Enrique Martínez, presidente del CAER, adelantó su rechazo a la norma que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la provincia. “Quieren dejar las decisiones que competen a la Justicia Laboral en manos de comisiones de médicos”, alertó. “Adherir a la ley de ART es inconstitucional”, dijo.
A principios de este año, el Congreso de la Nación sancionó una ley que modificó el régimen de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART), creadas a través de la ley nacional 24.557. Antes de la aprobación por parte de la Legislatura, el presidente Mauricio Macri había introducido cambios sustanciales en la norma, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia. El objetivo fue “reducir la litigiosidad por accidentes laborales” y se habló de la “mafia” de los juicios. Pero esto no se aplicó automáticamente en todo el país, sino que cada provincia tiene la autonomía de adherir o no.
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En Entre Ríos, los diputados aprobaron la media sanción para adherir a la Ley de ART que pidió Macri. Ahora debe debatirse en el Senado. Desde el Colegio de Abogados de Entre Ríos (CAER) advirtió que el plegamiento provincial sería “inconstitucional”. El titular del CAER, Enrique Martínez, adelantó que se reunirán con senadores. “Quieren dejar las decisiones que competen a la Justicia Laboral en manos de comisiones de médicos”, alertó.
En declaraciones a la prensa local, el presidente del CAER se refirió a las modificaciones en la ley de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) y a la posible adhesión en Entre Ríos. El debate está abierto desde principios de año e incluso, el Instituto de Derecho Laboral del CAER lo viene diciendo.
“Nos opusimos a esta ley porque vuelve a tomar a las comisiones médicas en el centro de las decisiones que ahora están en el seno de la Justicia. Recordemos que la Corte Suprema ya declaró inconstitucional esto, en un fallo que ya tiene alrededor de diez años. Acá se vuelve a lo mismo pero con una salvedad: que las provincias deberían adherir a este sistema. Y nos oponemos porque hay una transferencia desde la provincia a la Nación de una facultad no delegada, que se encuentra en la Constitución de Entre Ríos. La legislatura no lo puede desligar una facultad constitucional de la provincia a la Nación”, explicó.
Por otro lado, Martínez sumó otro argumento: “El Poder Judicial está para resolver conflictos sociales, entre particulares; entre trabajadores, empresarios y ART. Y la propuesta del gobierno es transferir esa facultad del Poder Judicial a un organismo administrativo que está compuesto por médicos y no por jueces”.
Martínez recordó que “el decreto de necesidad y urgencia de Macri hablaba de necesidad de acelerar los trámites por reclamos laborales, y que la justicia no da la seguridad a los empresarios y lo mejor es que la resolución de estos conflictos quede en manos de los médicos”. “Estamos afectando la división de poderes, porque se está sacando al Poder Judicial de una función natural, para que resuelva un organismo administrativo. Por eso planteamos la inconstitucionalidad de la ley, porque es flagrante”, subrayó.
“Nos hemos manifestado en varias oportunidades, aunque no hemos tenido todavía un contacto formal con los bloques. Sucede que el tema no estaba en agenda parlamentaria, pero apareció con la sanción de Presupuesto. Se trató y votó sobre tablas con la ley de Pymes y gastos reservados, sin debate ni tratamiento con organizaciones de sociedad civil”, marcó.
Por eso, el presidente del CAER dijo que tratarán de “incidir sobre los bloques del Senado, porque la ley no se debe aprobar. Si se sanciona y es promulgada por el Ejecutivo, entonces veremos los caminos a seguir. Por ahora, están previstas las audiencias con los senadores”.
Martínez explicó que “la inconstitucionalidad es por la transferencia de poderes y por la violación de una garantía constitucional y acceso inmediato a la justicia”. “Se dijo que esto es para solucionar la alta demanda de juicios laborales, porque existe una gran conflictividad social en materia de trabajo. Es cierto que el 33 por ciento de los trabajadores argentinos está en la ilegalidad porque no se registran, y que hay una alta litigiosidad, pero eso es así porque ha yuna alta ilegalidad, porque hay trabajo en negro. Además de las condiciones que implican tener al día al trabajador. Todo eso genera litigiosidad”.
“Se pueden encontrar otras soluciones a este problema, porque no es una mafia o la industria del juicio es el gran problema del país. Eso va en contra del trabajador y de la creación de puestos de trabajo. Pero nadie habla de redistribución, ni de qué se hace con la economía y la producción”, advirtió para cerrar.
Fuente: Análisis
