El 6 de junio, NOTICIAUNO publicó "Otra de Allende: miembros de UPCN agredieron a la Directora del hospital de Diamante", en esa nota se daba cuenta por primera vez lo que venía sucediendo en el Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante, y que desencadenaron luego la detención de los gremialistas, la imputación de los mismos junto al -entonces-Ministro de Salud Ariel De La Rosa, y la renuncia de este.
En declaraciones a la prensa, el fiscal de Victoria, Gamal Taleb, brindó precisiones de la causa en la que investiga -junto al fiscal adjunto de Diamante, Laureano Datto- a gremialistas de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) por amenazas y coacción agravada contra la directora del Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero.
En esta causa también quedó imputado por el mismo delito el -ahora- exministro de Salud, Ariel De la Rosa, quien en forma telefónica “coaccionó a la directora para que no hable con los medios de prensa y para que de forma inmediata reincorpore a una empleada, lo cual fue el origen de este problema”.
Taleb dijo además que lo más complejo de la investigación “fue la audiencia de flagrancia donde se planteó la prisión preventiva”. “Eran personas con poder, Fabián Monzón en su declaración de imputado dijo que estaba en Diamante en su rol de funcionario y en ese rol de funcionario con poder amenazó a los policías con trasladarlos si llevaban detenidos a sus compañeros”, reveló el fiscal. También adelantó que se aguardan las pericias sobre los teléfonos celulares ya que “podrían surgir nuevas líneas investigativas” y más imputaciones teniendo en cuenta el rol del Secretario General del sindicato, José Allende, quien también podría estar involucrado en los hechos.
En declaraciones realizadas al programa televisivo "Fuera de Juego", Taleb recordó que “el lunes 5 de junio la directora del hospital Colonia de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero, realizó la primera denuncia” y afirmó que “en los 15 días que lleva la investigación lo más complejo fue la audiencia de flagrancia donde se planteó la prisión preventiva” por considerar que “por el tipo de delito del que se trataba y la forma de comisión del mismo estaba justificado que queden con restricción de libertad importante”.
“Eran personas con poder, Fabián Monzón que es secretario adjunto y era funcionario. En su declaración de imputado dijo que estaba en Diamante en su rol de funcionario y en ese rol de funcionario con poder amenazó a los policías con trasladarlos si llevaban detenidos a sus compañeros”, reveló el fiscal.
Consideró que “el hecho de que haya renunciado el ministro y si bien no se hizo lugar al planteo de prisión preventiva por 15 días, la prisión domiciliaria fue un mensaje muy fuerte para toda la gente del hospital porque el juez consideró que había razones suficientes para dictar una medida restrictiva de la libertad de las personas, pero que le parecía más proporcional que fuera domiciliaria para neutralizar la posibilidad de entorpecimiento de la investigación”.
Aclaró que ese entorpecimiento podía producirse “por la posibilidad de influir o coaccionar a los testigos”.
Sobre el control de la prisión domiciliaria, confirmó que “el juez dispuso que tres personas fueron designadas responsables garantes de que las personas no salgan del domicilio; son familiares de ellos que están con ellos, y se libró oficio a la Jefatura Departamental de Paraná para que se constituya de manera sorpresiva en el domicilio y constate que el detenido se encuentra en el lugar”.
El fiscal explicitó que en caso de violación de la prisión domiciliaria “se revoca la medida y quedan con prisión preventiva” y resaltó que “es una medida importante y las propias defensas aceptaron la restricción de la libertad”.
Respecto del accionar sindical, Taleb aseguró que “las declaraciones testimoniales que se recabaron la semana pasada son muy contundentes en describir lo que era la práctica de estos representantes gremiales y como un director no tenía la capacidad de conducir el centro de salud del cual era responsable porque para tomar cualquier tipo de medidas primero debía consultar y aceptar la opinión que le imponían desde el gremio”. “Todos los empleados del hospital contaban que al llegar los representantes gremiales, intentaban alejarse para evitar el mal trago porque era un patoterismo permanente. Me llamó la atención lo despectivos que eran con sus propios pares, porque son todos trabajadores, como ninguneaban al resto de los trabajadores”, describió.
Al margen de esto, destacó que “hubo también una reacción muy importante, que la gente se cansó de la opresión y de estas prácticas y por eso todos se animaron a contar lo que habían visto; sus testimonios fueron muy importantes”.
