirse que ninguno de los nueve carecen de talento o formación jurídica. De lo que se trata aquí es de independencia, imparcialidad, de justicia ciega.
Porque en definitiva, cabe la pregunta: ¿QUIÉN CONTROLA AL CONTROL?
La moderna y no reglamentada Constitución Provincial de 2008 consagró mecanismos participativos de democracia semidirecta, tales como la iniciativa legislativa, el plebiscito, la consulta popular y las audiencias públicas.
Por supuesto que ninguno de estos mecanismos tiene ley reglamentaria, pero existe una atribución del Poder Ejecutivo que resulta operativa y que se halla a tiro de decreto para su implementación: la consulta popular no vinculante a la que puede convocar el Gobernador sobre “todo asunto de interés general” del artículo 50.
¿Y qué tal si se convoca al pueblo de la provincia para que exprese su conformidad o disconformidad sobre el manejo y funcionamiento de la Justicia?
¿Qué efecto tendría sobre Fiscales, Jueces y Magistrados Judiciales un masivo acto de apoyo o de rechazo a su accionar?
¿No sería quizá un modo democrático de conocer con certeza la opinión, el sentir y el nivel de confianza que tienen los consultados sobre quienes imparten justicia en Entre Ríos?
No se trata –claro está- de sustituir mecanismo alguno de la Constitución por un método plebiscitario que todo lo legitima o deslegitima, propio de los populismos conocidos de nuestra América Latina.
La República tiene sus herramientas perfectamente diseñadas para hacer lo que se deba hacer.
Pero si el poder constituido no reacciona, si quienes tienen el deber de hacer algo nada hacen, si no existe vocación por mejorar la calidad institucional de nuestra provincia….entonces tal vez la sociedad, el pueblo, la gente convocada por su Gobernador tendría –como siempre- la última palabra.
No vaya a ser que –como decía un General- “cuando los pueblos pierden la paciencia hacen tronar el escarmiento”.- Vaya si conoceremos los argentinos de esto.
Fuente: Noticiauno
