El director del Hospital San Martín de Paraná, Fernando Giménez, está bajo la lupa de una investigación administrativa -que podría terminar en la Justicia- y que lleva adelante la ministra de Salud, Sonia Velázquez, por haber realizado una contratación absolutamente irregular en el nosocomio que está a su cargo, en franca violación a las normas administrativas, legales y fiscales vigentes.
El hecho presenta ribetes escandalosos, no solo porque involucra a un funcionario público de la salud -y eventualmente al Administrador del Hospital- sino porque la persona contratada mantenía con Giménez una relación sentimental, de público conocimiento en el ámbito del hospital. Hecho que, pese a pertenecer al ámbito privado del funcionario público y por ende de la contratada, resulta relevante porque tuvo directa relación para desencadenar la contratación irregular, y por sobre todo, porque se trata de una cuestión privada que podría acarrear consecuencias al Estado provincial, más allá de las ya generadas por un contrato que, como se verá, no tenía justificación alguna relacionada a las necesidades del Hospital San Martín.
Para pagar ese contrato, Giménez, uno de los funcionarios residuales de la gestión De La Rosa-Allende, que actualmente responde al sindicalista (ver abajo Congreso de Delegados) utilizó el dinero proveniente del fondo de “Arancelamiento Hospitalario”, conformado por el pago de prestaciones que giran las obras sociales de las personas que se atienden en los hospitales públicos pero cuentan con cobertura social.
Ese dinero, según la normativa que rige en la provincia, debe “volver al Estado mediante el sistema de arancelamiento” y debe utilizarse para que los hospitales públicos recuperen los montos erogados para la atención de esos pacientes “en beneficio directo de las unidades asistenciales y de los trabajadores de los mismos”.
El fondo de arancelamiento debe asignarse además a “la ejecución de obras o mejoras edilicias de los hospitales”, o a “contrataciones de servicios o adquisición de bienes de consumo de capital” estrictamente necesarias para el hospital de que se trate.
De esos recursos, desvirtuando por completo su finalidad, se sirvió Giménez para realizar una contratación, que además de estar plagada de groseras irregularidades, fue “destinada solo a cubrir fines estrictamente personales”.
NOTICIAUNO pudo corroborar que Giménez contrató por una suma de 45 mil pesos a Estela Mabel Gómez DNI 17.836.496, domiciliada en Capital Federal, para “realizar tareas en el área Compras y Tesorería”, donde existe suficiente personal de planta del nosocomio asignado a esa tarea (la designación en ese área se sospecha que tenía otros objetivos).
Agrega el contrato que los servicios de la contratada iban a “generar un aumento de los proveedores del hospital a fin de lograr una disminución de los costos de los materiales e insumos requeridos por el nosocomio”, objetivo para el cual precisamente están establecidos y regulados expresos mecanismos de licitación y compras que deben asegurar –además de transparencia- las condiciones y precios más favorables para el Estado. Y que, por cierto, exceden largamente las facultades de un director de hospital. Mucho más aún, exceden largamente las gestiones que pudieran encargarse -irregularmente- a cualquier contratado.
El contrato también justifica la erogación de dineros púbicos para que la contratada “gestione trámites administrativos en la ciudad de Buenos Aires”.
Y agrega: “por ejemplo para realizar trámites en la Superintendencia de Servicios de Salud”, siendo que en la ciudad de Paraná existe una delegación de esa dependencia nacional que evita precisamente que los funcionarios deban viajar permanentemente a Buenos Aires. Mucho más, que designen a terceros para dichas tareas.
El contrato fue firmado el 1º de febrero de este año y tenía un plazo de duración en principio de tres meses, que podía prorrogarse –según establece el documento- “por acuerdo de partes”.
Por las supuestas tareas que debía realizar la persona contratada, Giménez acordó el pago de una suma mensual de 15.000 pesos.
Transcurridos dos meses de contrato, la contratada reclamó al director Giménez -mediante un telegrama laboral- el pago adeudado, lo que, al no obtener respuestas, derivó en una presentación ante el Ministerio de Salud, donde se inició un expediente administrativo por las irregularidades detectadas.
A tal punto llega la irregularidad del director -y la discrecionalidad con la que se manejó- que llamativamente, luego del reclamo vía telegrama y cuando sabía que habría una presentación ante el Ministerio, Giménez pagó el mes de abril “por adelantado”. Algo que tampoco puede suceder en el Estado provincial y que, de hecho, nunca sucede.
Que el director pague “de antemano” es indicativo de la necesidad de evitar que la irregularidad cometida trascendiera, pues se trata de un escándalo “privado” con consecuencias en su función pública.
Tapó una irregularidad con otra irregularidad y lo hizo por motivos ajenos a la función pública para la que fue designado. Mucho menos en beneficio del hospital.
