El 6 de junio, NOTICIAUNO dio a conocer el apriete y las amenazas de dirigentes de UPCN a la Directora del Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero y la coacción del mismo Ministro de Salud –entonces-, Ariel De La Rosa.
Al día siguiente – 7 de junio -, NOTICIAUNO publicó también – casi en tiempo real- la detención de dirigentes del sindicato que conduce el diputado provincial por el PJ, José Allende, –imputado en una causa por amenazas contra periodista de Noticiauno - cuando pretendían imponer una orden del Ministro de Salud, sin que la Directora del nosocomio haya recibido ninguna confirmación oficial, ni documento alguno.
A partir de ambas publicaciones y la sucesión de episodios violentos, la Justicia – a través de la Fiscalía de Diamante – bajo la supervisión del Procurador Jorge García, comenzó las actuaciones que devinieron en la detención de los “gremialistas” y en la inmediata renuncia del exministro De La Rosa. Todos quedaron imputados por el delito de “coacción agravada”.
Ahora, en una audiencia que tendrá lugar este miércoles a las 11, el juez de Garantías de Diamante, Julián Vergara, definirá si eleva a juicio la causa que tiene como imputados a seis dirigentes de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y al exministro de Salud, Ariel De la Rosa. El delito del cual se los acusa es la coacción agravada, a raíz de las amenazas contra la directora del Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero. Para los fiscales, está acreditado por testigos y por el análisis de mensajes de teléfonos celulares que los gremialistas se organizaron para viajar a Diamante a presionar a Trossero y que el –entonces- ministro estaba al tanto de los movimientos.
El viernes 7 de julio – a un mes de los hechos-, los fiscales Laureano Dato y Germán Eduardo Palomeque –que reemplazó a Gamal Taleb-, expusieron al magistrado los cargos contra los dirigentes sindicales y el exministro De la Rosa. Los hechos que se les imputan están resumidos en un escrito de alrededor de 30 páginas. Allí, los acusadores públicos reconstruyeron, mediante testimonios e información recabada de los celulares de los dirigentes acusados, lo que sucedió el lunes 5, martes 6 y miércoles 7 de junio de este año en el hospital diamantino.
El lunes 5 de junio suceden los hechos de la primera denuncia de NOTICIAUNO. El martes 6 de junio, tras la denuncia de este medio, toma estado público. Y el miércoles 7 de junio, en acuerdo con el exministro De La Rosa, los gremialistas van al hospital diamantino para hacer cumplir el mandato por la fuerza.
Ahora, los fiscales aseguran que está acreditado que los dirigentes de UPCN se organizaron para apretar a la directora del nosocomio. Además, sostienen que el entonces ministro estaba al tanto de lo que sucedía e incluso que también amenazó a la profesional.
Según la Fiscalía, las amenazas y aprietes de aquellos tres días tuvieron como objetivo torcer una decisión que tomó Trossero: la no renovación del contrato de la enfermera y delegada gremial de UPCN Yanina Migueles, que cubría una suplencia extraordinaria. La directora dijo en su momento que tomó esa determinación por el mal desempeño de Migueles.
Los sindicalistas imputados por el supuesto delito de coacción agravada son seis: Zunilda Suárez, Fabián Monzón, secretario adjunto de UPCN y uno de los siete directores del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper); los vocales suplentes en el gremio José Zarza y Guillermo Barreira; Carina Domínguez, secretaria gremial; y Noemí Ester Santamaría, vocal titular del sindicato.
También está imputado el exministro de Salud, Ariel De la Rosa, a quien se le endilga haber presionado a la directora Trossero –vía comunicación telefónica- para que reincorpore a la delegada de UPCN.
En diálogo con Entre Ríos Ahora, el fiscal Dato repasó los hechos que les imputan a cada dirigente y al ex ministro. “El día lunes 5 de junio, a las 7 de la mañana, Zarza, Carina Domínguez, Santamaría, que fue la última imputada, y Zunilda Suárez se presentaron en forma organizada ante la directora Trossero y la coaccionaron en forma verbal y física. A los empujones querían que les diera explicaciones sobre por qué había dejado cesante a la enfermera Yanina Migueles”, señaló.
El fiscal comentó que, además de los testigos, fue clave la información recabada de los cuatro celulares que habían sido secuestrados a los dirigentes. Según Dato, allí se encontraron mensajes que prueban que los sindicalistas organizaron el desembarco en el hospital unos días antes, el viernes 2 de junio. En la acusación se deja en claro que al tanto también estuvo el ex ministro De la Rosa.
