Para salvar a funcionarios, archivaron la causa por el incendio de la Rivadavia

Los funcionarios del gobierno provincial denunciados por incumplir sus deberes y no evitar lo que pudo haber sido una tragedia que se cobrara la vida de cientos de niños que estaban en clase cuando se incendió el salón de actos de la Escuela Rivadavia, que tenía una instalación eléctrica de cien años de antigüedad, que carecía de disyuntores, que tenía cables expuestos a filtraciones y humedad, que no tenía matafuego ni agua para los bomberos el día del incendio, esos funcionarios que no actuaron ante los innumerables reclamos de padres y directivos que alertaron que algo así podía suceder, NO SERÁN INVESTIGADOS POR LA JUSTICIA.

Para los funcionarios públicos que pusieron en riesgo la vida de niños y docentes con sus omisiones, y en peligro los bienes del Estado, hay una Justicia dispuesta a salvarlos con la rapidez de un bombero.

Mirá acá la denuncia completa.

NOTICIAUNO pudo corroborar que la fiscal Evangelina Santana decidió archivar la causa iniciada tras el incendio que se produjo en septiembre del año pasado en el Salón de Actos de la Escuela Nº3 Bernardino Rivadavia de Paraná, en la que se denunciaba penalmente a funcionarios del gobierno provincial actual y el de Sergio Urribarri por la supuesta comisión de los delitos de Omisión Funcional e Incendio Culposo.

Según el texto de la notificación a la que accedió NOTICIAUNO, el 20 de Marzo (seis meses después del incendio) la Fiscal Evangelina Santana, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Paraná, resolvió que “resulta imposible seguir adelante con la investigación con la información que hemos logrado recopilar”. Por consiguiente dispuso “el archivo de la causa”.

Pero increíblemente, nadie que pudiera aportar datos para avanzar en la investigación fue citado por la Fiscalía que llevaba la causa en la que se denunciaba a funcionarios públicos en un hecho de tanta gravedad.

La magnitud del incendio, captada desde edificios vecinos a la Escuela Rivadavia:

Tras ser notificado del archivo de la investigación, Maximiliamo Vitale -uno de los denunciantes- dijo a NOTICIAUNO que “jamás fue citado por la Fiscalía a fin de aportar datos que ayudaran a esclarecer las causas del incendio que era responsabilidad de los funcionarios evitar”.

“Es increíble que ahora se archive la causa por no haber podido recopilar datos”, agregó.

La notificación de la Fiscal explica que “como han sido denunciados funcionarios públicos se ha dispuesto la revisión automática por el Fiscal Coordinador”, que será quien en definitiva decida el futuro de la investigación penal.

El Fiscal Coordinador tendrá en sus manos la decisión de permitir que toda una comunidad educativa conozca la verdad. O podrá también "salvar" a los funcionarios y exfuncionarios denunciados.

Cabe recordar que después de producirse el incendio, el secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) Paraná, Claudio Puntel, y el entonces presidente de la cooperadora, Maximiliano Vitale, que envía a dos de sus hijos a esa institución, radicaron la denuncia penal contra los funcionarios responsables de no haber tomado medidas a tiempo.

En la denuncia presentada con el patrocinio del abogado Rubén Paglioto contra el presidente del Consejo General de Educación (CGE), José Luis Panozzo; el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Luis Benedetto; la exsecretaria de Planeamiento y actual directora de Vialidad, Alicia Feltes; el subsecretario de Arquitectura y Construcciones, Julio Ardunio; y a la coordinadora de Infraestructura Escolar, Ana Abreu, se pedía a la Justicia que determinara las causas que habían generado el siniestro que podría haber costado la vida de los alumnos y docentes.

No había matafuegos ni agua para los bomberos el día del incendio.

Según la denuncia que la Fiscal Santana decidió archivar, el día del incendio -que se produjo en pleno horario de clases- NO HABÍA EN LA ESCUELA UN SOLO MATAFUEGO QUE FUNCIONARA. El único extintor estaba bajo llave en la Dirección y no tenía carga, lo que también había sido reiteradamente advertido por los padres y autoridades de la escuela. Con el agravante de que “cuando personal de Bomberos intentó conectar una manguera en la instalación de agua del primer piso de la escuela para sofocar el fuego, se encontraron sin agua”.

Incluso DESPUÉS DEL INCENCIO, cuando se retomaron las clases, TAMPOCO HABÍA MATAFUEGO en la institución, y los padres debieron radicar una denuncia policial tras retirar a sus hijos de la escuela. 

Mirá acá la nota en la que los padres denunciaban a NOTICIAUNO la situación:  

La Fiscal no pudo investigar si hubo un cortocircuito. La denuncia expresaba concretamente que la causa del incendio podía haber sido un cortocircuito o falla eléctrica similar (cuyo riesgo se venía alertando a las autoridades), y se basaba en que “la zona más incendiada del salón (de actos) es justamente donde estaba ubicada la caja eléctrica”. Además de eso, antes del incendio “la escuela venía sufriendo desperfectos eléctricos por falta de disyuntores y mantenimiento”.

Incluso los padres –que habían denunciado la carencia disyuntores- ante la falta de respuesta del gobierno debieron instalarlos ellos mismos con fondos de la Cooperadora escolar.

Padres y directivos advirtieron hasta con carteles que la escuela Rivadavia presentaba “riesgo eléctrico”:

La desidia estatal, con aval judicial. Desde el año 2011, padres y directivos de la Escuela Rivadavia venían reclamando a las autoridades provinciales “que tomaran medidas ante el calamitoso estado de la infraestructura de la escuela y el peligro que representaba la instalación eléctrica centenaria expuesta a filtraciones y humedades, que ponía a alumnos y docentes en grave riesgo ante la posibilidad de incendio”, como finalmente sucedió.

Mirá cómo los padres y directivos de la Escuela denunciaban públicamente el riesgo eléctrico un año antes de que se produjera el incendio.

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Ningún funcionario provincial hizo nada.

Y ahora la Justicia hizo su parte.

Fuente: Noticiauno