A pesar de las denuncias y la resistencia de los trabajadores, que pasaron Navidad presos luego de ser reprimidos en la provincia que gobierna el gobernador Gerardo Morales, en pocas horas el ingenio La Esperanza pasará a manos de una empresa cuyo director es Facundo Fernández de Oliveira, un funcionario de Cambiemos que puso su firma a varios de los despidos en Radio Nacional, donde se desempeña como gerente de Recursos Humanos.
La venta del ingenio azucarero venía siendo resistida por los zafreros y también por impugnaciones de la oposición y del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar (SOEA), pero el juez de la quiebra Juan Pablo Calderón lanzó igual una licitación denunciada por irregular. El único oferente resultó ser la empresa Alesa (Agroindustria La Esperanza SA), constituida por los dueños del Grupo Omega, los mismos que habían fracasado hace dos meses en su intento de hacerse de la compañía, cuyo principal acreedor es el Estado.
“Las maniobras de Cambiemos para regalar el ingenio La Esperanza y echar a sus trabajadores es un escándalo nacional”, denunció el diputado del FIT Nicolás del Caño luego de visitar a los zafreros en San Pedro. “A veces estas noticias no llegan a Buenos Aires, pero lo que están haciendo los gobiernos de Macri y Gerardo Morales se tiene que conocer en todos lados. Es de una impunidad con pocos antecedentes”, dijo. Y agregó que el grupo empresario Omega, que tiene dueños colombianos pero casi todos sus negocios en paraísos fiscales, “se va a quedar con uno de los ingenios más grandes del país por una tercera parte del valor que se pedía hace dos meses, aunque lo más escandaloso es la maniobra para lograr eso: en enero la empresa creó una sociedad en Argentina y nombró como uno de sus directores a un funcionario de Cambiemos, Facundo Fernández de Oliveira”.
En el estilo macrista, amigos y funcionarios trabajan en ambos lados del mostrador. Fernández de Oliveira se desempeña como gerente de Recursos Humanos de Radio Nacional desde julio de 2016. Varios de los despidos a trabajadores dispuestos el último tiempo por la emisora estatal que dirige Ana Gerschenson fueron firmados por este abogado, que antes de aspirar a dirigir el ingenio fue vicepresidente de Latinoamérica para Western Union, y tuvo pasos por la empresas Clorox, Carrefour y Louis Dreyfus Commodities, además de desempeñarse desde el año 1997 hasta el 2000 como abogado en la firma Marval, O’Farrel & Mairal, un conocido estudio jurídico de empresas. También figura como gerente titular en la firma Ulterra Drilling Technologies S.R.L, propiedad de Pedro Eugenio Aramburu (hijo del general y dictador) y Cristian Alberto Krüger.
Desde que fue a la quiebra, en 1999, el ingenio es gestionado por el Estado provincial. Antes de los 338 despidos trabajaban más de mil personas pero Morales aduce que no es rentable, por eso firmó un acuerdo para venderlo al grupo colombiano Omega Energy, que se frustró en enero. Pero la saña con que los trabajadores fueron desalojados en diciembre de la ruta 34 cuando protestaban contra la pérdida de sus fuentes de trabajo, y el encarcelamiento de 40 zafreros (entre ellos cuatro mujeres), sólo se explica por el negociado de la gestión radical.
PáginaI12 publicó en diciembre pasado un informe elaborado por Gastón Remy, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), del que surgían dos datos llamativos: el principal acreedor de la quiebra es el Estado provincial, y la empresa que compraría el ingenio no lidera el sector del azúcar sino que se referencia en la explotación de petróleo.
En las últimas dos décadas, los zafreros y sus familias vienen resistiendo para mantener sus puestos de trabajo, pero los despidos ordenados por Morales abrieron una nueva etapa. Luego de la represión, las mujeres de los zafreros se pusieron al frente de una movilización que convocó a la comunidad de San Pedro a manifestarse por la libertad de los obreros. Dos días antes hubo otra multitudinaria marcha, tras la cual el gobernador calificó como “delincuentes” a los trabajadores detenidos.
