En el Senado de Entre Ríos se comenzó a analizar una modificación a la Ley Nº 3.815 de Contravenciones Policiales, una norma de 1952 que todavía tiene vigencia en la provincia, y que incorporaría un apartado destinado a aplicar sanciones a quienes agredan a docentes, que se agravarían en caso de que el hecho violento se produzca frente a alumnos.
Esa ley permite a la fuerza, entre otras cosas, demorar "con fines de identificación a toda persona de la cual sea imprescindible conocer sus antecedentes en circunstancias que lo justifique y la que deberá hacerse en término perentorio"; también la faculta a "emitir edictos para reprimir actos no previstos por las leyes en materia de policía de seguridad, los que no tendrán valor sin aprobación del Poder Ejecutivo".
Una iniciativa que presentó en la Cámara Alta el senador Ángel Giano, presidente del bloque del Frente para la Victoria (FPV), impulsa incorporar a las contravenciones policiales las denominadas "contravenciones escolares".
El proyecto que presentó Giano apunta a incorporar el artículo 60 a la ley de Contravenciones Policiales, y establecer que "será sancionado con arresto de 2 a 8 días y multa equivalente al 100 % del haber mensual de un Oficial Ayudante según el Escalafón Policial Ley 5654 o su equivalente, la persona que alegando o con parentesco y/o representación legal de un alumno realice cualquiera de las siguientes acciones:
a) Hostigue, maltrate, menosprecie o perturbe emocional e intelectualmente a un trabajador de la educación.
b) Insulte a un trabajador de la educación.
c) Ejerza actos de violencia física contra un trabajador de la educación.
d) Arroje contra un trabajador de la educación o contra un bien de utilidad educativa elementos de cualquier naturaleza.
e) Ingrese sin autorización a un establecimiento educativo y no se retire a requerimiento del personal docente o no docente.
f) Perturbe de cualquier manera el ejercicio de la función educativa".
La iniciativa, además, indica que serán consideradas "como agravantes de las acciones tipificadas cuando las mismas se cometan frente o en presencia a los alumnos. En ese caso, la sanción establecida será el doble de la dispuesta en el artículo anterior".
Ayer, en el recinto del Senado, hubo un plenario con representantes del Consejo General de Educación (CGE), la Justicia, los gremios docentes y además estuvo presente el ministro de Gobierno, Mauro Urribarri, en cuyo transcurso se analizaron las implicancias de la problemática de la violencia en las escuelas.
Fue convocado por la Comisión de Seguridad del Senado y para tratar los posibles cambios a introducir en la Ley Nº 3.815, con el agregado de un apartado para sancionar aquellas situaciones de violencia que se den dentro del ámbito escolar y afectan al personal docente y no docente de los establecimientos educativos entrerrianos.
En ese cónclave, el Ministerio de Gobierno presentó una serie de propuestas que fueron puestas a consideración.
El senador Giano explicó que "se trata de mejorar el código de contravenciones de la provincia, una ley antigua, pero creemos fundamental la defensa de los trabajadores de la educación". Al respecto, agregó: "Pensamos en generar agravantes, como es que una falta contra un trabajador de la educación, se haga frente a alumnos", explicó. "Vemos con estupefacción lo que nos muestran los medios cuando son agredidos, hostigados, insultados, los trabajadores de la educación", señaló el legislador.
"Este encuentro es un disparador, podemos llegar o no a sancionar una ley, pero la Legislatura no puede estar ajena a este tema y por lo tanto oír a los actores del sistema es de fundamental importancia", enfatizó.
A su turno, el senador Raymundo Kisser (Cambiemos) destacó que "se trata de resguardar fundamentalmente al educador y esencialmente al ámbito educativo, para que sea adecuado para que el niño se forme, se eduque, porque se ha ido generando al amparo de diversas invocaciones un desorden que afecta el proceso de enseñanza aprendizaje".
Y agregó que "se debe propugnar a lograr un ámbito virtuoso. No puede ser que el padre o tutor pretenda imponer al docente condiciones en relación a la educación de su hijo".