Agregó que “en las audiencias hubo también medidas muy importantes porque se pidió que se convalide el secuestro de los teléfonos celulares –a lo que el juez hizo lugar- mientras las defensas habían planteado la invalidez de la medida, y se peticionó que sean examinados los teléfonos porque de ahí pueden surgir otras líneas investigativas porque había testigos que decían que los ahora detenidos estaban en comunicación con otros representantes gremiales”.
La imputación a De la Rosa
Taleb relató que “el lunes Trossero realizó la denuncia y el martes – el mismo día que NOTICIAUNO la publicó - se produce una comunicación telefónica donde –según el relato de la directora- el entonces ministro la coacciona diciéndole que él sabía cositas de ella que se las había dejado pasar y que las iba a sacar a la luz” y aclaró que Trossero “es una persona intachable”.
Mencionó que “Trossero puso en altavoz el teléfono y una secretaria escuchó la conversación y luego todo lo denunciado fue confirmado por las declaraciones” y resumió que Trossero “fue coaccionada por el ministro para que no hable con los medios de prensa y para que de forma inmediata reincorpore a una empleada, lo cual fue el origen de este problema”.
El inicio del problema
Al respecto, especificó que a dicha empleada “se le habían hecho dos sumarios administrativos: uno por no proporcionar la medicación adecuada a un paciente y había asentado que daba la medicación correcta cuando no lo estaba haciendo, y a raíz de esta situación –de acuerdo a la coordinación con médicos psiquiatras y psicólogos- se había determinado la necesidad de trasladarla a otra sección por lo cual la directora la había pasado del sector 2 al sector 3, pero seguía trabajando”.
“Allí es cuando se produce la irrupción del gremio por considerar que la empleada contaba con fuero sindical, mientras que la abogada del hospital sostenía que no tenía fuero sindical porque existe un decreto provincial que establece que la tutela sindical corresponde solamente cuando son empleados de planta permanente”, explicó.
“Posteriormente se llevó adelante el sumario administrativo y se le dio la baja a la empleada. Luego se interpuso un recurso de apelación jerárquico, eso motivó una primera irrupción del gremio donde empujaron a la directora Trossero y la encerraron en su despacho con la finalidad de que proceda a la reincorporación inmediata; al día siguiente se da la comunicación con el ministro, y el miércoles nuevamente se acercaron al lugar con nuevas amenazas y al momento de ser detenidos los representantes gremiales se tiran delante de los patrulleros amenazando a los policías con trasladarlos”, relató.
Ante la situación, refirió que “el derecho de protesta y de manifestarse son muy fuertes en una democracia, y en el juego de los derechos fundamentales se toleran diversas formas de protesta como son los cortes de tránsito y jamás se va a enjuiciar a una persona por una protesta de este tipo por más molestia que causen; pero acá era todo lo contrario con representantes gremiales patoteando y amenazando a una mujer y a un policía”.
“En esto no se trata de un derecho de protesta que se reprime sino que en esta situación concreta se producía una especie de pinza donde un funcionario con rango de ministro amenazaba por teléfono y los sindicalistas pretendiendo torcer la voluntad de la directora Trossero”, aclaró.
Sostuvo que “el plazo para terminar la investigación es de 30 días y aspiramos a cumplirlo, y hasta el momento los plazos se están cumpliendo bien” y destacó que “ha sido muy importante la repercusión que ha tenido la situación”.
Analizó que “el derecho penal a veces tiene un efecto simbólico muy importante para terminar con situaciones que se han naturalizado y en algún momento se genera un cambio de valoración social” y ejemplificó que “estas prácticas de patoterismo se vienen dando desde hace mucho tiempo pero ahora la gente no las permitió”. “Más allá de la acción de la Justicia hay un cambio de valoración en la gente y en la opinión pública”, reflexionó.
La situación de Allende
Respecto de la situación del titular del sindicato, José Ángel Allende, dijo que “es el jefe del gremio” y aclaró que “hay una hipótesis” de que Monzón no hace nada sin su aval “tiene que ser confirmada”. “Quizás desde el análisis político o periodístico se entiende que Monzón es una persona que fue mandada por alguien pero en la Justicia eso debe ser probado”, afirmó.
Sostuvo que la directora Trossero “en ningún momento mencionó haberse comunicado con Allende” y que su posible intervención en la situación “puede surgir del peritaje de los teléfonos”. Al respecto, puntualizó que “si en algún mensaje aparece alguien ordenando el apriete hacia la directora es claramente una instigación a cometer un delito y tiene la misma sanción que le corresponde a quien comete la coacción; pero esto requiere de confirmación probatoria”.
Fuente: Análisis/Noticiauno