La salvación es el paraíso (fiscal)
A principios de diciembre Gerardo Morales había anunciado como un triunfo el acuerdo de venta del ingenio al grupo Omega Energy por la suma de 85 millones de dólares, con la condición de adquirirla con solo 600 trabajadores. Los avisos en los principales medios quedaron opacados cuando en enero la venta finalmente se frustró, entre otras razones porque el grupo colombiano no poseía una sociedad legalmente constituida en el país. A pesar de la caída de la venta, el gobierno no reincorporó a los 338 despedidos, y a través del juez Calderón se convocó a un “concurso de precio sui generis”, en el exiguo plazo de 5 días, en febrero. Así, el presidente de Omega Energy, Omar Leal Quiroz, decidió conformar la sociedad “Agroindustria La Esperanza S.A” (Alesa) con sede en CABA el 29 de enero de 2018, en la que figura como uno de los dos socios de esta empresa. Las empresas de Quiroz tienen múltiples domicilios, en Miami, Bogotá, Panamá e Islas Vírgenes, entre otros. En el acta constitutiva de la nueva compañía Alesa, Leal declara un domicilio real en 1111 Brickel Avenue, Suite 1515, Miami, Florida. Este es el mismo que informa la primera accionista de Alesa, Sofía Alejandra Santo Domingo Laforiee, colombiana y socia en varias empresas del Grupo Omega.
Leal Quiroz y Sofía Laforiee son parte de un grupo que posee una compleja estructura financiera con sociedades offshore que los ubican dentro de los Panamá Papers. El experto Remy se pregunta si será por esa razón que eligieron como sede de su sociedad en Argentina en Suipacha 1111 Piso 18 donde funciona el estudio de abogados, “Pérez Alati, Grondona (h), Benites, Arntsen & Martínez de Hoz(h)”, un estudio mencionado en el libro “Argenpapers” de los periodistas Santiago O´Donnell y Tomás Lukin. Facundo Fernández de Oliveira, a la sazón funcionario de Radio Nacional, es parte del directorio de una empresa que antes de haber empezado a operar ostenta turbias credenciales. ¿En lugar de seguir produciendo azúcar buscarán petróleo, como indican sus antecedentes?
Vaciamiento, súper explotación y corrupción
“Los funcionarios ya dejaron en claro que el sector de trabajadores que continúe no va a conservar su convenio laboral, sino que el mismo va a ser modificado a la baja”, destacó Remy. El docente afirmó que “lo que el gobierno presenta como la ‘mejor opción’ es la entrega a Alesa, que aportaría poco más de la mitad del valor de la deuda de la quiebra. Es una cuestión más escandalosa aún teniendo en cuenta que el Estado (provincial y nacional) es el principal acreedor”. En base a los informes oficiales, el especialista concluyó que “si consideramos que el valor actual del activo del ingenio es de 1.065.601.518,30, a Omega Energy, con los favores del gobierno y de la Ley de Quiebras mediante, se le permite hacerse del ingenio y sus 70.000 hectáreas por menos del 40 por ciento de su valor actual. Un negocio fabuloso que haría un privado gracias a la ayuda del Estado”.
Otra falacia que invoca el gobierno de Morales es que el ingenio da pérdidas, lo cual se contradice con los balances más recientes. Y la administración actual tampoco explica la caída de la zafra en 2016: no brindaron información, tampoco la exigió la Justicia, pero los números contrastan con el resto de los ingenios de la provincia. “Si analizamos la relación entre producción de azúcar y empleo podemos observar una dinámica general, al menos desde 2013: la merma en personal se compensa con un aumento de la productividad medida en cantidad de azúcar obtenida por obrero. Al haber menos manos disponibles, los trabajadores tienen que trabajar más intensamente para producir lo mismo, o incluso más que antes, lo cual redunda en mayores beneficios para la empresa, aunque esto no conste en los balances”, dijo en su informe Remy. En definitiva, “las sumas millonarias del Estado crecen, el empleo baja y la productividad va en alza, y las autoridades no explican adónde van a parar estos fondos y tampoco hay inversión en infraestructura con las consecuencias terribles sobre la vida de los trabajadores, como sucedió el año pasado con el fallecimiento de Jorge Lizárraga por falta de seguridad”.
Fuente: Pagina12