“Con la evidencia reunida se supo que estaba todo organizado desde el viernes 2 de junio por Zarza, Domínguez , Suárez y Santamaría que estuvieron presentes el lunes 5, tal cual lo refirieron los demás testigos que son la denunciante y empleados del hospital. Lo que fue útil fue la información que había en los teléfonos, porque acreditan que esto fue organizado previamente. Inclusive se encontró que hablaban que si se necesitaba más gente iban llevar un colectivo”, comentó Dato.
El representante del Ministerio Público Fiscal señaló que en los mensajes que intercambiaron los dirigentes se “daba a entender que esto podría llegar a otro desenlace si había personal policial presente”.
El fiscal remarcó que “la organización y la presencia de ese lunes fue con conocimiento de la cúpula de UPCN, y también del director del Iosper (Fabián Monzón) que fue imputado el miércoles 7 de junio”.
En funcionario judicial sostuvo que el grupo que protagonizó los hechos en el hospital Colonia de Salud Mental se “se manejaban entre ellos con confianza, está en los teléfonos que ese día no se juntaron por casualidad, sino que era un grupo que lo que hicieron fue apretarla a la directora Trossero por la vía de la fuerza”.
En cuanto a las agresiones que denunció Trossero, el fiscal detalló que el lunes 5 de junio Zarza empujó a la directora del nosocomio y que Santamaría “no la dejaba salir de su despacho”, en tanto que otros dirigentes “exigían hablar con ella de modo violento”.
El día martes aparece en escena el entonces ministro De la Rosa, quien firmó una resolución para que se reincorpore a la enfermera y delegada de UPCN. Los fiscales resaltan que el ahora ex funcionario estaba al tanto de todo lo que pasaba en el nosocomio ya que estaba en contacto con la secretaría gremial de UPCN, Carina Domínguez.
“El ministro De la Rosa tenía un diálogo fluido con la secretaria gremial y nosotros tenemos elementos para acreditar que estaba en la organización de lo que fue la decisión del martes para sacar esa resolución para que se reintegre a Migueles y se pone en contacto con Carina Domínguez y organiza lo que sucedió el miércoles. Eso fue después de que el exministro de la Rosa llamara por teléfono a la licenciada Trossero y en términos violentos le exigiera la reincorporación de Migueles y le dijera un montón de cosas. Ahí se le atribuye el delito de coacciones porque él como ministro le exigía a la directora, que es una funcionaria pública, que reintegre a una persona diciéndole que tenía ‘cosas de ella’. Apretándola”, detalló el fiscal Dato.
La cronología de los hechos llega al día miércoles 7 de junio, cuando sucedió la batahola que terminó con varios dirigentes de UPCN detenidos: el secretario adjunto de UPCN, Monzón; la secretaria gremial, Domínguez, Suárez, Zarza y Barreira.
“El miércoles 7 de junio cerca del horario de cierre del hospital, a la 13, se presentan e invocan que tenían una resolución del ministro de Salud para que se reintegre a la enfermera Yanina Migueles”, recordó el fiscal Dato.
“Se acercaron al despacho- continuó – y la licenciada Trossero se tuvo que encerrar con una hija chiquita, y ahí llama al fiscal de turno quien dio la orden para que vaya la policía”.
El acusador público refirió que a Barreira y Monzón también se les imputa el delito de desobediencia judicial y amenazas, ya que el día de la detención “le decían a los policía que los iban a hacer trasladar porque no sabían con quiénes se metían”.
Así las cosas, este miércoles se sabrá si el juez de Garantías de Diamante, Julián Vergara, eleva la causa a juicio.
La defensa de De la Rosa está a cargo de los abogados Leopoldo Lambruschini y Julio Federik; en tanto, que los seis dirigentes son asistidos legalmente por Marcos Rodríguez Allende, sobrino del jefe de UPCN y diputado provincial del FpV, José Allende.
En la audiencia del 7 de julio pasado, las partes acordaron los testigos que presentarán en caso de que la causa llegue a juicio oral y público. Los fiscales cuentan con una lista de 29 testigos para sostener la acusación contra los gremialistas y el ex ministro. Entre ellos se encuentra la directora Trossero.
En tanto, la defensa de los gremialistas convocará a seis personas, entre quienes se encuentran trabajadores nucleados en UPCN y Migueles, la enfermera cuya cesantía motivó las reacciones del gremio estatal y de De la Rosa.
Los abogados que representan al ex ministro citarán a Carlos Berbara, director de Salud Mental de la provincia; y a Víctor Berta, ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud.
