El Gobierno nacional apeló la medida cautelar dictada a nivel nacional a favor de los damnificados por el recorte de las pensiones por invalidez, que obligaba a restituir ese derecho. Pese a que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, había asegurado que daría de alta el beneficio a todos los que habían sufrido la suspensión o eliminación, más de cien mil titulares siguen sin recibir la prestación.
La apelación a la orden de la justicia de reponer los pagos da cuenta de la resistencia del Gobierno a restablecer las pensiones. La jueza Adriana Camaratta, titular del Tribunal Nº 8 del juzgado de la Seguridad Social, otorgó la apelación con efecto suspensivo, por lo cual la cautelar no se aplica hasta tanto el tema se resuelva en la Cámara de Apelaciones.
Hasta el momento, Desarrollo Social restableció la mayoría de las pensiones suspendidas este año, pero dejó sin reponer las quitadas en 2016. Según había reconocido la cartera que conduce Stanley en un comunicado oficial, el año pasado se eliminaron 90.000 pensiones no contributivas. De acuerdo con cifras de la Fundación Soberanía Sanitaria, con la aceleración del proceso de eliminación y suspensión desde comienzos de 2017, la cifra ascendía a más de 175 mil, de los cuales el 72 por ciento corresponde a casos por invalidez, quienes además deben afrontar gastos de salud y sanitarios de hasta 40.000 pesos mensuales.
Al darse de baja o suspenderse ese ingreso, también se interrumpen los planes de cobertura que brinda el Ministerio de Salud, tales como tratamientos de diálisis para las personas con insuficiencia renal crónica y farmacológicos inmunosupresores para pacientes trasplantados.
Distintas ONG realizaron presentaciones cautelares en diversos puntos del país, que fueron convalidadas en la Justicia, y a principios de mes hubo un primer fallo a nivel nacional. El Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 8, a cargo de la jueza Camaratta, había dado lugar a un pedido efectuado por la Red de Personas con Discapacidad (Asociación REDI) y ordenó al Ministerio de Desarrollo Social el restablecimiento de las pensiones de forma “inmediata”, en aquellos casos en que hubieran sido suspendidas “sin mediar resolución fundada previa”. Se trató del primer fallo con alcance nacional.
Si bien desde REDI preveían la jugada del Gobierno, no esperaban que la justicia otorgara la apelación con efecto suspensivo, que hace que los afectados queden sin tutela judicial efectiva hasta tanto el caso llegue a la Cámara de Apelaciones.
Fuente: Noticiauno
