El viernes pasado, el Poder Ejecutivo nacional envió al Senado tres de cuatro iniciativas de su proyecto de reforma laboral. Quedó afuera, por ahora, el texto que cambia en forma más profunda la Ley de Contrato de Trabajo.
Con todo, el plan para modificar las indemnizaciones fue incluido en el texto que preconiza el blanqueo de trabajadores por medio de una amnistía general a aquellos empleadores que no registran a su personal.
Las indemnizaciones serían cambiadas por un fondo de desempleo a cargo del empleador. Además, se eliminan los bonos y otros beneficios, además del aguinaldo, para el cálculo de las indemnizaciones.
El ministro Triaca subrayó el “consenso”, sin embargo, según cálculos elaborados el año pasado, en promedio, un asalariado podría perder entre el 25% y el 30% de su indemnización si se aplica esta modificación.
La primera voz de la CGT que se ha expresado al respecto ha sido la de Juan Carlos Schmid, uno de los triunviros al mando de la central obrera. Dijo: "Ya he manifestado que no hay confianza en las propuestas del gobierno, porque primero dice una cosa y termina haciendo otra. Si en el proyecto aparece este tema de rebaja de indemnización ante despidos, lo voy a rechazar", adelantó. "Muchos vamos a rechazar este proyecto. El anterior fue en realidad un ensayo para terminar sancionando la ley de reforma previsional", subrayó. A la fecha, los otros dos triunviros, Héctor Daer y Carlos Acuña, no se han pronunciado.
La posición de la CGT será fundamental para que pase el proyecto y se aplique luego. Según el ministro Triaca, "cada convenio tiene la posibilidad de recurrir a este fondo de cese y cada sector define el alcance del mismo", y agregó que "sólo cuando estos convenios lo quieran, el fondo de cese reemplazaría las indemnizaciones tradicionales".
Es decir, si el proyecto se aprueba, su aplicación concreta dependerá de las negociaciones paritarias que sostenga cada sindicato.
En tanto, el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, criticó con dureza la reforma. “Lo primero que vemos es que no hay demasiados cambios con relación al proyecto inicial. Se presenta el blanqueo como una necesidad, pero más allá de ese punto específico, aparece ahí mismo metida la modificación de la indemnización por despido, del principio de irrenunciabilidad y otras modificaciones a la ley de trabajo. No hay una baja en las pretensiones sino que las disumulan”.
Cremonte observó que la ley de contrato de trabajo especifica que la indemnizacion por despido sin causa equivale a un salario por año trabajado o fracción mayor a tres meses. “No hay una explicación en la ley de lo que es un salario porque se considera que salario es todo lo que recibe un trabajador a cambio de trabajar para otra persona”, indicó.
También que “el proyecto plantea eliminar de los cálculos los bonos y las gratificaciones, que son salario; el nombre se los pone la empresa, pero de gratificacion no tienen nada. La remuneración es la contraprestación a trabajar. De este modo se reduce la base de cálculo y así se reduce la indemnización”.
El especialista subrayó que “a veces en los convenios colectivos, para sortear un techo salarial que quiere imponer el Ministerio de Trabajo, los trabajadores acuerdan en el agregado de sumas con el nombre de gratificaciones o adicionales al solo efecto de que pueda pasar la traba que impone el gobierno. Le ponen cualquier nombre. Lo que importa es lo que uno cobra por trabajar, no lo que dice cada parte del salario”.
Respecto del fondo de cese laboral, Cremonte alertó sobre el riesgo de que a la hora de cobrar, el trabajador se encuentre con cajas prácticamente vacías, por el hecho de que el proyecto habilita a los administradores de los fondos a invertirlos en el mercado de capitales.
“En vez de asegurarse que el trabajador pueda cobrar, que es lo que supuestamente se pretende según los fundamentos del proyecto de ley, en realidad, termina peligrando esa posibilidad de cobro porque todos sabemos lo que es la volatilidad de los mercados financieros y finalmente a quién beneficia, porque lejos de beneficiar al trabajador, se viene beneficiando al capital financiero”, advirtió.
Fuente: Tiempo Argentino
