Los jueces federales lanzaron una asociación para "defenderse" del poder político. Advirtieron que se viene "un Lava Jato argentino". Quieren al menos tres lugares en el Consejo de la Magistratura, que actualmente están en manos de jueces que serán transferidos a la Ciudad de Buenos Aires.
Liderados por Ariel Lijo, jueces federales de todo el país crearon el viernes la "Ajufe" (Asociación de Jueces Federales) en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la UBA. Se trata de una impresionante masa de poder político y judicial, ya que reúne a unos 200 magistrados que intervienen en causas muy sensibles de delitos federales como las de corrupción y narcotráfico. De hecho, Claudio Bonadío no fue parte del encuentro porque en ese mismo momento estaba allanado al Ministerio de Finanzas, la Anses y la Comisión Nacional de Valores.
Lijo fue elegido Secretario General y ejerció como presidente provisional hasta que en la asamblea se designaron las autoridades formales. Pero más allá de los cargos, este juez que es un líder natural de Comodoro Py, fue el factótum de la movida, que contó con un guiño del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.
Otra presencia que sobrevoló el encuentro fue la del Papa Francisco que a muchos de los presentes los recibió en el Vaticano, grupalmente y de manera individual, con un mismo mensaje: "La prudencia (a la hora de investigar a los gobernantes) no debe ser impunidad".
En lo formal, la flamante asociación será presidida por el juez Jorge Morán, titular de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal. En tanto que se eligieron seis vicepresidentes, uno por cada una de las regiones que se delimitaron en la misma asamblea y 11 vocales titulares con sus respectivos suplentes.
La intención de contener y representar a los jueces federales del interior, fue otro de los grandes impulsores de la movida, porque "nadie les da bola", según dijo a LPO uno de los magistrados que impulsaron la creación de la nueva asociación.
Los jueces incluso acordaron el pago de una cuota de 500 pesos mensuales que serán administrados por la Ajufe.
El objetivo de la asociación es resistir las presiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Lijo fue contundente al inicio de la asamblea, cuando mencionó que la unión de jueces federales tenía como misión resistir las presiones de todos los gobiernos, en alusión al de Cristina Kirchner, pero también al de Mauricio Macri.
No es casual en ese sentido el aval de Lorenzetti, que viene resistiendo los embates de Elisa Carrió, que este mismo viernes volvió a reclamar su juicio político. También estaba el juez Daniel Rafecas, en este caso de buena sintonía con Lilita Carrió, quien reveló que el magistrado probó que la causa de enriquecimiento ilícito en su contra fue motorizada por un denunciante "trucho" que cobró apenas 1.500 pesos por hacer la denuncia.
Uno de los jueces presentes, que tiene a su cargo importantes causas de corrupción, dijo a LPO que la idea de esta asociación es "no estar solos" ante las presiones del Ejecutivo y "cooperar" entre todos los jueces.
El juez dijo que se vienen momentos de mayor "protagonismo" de la Justicia Federal. Coincidió en el comentario otro de los jueces federales presentes, que dijo a LPO que se viene un "Lava Jato" argentino.
Para eso los jueces planean una estrategia de pinzas para evitar las presiones del poder político. Una de ellas es que se sancione un paquete de leyes similares a las de Brasil, incluyendo la ley del arrepentido, que les den las herramientas para combatir en serio la corrupción.
La otra pata de la estrategia es reclamar además los tres lugares del estamento judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación. Actualmente, esos lugares están en manos de jueces nacionales cuyos juzgados eventualmente serán transferidos a la Ciudad. "Que vayan a reclamar sus lugares al Consejo de la Magistratura porteño", anticiparon a LPO.
También reniegan de la Asociación de Magistrados, ya que señalan que los únicos reclamos de esa institución están relacionados con el traspaso de la Justicia nacional a la Ciudad y no tiene un abordaje federal.
Fuente: LPO
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