Una conducta que no puede ni debe tolerarse por parte de un funcionario público.
Tal como surge de la documentación a la que accedió NOTICIAUNO, Giménez, también por decisión propia e ignorando todos los procedimientos administrativos, violó las disposiciones establecidas por organismos fiscales provinciales y nacionales, que debe cumplir no solo cualquier contribuyente, sino el mismo Estado.
En efecto, él, como responsable de la dirección del nosocomio, y todo el personal que debe intervenir en el trámite administrativo que finaliza en un pago, en particular el Administrador, Eduardo Grand, eximieron a la contratada de la obligación de emitir la factura correspondiente, lo que podría configurar un hecho ilícito.
Así surge del propio “recibo” firmado por la contratada y que fue “aceptado” por el personal del hospital de las áreas competentes (contaduría y tesorería) “por orden de Giménez”, al momento de entregar los cheques de pagos vinculados al contrato.
El recibo expresa que “ante la imposibilidad de extender otro tipo de comprobantes de recibos”, se extiende el presente, realizado en una hoja A4 que lejos está de conformar un recibo autorizado por la AFIP.
Dicho de otro modo, Giménez y los responsables de administrar el hospital, favorecieron la evasión impositiva en perjuicio del Estado Provincial y Nacional.
Sin embargo, Estela Gómez está en condiciones de extender facturas. Así surge de los registros de AFIP consultados por NOTICIAUNO. Es una monotributista, perfectamente habilitada para facturar.
De más está decir que ese contrato no fue informado a ningún organismo del Estado.
Cabe preguntarse cuáles fueron los motivos que llevaron a efectuar un pago a una persona contratada sin que se entregara la factura correspondiente. Cuál fue la imposibilidad que impidió extender una factura, y cuál fue el motivo por el cual todos los involucrados, empleados del hospital que tuvieron a la vista tamaña irregularidad, permitieron que suceda.
Lo mismo cabría preguntarse sobre el pago anticipado.
Las consecuencias de la extensa lista de desprolijidades e irregularidades cometidas por Giménez, en perjuicio del hospital y eventualmente del Estado (la contratación aparece claramente como “innecesaria” y articulada para satisfacer intereses que nada tienen que ver con el Hospital), no terminan aquí.
De la denuncia presentada este lunes por la contratada contra Fernando Giménez, a la que accedió NOTICIAUNO, en la cual la mujer reclama “el pago de haberes de febrero y marzo”, surge que “desde el 15 de marzo” (al mes y medio de estar contratada) “se le impidió el ingreso al hospital, argumentando el personal que el director impartió dicha orden”.
Aquí cobran relevancia, una vez más, los actos privados del director. Porque podrían acarrear consecuencias patrimoniales para el Estado provincial, desde que la contratada advirtió que por las irregularidades de Giménez iniciaría acciones contra “quien resulte responsable” (esto es el Estado provincial).
NOTICIAUNO pudo corroborar que la orden de no presentarse a trabajar en el Hospital, impartida por el director, existió. Pese a no haber ningún motivo derivado del contrato, ni sanciones disciplinarias que motivaran esa decisión.
En efecto, de una conversación entre una empleada del área administrativa del nosocomio y la contratada, se le informa a esta última que “solo debía pasar a buscar los cheques”.
Se transcriben partes de ese diálogo que tuvo lugar entre el 10 y 16 de abril:
-La Contratada: “Buen día ... (el nombre de la empleada del hospital). Te llamé. Hablé con Fernando (Giménez). Me dijo que me contactara con vos. Te dejo un beso.
-La Empleada del Hospital: “Hola Estela!!! Puedo llamarte?”
-La Contratada: “Hola, buen día!. Pudiste hablar del tema con el director, así me puedo organizar?
-La Empleada del Hospital: “Sí, hace un ratito. La semana que viene te estoy pagando los dos meses. Solamente venís a cobrar”.
Es sospechoso que Giménez –y el personal de las áreas competentes dentro del San Martín- hayan autorizado, no solo la contratación, el pago total del contrato que aún no finalizó (no existe tampoco renuncia de la contratada), y le hayan dicho “que solo pase a cobrar”.
Eso sucedió a mediados de abril y el contrato finaliza recién en mayo.
Según la información brindada por empleados del hospital, esta no sería la única contratación irregular realizada por Giménez en el área Compras del hospital. “También un entrenador deportivo, amigo de Giménez, habría accedido a un contrato similar y actualmente se desempeña en el nosocomio como otra persona de su confianza”.
Las mismas fuentes indicaron que “este tampoco sería el único gasto personal que Giménez afronta con dinero del Hospital”, lo que seguramente surgirá de una auditoría, que se descarta, será una medida a adoptar por el Ministerio de Salud.
