La agrupación Rojo y Negro de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) comenzó una campaña de recolección de firmas para presentar, mediante el procedimiento de iniciativa popular, un proyecto de Ley en la Legislatura provincial que prohíba al Poder Ejecutivo y a los órganos autárquicos, autónomos o descentralizados de la administración pública provincial “delegar en particulares la liquidación de los sueldos de funcionarios y empleados públicos, sin distinción de la forma jurídica de la contratación”.
La propuesta, que según la secretaria de Jubilados de Agmer, Alejandra Gervasoni, “es un hecho político en un año electoral”, surge para poner un límite a los descuentos por error que sufrieron los salarios docentes desde noviembre del año pasado y que desde la agrupación sindical adjudican a la empresa encargada de liquidarlos: Lemodata SA.
NOTICIAUNO reveló que Lemondata SA, la empresa que liquidó con errores los salarios de los maestros, se llevó del Estado Provincial, vía contratos que tuvieron lugar en áreas del Ministerio de Economía, casi 8 millones de dólares durante las gobernaciones de Sergio Urribarri (ver acá). Lemodata SA proveyó software, servicios de consultoría y soporte técnico a diversas áreas del Estado provincial, a través de contrataciones directas o licitaciones en las cuales la firma se presentó como “único oferente” o resultó ser siempre - llamativamente - “la oferta más conveniente a los intereses del Estado”. Según la investigación periodística, varias personas que aparecen como empleados de la empresa privada -o de alguna de sus sociedades vinculadas- beneficiaria de las contrataciones, cobraron además honorarios y sueldos del Estado Provincial.
Aunque el ministro de Economía de la Provincia, Hugo Ballay, dijo que “desde octubre de 2016 la empresa no está contratada para ninguna labor” y que “el sistema que instaló y el software que desarrolló son propiedad del Estado”, una alta fuente del Consejo General de Educación aseguró a NOTICIAUNO que “la empresa Lemondata SA sigue vinculada a la liquidación salarial de los maestros”.
La iniciativa de la agrupación Rojo y Negro de Agmer busca prohibir ese tipo de contrataciones y será presentada a la legislatura provincial a través del mecanismo institucional previsto en el artículo 49 de la Constitución Provincial (iniciativa popular), para lo cual se requiere el dos por ciento, como mínimo, de firmas del padrón electoral provincial.
Gervasoni afirmó en declaraciones a AIM que el proyecto “tiene por finalidad quitar toda posibilidad jurídica a la privatización que se hiciera de la liquidación de los haberes de funcionarios, empleados y docentes de la administración pública provincial, al ser encomendada la misma a un particular -Lemondata S.A.- y cualquier otra que se pretenda hacer en el futuro”.
Se trata de un proyecto “eminentemente político, pues en rigor, entendemos que la privatización de la liquidación efectuada carece de validez jurídica, en virtud de la vigencia del artículo 45 de la Constitución Provincial, dispositivo normativo que establece que ‘ningún magistrado o empleado público podrá delegar, sin autorización legal, sus funciones en otra persona; ni un Poder delegar en otro sus facultades constitucionales, siendo nulo, por consiguiente, lo que cualquiera de ellos obrase a nombre de otro ya sea por autorización suya o con cargo de darle cuenta, excepto los casos previstos por esta Constitución’. Es decir, para hacer la privatización (tercerización o externalización en el lenguaje neutro de los funcionarios provinciales), en cualquier caso se precisa de la autorización legislativa; una Ley sancionada por la Legislatura y promulgada por el Ejecutivo”.
En lugar de plantear acciones judiciales, “se ha preferido utilizar este mecanismo institucional de democracia participativa, a fin de presionar a los representantes del pueblo en la dirección política de afirmación de funciones estatales muy básicas. Presión legítima y puramente democrática, efectuada dentro del marco institucional previsto, con la finalidad de fortalecer el sistema político y el Estado de Derecho”, expresó Gervasoni.
En los fundamentos de la iniciativa se explica que el proyecto “viene a reafirmar el rol del Estado en el manejo de los asuntos de la propia burocracia estatal, la que no puede quedar en manos de estructuras burocráticas particulares (empresas)”.
“No discutimos cualquier cosa, discutimos el salario, que es lo medular en el trabajador y estos hombres actuaron deliberadamente y su actitud cínica nos llevó a muchos trabajadores no cobrar durante meses sueldos”, finalizó.
Fuente: Noticiauno
