La investigación penal iniciada de oficio por la Justicia provincial contra la exsenadora nacional kirchnerista Elsa Ruiz Díaz de Lagares por “defraudación agravada” está trabada por la llamativa demora de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos que, pese a los reiterados pedidos de la Fiscalía que instruye la causa, no ha enviado la información que acredita, de manera oficial, la comisión del fraude en perjuicio de Estado provincial.
Vale recordar que la denuncia de NOTICIAUNO reveló que la exsenadora nacional oriunda de Victoria cobró indebidamente (durante casi dos años) una jubilación provincial y paralelamente un sueldo en el Senado nacional, cargo al que habría renunciado tras la denuncia de este medio.
El cobro “doble” está prohibido y sancionado por la Ley Provincial de Jubilaciones N° 8732 y por la Ley Nacional N° 24600 que regula el empleo público en el Congreso de la Nación.
Ruiz Díaz OMITIÓ informarle a la Caja de Jubilaciones (y al Senado) que percibió durante mucho tiempo -y hasta la publicación periodística- dos ingresos “incompatibles”: jubilación provincial y sueldo como empleada del Senado nacional.
Su conducta, además de ser pasible de sanciones administrativas (suspensión de la jubilación, del sueldo del Senado, devolución del dinero y pérdida del cargo), configuraría un delito penal en perjuicio de la Caja de Jubilaciones.
Por ese motivo, la Justicia provincial actuó con celeridad y comenzó a investigar a la exlegisladora de oficio por el delito de “defraudación agravada contra la Administración Pública”, reprimido con una pena de dos a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
La denuncia de este medio reveló que Ruiz Díaz cobró INDEBIDAMENTE una suma MILLONARIA en perjuicio de la Caja de Jubilaciones de la Provincia. (50.000 pesos por mes desde mayo 2016 hasta la fecha, más intereses dice la ley). En el Senado, el cobro indebido asciende a una cifra aún mayor.
La investigación judicial –retrasada por la demora de la Caja en enviar la información a la Justicia- intenta dilucidar si Ruiz Díaz “omitió dolosamente informar a la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos su situación de empleada del Senado nacional, lo que le permitió cobrar injusta e indebidamente su jubilación desde el mes mayo de 2016”, a la par de su sueldo como empleada del Congreso nacional, lo que configuraría el delito por el que se la investiga.
A tal punto es delicada la situación de la exsenadora K que, de avanzar la investigación en el marco de la justicia provincial, podría desencadenar también una causa penal federal. Es que en su carácter de empleada pública del Senado nacional (equiparada en nuestra legislación a los funcionarios públicos) su conducta podría configurar además otro delito más grave: incumplimiento de los deberes de funcionario público, al omitir informar al Senado –tal como ordena la legislación- que a la par del sueldo era beneficiaria de una jubilación provincial. (ver nota acá)
Fuentes altamente confiables aseguraron a NOTICIAUNO que la Fiscalía a cargo del Dr. Eduardo Guaita de Victoria recibió toda la información requerida oportunamente a la Cámara de Senadores de la Nación, que acreditaría el cobro de un sueldo en el Senado, tal como fue denunciado por este medio.
Sin embargo, para obtener la información de la Caja “debieron enviarse dos oficios que no fueron respondidos”.
Por eso, la causa está “trabada”.
Es preocupante la reticencia del organismo previsional que preside Daniel Elías en enviar la información del caso que obra en su poder “pese a reiterados libramientos de oficios e incluso llamados telefónicos”.
La Caja “no ha enviado un solo papel solicitado por la justicia” y “eso retrasa el avance de la investigación hacia una eventual imputación”, confirmaron extraoficialmente a este sitio.
La demora de la Caja impide a la Justicia corroborar –de manera oficial- que la exsenadora oriunda de Victoria “no informó al organismo previsional su calidad de empleada del Senado, incumpliendo así la obligación impuesta por la Ley Provincial de Jubilaciones Nº 8732”, y que además “percibió indebidamente los dos ingresos en ese tiempo”.
La demora de la Caja impide también a la Justicia corroborar –de manera oficial- si la exsenadora fue o no “suspendida en el goce del beneficio”, y si, además, “reintegró con intereses lo que cobró indebidamente en concepto de haberes jubilatorios, en perjuicio de la Caja”.
Para abrir formalmente la causa penal contra Ruiz Díaz y dar un claro ejemplo a la sociedad que reclama de los poderes del Estado la máxima eficiencia y honestidad, “resta que la Caja a la cual se le reiteró vía oficio el requerimiento, envíe la documentación que se tramitó cuando la Justicia tomó conocimiento de la investigación periodística”, es decir, hace ya varios meses.
A pesar de la gravedad de los hechos denunciados, los jubilados y aportantes del sistema previsional entrerriano “prima facie defraudados por una exsenadora nacional” están imposibilitados de conocer de manera certera qué ha ocurrido con esos fondos, por acción u omisión del titular del organismo.
Empleados de la Caja de Jubilaciones confiaron a NOTICIAUNO que “en los días posteriores a la denuncia periodística se vio a la exsenadora desfilando por los pasillos de la Caja, intentando ser atendida por el presidente del organismo”.
Ese hecho, sumado a la llamativa demora en el envío de la documentación requerida por la Justicia, abonan especulaciones de toda índole que, ante el inminente debate sobre el déficit de la Caja de Jubilaciones, es imperioso aclarar.
La información que tiene la Caja y no envía a la Justicia
NOTICIAUNO pudo corroborar que tras la denuncia periodística la Caja de Jubilaciones recibió información de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que corrobora los períodos en los cuales Elsa Ruiz Díaz percibió un sueldo en el Senado, lo que acredita que percibió indebidamente la jubilación provincial. De esa documentación surge que la exsenadora investigada cobró un sueldo en el Senado “hasta el mes de noviembre de 2017” y que a esa fecha la Caja de Jubilaciones “no tiene elementos que acrediten la baja”.
Dicho de otro modo, la documentación en poder de la Caja corrobora que cobró doble e indebidamente. Sin embargo esa información no ha sido remitida a la Justicia.
NOTICIAUNO pudo chequear además que la Caja de Jubilaciones “tiene acreditada la doble percepción de jubilación y sueldo” por parte de Ruiz Díaz.
Por si esto fuera poco, la exsenadora, que omitió informar a la Caja el cargo que tenía en el Senado y cobró doble, después de la publicación de este medio se presentó ante el organismo previsional y entregó “una declaración personal ante Escribano Público” (afirmando que ya no trabajaba en el Senado), para seguir percibiendo su jubilación.
Esa declaración (que contradice los registros de ANSES) para la Caja resultó “insuficiente” para continuar pagándole la jubilación. Por esa razón, el titular Daniel Elías resolvió “suspender el pago de la jubilación” provincial y ordenar a las áreas competentes que “determinen el monto del perjuicio” generado al Estado provincial que, “en principio va desde el 30 de abril de 2016 hasta el mes de noviembre de 2017”, configurando así UN PERJUICIO MILLONARIO, como denunció NOTICIAUNO, pero que aún no está en poder de la Justicia.
Así surge de la Resolución Nº 5029 del 6 de diciembre de 2017, firmada por el presidente de la Caja de Jubilaciones, Daniel Elías:
Acreditados los hechos revelados periodísticamente, sólo cabe una pregunta:
¿Por qué la Caja retrasa el envío de esta información a la Justicia?
Fuente: Noticiauno