Los cheques rechazados del director del Hospital
NOTICIAUNO corroboró que Fernando Giménez podría estar incurso en un delito penal, independientemente del hecho antes revelado.
Según surge de la información del Banco Central de la República Argentina, el funcionario público entregó “varios cheques sin fondos”, hecho que está sancionado por la legislación penal de nuestro país.
Existen en los registros oficiales de la entidad monetaria nacional, actualizados al día 26 de abril de este año, “11 cheques rechazados en cuentas personales por un monto de 282.442 pesos”, los cuales fueron confeccionados por sumas que oscilan entre los 11 mil y los 36 mil pesos cada uno.
Uno de los cheques fue rechazado en enero de 2014 y los diez restantes entre enero y marzo de 2018. Estos últimos fueron librados contra una misma entidad financiera.
Vale resaltar que a la fecha, 7 de esos cheques figuran aún “impagos”.
El libramiento de cheques sin fondos es un hecho grave, no solo porque podría configurar un acción delictiva, sancionada expresamente por el artículo 302 del Código Penal: “Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, siempre que no concurran las circunstancias del artículo 172 -estafa- el que dé en pago o entregue por cualquier concepto a un tercero un cheque sin tener provisión de fondos o autorización expresa para girar en descubierto, y no lo abonare en moneda nacional dentro de las veinticuatro horas de habérsele comunicado la falta de pago mediante aviso bancario, comunicación del tenedor o cualquier otra forma documentada de interpelación”.
El libramiento de cheques sin fondos por parte de un funcionario público que administra dineros públicos –por ejemplo, el fondo de arancelamiento hospitalario con el que pagó el contrato vinculado a su relación personal- debe encender todas las alertas en cualquier organismo del Estado.
Es evidente, por la cantidad de cheques que no pudieron pagarse por falta de fondos (o por falta de autorización bancaria para girar en descubierto), todos librados en un corto período de tiempo (entre enero y marzo de este año) y la mayoría impagos, que Fernando Giménez podría estar afrontando importantes problemas económico-financieros. Lejos de ser este dato una mera cuestión privada, debe alertar sobre su conducta, vinculada al manejo de fondos públicos hospitalarios.
Giménez, otro alfil de UPCN
El director del San Martín es uno de los pocos directores “residuales”, designados por el exministro de Salud Ariel De La Rosa, en cuya gestión también tuvieron lugar contrataciones irregulares para amigos, que actualmente están siendo investigadas por la Justicia, que abrió una causa de oficio tras una publicación de NOTICIAUNO. (ver acá y acá).
Vale recordar que Fernando Giménez accedió a ese cargo por su amistad con el entonces ministro De La Rosa, pero, fundamentalmente, por su relación con el sindicalista de UPCN y diputado provincial, José Allende, que tuvo, durante la gestión De La Rosa, directa injerencia en las designaciones en lugares claves de la Salud Pública provincial.
Pese a ser un hombre de nula trayectoria política, Giménez es un fiel seguidor del titular del gremio UPCN.
Prueba de ello es –ente otras cosas- su reciente e injustificada participación en el Congreso Provincial de Delegados de UPCN que tuvo lugar el 27 de febrero, en el Centro de Convenciones de Paraná.
No había ningún motivo que justificara la presencia de Giménez –en primera fila- en ese evento convocado por el sindicalista Allende. Excepto su compromiso con el líder sindical.
Giménez no es delegado gremial. Ese día –un martes, hábil- el director debió haber estado trabajando en el Hospital y atendiendo los problemas que se presentan a diario. No participando de un congreso sindical en el cual el orador principal -Allende- despotricó contra la actual conducción del ministerio, de la que Giménez recibe órdenes.
Giménez es un director fruto de una gestión de la Salud Pública marcada por irregularidades y hechos violentos, algunos de los cuales están judicializados. Todos marcados por el accionar de una patota sindical que respaldaba al exministro, hoy también imputado por el delito de coacciones agravadas contra la directora de un hospital (ver acá).
Resulta ilustrativa una frase (textual) del titular de UPCN en el Congreso de Delegados, aplaudida fervientemente –entre otros- por el director del San Martín, Fernando Giménez, en defensa del exministro De La Rosa:
“Perdimos un Ministro, pero estamos contentos de haberlo perdido porque se quedó con el gremio defendiendo los trabajadores”.
Frase publicada en el sitio web de UPCN (acceder desde aquí):
Allende pronunció esa frase en el Congreso de UPCN luego de afirmar que las causas penales por amenazas y coacciones que enfrenta la cúpula sindical y el propio De La Rosa, obedecieron a “una pelea muy grande con el Gobierno que tuvo consecuencias gravísimas para nosotros” y a “una persecución judicial”.
Giménez aplaudió.
Fuente: Noticiauno
