El diputado Esteban Vitor -Cambiemos- presentó un proyecto de ley al que tuvo acceso NOTICIAUNO que “pretende erigirse como una herramienta de punición contra los hechos de violencia y las agresiones de las que son víctimas los trabajadores tanto de la educación como de la salud de nuestra provincia”, reza el texto ingresado a la legislatura provincial a principios de octubre.
La iniciativa propone la creación de una nueva figura contravencional, incorporando un artículo al Código de Contravenciones Policiales (Ley Provincial N° 3.815), largamente cuestionado por el poder que otorga a las fuerzas de seguridad que -según la norma- tienen la facultad de decidir tanto el procedimiento como la imposición de la pena, y sólo interviene la Justicia cuando el arrestado dispone de medios para una eventual apelación.
Cabe destacar que el Código al que Cambiemos pretende agregarle una nueva figura tiene 65 años (fue sancionado en 1952) y ha sido largamente cuestionado por su inconstitucionalidad. Con total discrecionalidad, la policía comprueba la falta, detiene al supuesto infractor y decide su arresto, que debe cumplirse aún mientras tramita la apelación en la Justicia. Las críticas a esa norma también apuntan a la "criminalización de la pobreza" ya que el arresto se puede suplantar por el pago de una multa, lo cual significa que quien tenga dinero para pagarla quedará en libertad. El que no, deberá cumplir el arresto.
De acuerdo a lo expresado por Vitor en su iniciativa "está inspirada en una ley vigente en la provincia de Buenos Aires y en la reciente modificación del Código Contravencional de la Capital Federal".
Con el respaldo de toda la bancada de Cambiemos, propone sancionar “con arresto” de hasta 8 días o multa de hasta $15.000 pesos (el arresto puede llegar a 16 días de arresto y la multa a 30 mil pesos en algunos casos) "a la persona que, invocando un vínculo con un alumno, dentro de un establecimiento educativo público, de gestión privada o privado al que éste concurra, o en un establecimiento público que brinde prestaciones de salud, o en las inmediaciones de una escuela u hospital, realice cualquiera de las siguientes acciones:
• Hostigue, maltratare, menosprecie o perturbe emocional e intelectualmente a un trabajador de la educación, sea docente o no, o a un trabajador de la salud, sea profesional o no.
• Ejerza actos de violencia física contra un trabajador de la educación, sea docente o no, y contra un trabajador de la salud, sea profesional o no.
• Arroje contra un trabajador de la educación, sea docente o no, o de la salud, sea profesional o no, o contra un bien de utilidad educativa o sanitaria, elementos de cualquier naturaleza.
• Ingrese sin autorización a un establecimiento educativo o a áreas de uso restringido del establecimiento de salud y no se retire a requerimiento del personal.
• Perturbe de cualquier manera el ejercicio de la función educativa o el servicio de prestación de salud".
El proyecto agrega que las sanciones podrán llegar a 16 días de arresto o 30 mil pesos de multa si las “las acciones descriptas se cometen frente a alumnos”.
Entre los argumentos a los que accedió NOTICIAUNO, Vitor expresó que “es exponencial el incremento de hechos de violencia contra los trabajadores del ámbito educativo y de la salud, que no solo ponen en riesgo su integridad y seguridad personal, sino también perturban la loable misión de educar y sanar”.
Por último, Vitor remarca que “ante hechos delictivos no es raro que éstos (personal de hospitales) se vean amenazados o violentados por amigos o familiares de personas que ingresan al nosocomio quienes ejercen todo tipo de violencia –física o verbal- directamente sobre el personal del establecimiento de salud o, incluso, indirectamente por medio de conflictos entre los propios integrantes de bandas antagónicas o entre los mismos familiares o amigos de la persona que está siendo asistida, todo lo cual repercute indefectiblemente sobre la normal tranquilidad que debe reinar en el ámbito de un establecimiento asistencial”.
Proyecto de Ley
Fuente: Noticiauno