En tanto, el ministro de Gobierno, Mauro Urribarri señaló que en forma permanente se aborda este tema con los diferentes actores del sistema educativo, buscando dar la mejor respuesta desde el Estado. Y adelantó a los legisladores que ha elaborado un borrador con propuestas desde su cartera, que será entregado a los legisladores y a los representantes de la Justicia provincial para que den su opinión. Recordó que "se ha hablado en forma permanente con los trabajadores docentes, para darles seguridad en su función".
Urribarri avanzó con sus colaboradores buscando generar herramientas contemplando la defensa plena de los derechos humanos, adecuando la normativa entrerriana a la actualidad, tipificando conductas concretas que tal vez escapan de los alcances del código penal.
La senadora Nancy Miranda (FPV) dijo que "se debe tener como una cuestión relevante la reiteración de conductas contra los trabajadores de la educación, para que en forma progresiva vaya aumentando la sanción".
En tanto que su par Lucas Larrarte expuso que "se tiene que tener muy en cuenta dentro del sistema que se propone, asegurar el derecho pleno de defensa en todo el proceso que se puede llegar a iniciar por un problema dentro del ámbito escolar".
Códigos de convivencia
Uno de los temas tratado fue el de los códigos de convivencia que se acuerdan dentro de los establecimientos escolares.
El defensor general del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Maximiliano Benítez, coincidió en lo vetusto de la normativa vigente en Entre Ríos y coincidió en buscar la defensa de la integridad del docente. Dio detalles de los mecanismos que se aplican en Entre Ríos y propuso una "reforma integral, adecuando aquellas estructuras que se han quedado en el tiempo". Benítez se preguntó qué autoridad debería intervenir en temas como estos en cada una de las ciudades entrerrianas.
Por su parte el senador Francisco Morchio (Cambiemos), titular de la Comisión de Educación del Senado, dijo que "es verdad, hay valores que se han perdido y todos tenemos que recuperar el espacio donde los docentes se desempeñan. Como legisladores tenemos la obligación de ocuparnos del bienestar del docente, de todos los trabajadores de la educación", afirmó, mostrando como otros de los participantes su preocupación por los problemas de violencia que se en las escuelas.
Desde el Consejo de Educación, que estuvo representado por el vocal Gastón Etchepare, señalaron que "se piensa en lograr un abordaje integral, hay protocolos de violencia que se deberían aplicar y muchas veces, cuando analizamos los códigos de convivencia, se han ido sacando las sanciones punitivas, porque muchas veces no cambia la realidad con su aplicación".
Indicaron que "cuando llega la violencia a la escuela, es porque en esa situación se refleja lo que está pasando en la sociedad, lo que pasa el chico en su casa, lo que desatan los mayores, nos indica que tenemos que pensar en una actuación integral para defender y proteger también al niño".
Los representantes del CGE hicieron una autocrítica señalando que no se han receptado en forma directa denuncias de docentes y propusieron que se incorpore dentro del régimen de licencias docentes, la licencia para el docente que es agredido. Se mostraron muy preocupados porque hay protocolos establecidos y no se han receptado las denuncias.
También adelantaron que se trabajará en la realización de antecedentes en todo tipo de violencia, para contar con estadísticas que sirvan de sustento para acciones preventivas y posteriores a la situación.
A su turno, el secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Fabián Peccín, planteó que "no solo podemos pensar en lo punitivo, porque creemos que hay que generar una conciencia dentro de la sociedad para modificar conductas negativas de los chicos". Se mostró preocupado por aquellos procesos que estigmatizan y propuso que se trabaje para lograr mayor autoridad al docente, que se sienta acompañado por equipos profesionales y por las instituciones.
Hizo un crudo relato de situaciones que se han dado afectando docentes y recordó que se ha pedido desde hace tiempo un cambio en el régimen de licencias para contemplar en la "licencia por violencia" cuestiones de género o de agresión de padres a maestros, "para no tener que disfrazar algunas situaciones".
