En el marco de la causa judicial por la presunta apropiación indebida de tierras fiscales en el municipio concordiense de Puerto Yeruá, en la cual están acusadas hoy 16 personas, entre ellas el asesor legal del municipio, Julio Larrocca, también presidente de la Liga Concordiense de Fútbol y vicepresidente primero del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se desarrolló este miércoles una nueva audiencia en la que el fiscal José Arias pidió penas de prisión efectiva para todos los imputados.
Vale recordar que el exintendente Fabián Cevey, principal imputado en la causa, admitió que estafó al municipio repartiendo terrenos entre familiares y amigos y se acogió al beneficio del juicio abreviado.
Según dijo el fiscal en la audiencia de este miércoles, “tres funcionarios se pusieron de acuerdo” para sustraer terrenos del patrimonio municipal que administraban, y transferirlos a terceros.
Para el abogado Julio Larrocca, que era asesor letrado de la comuna y es actualmente vicepresidente 1° del Consejo Federal de AFA y presidente de la Liga Concordiense de Fútbol, Arias pidió 7 años de prisión efectiva, 10 años de inhabilitación para ejercer la matrícula de abogado, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos más el pago de 90.000 pesos de multa, que es el máximo previsto hoy en el Código Penal.
Para el caso de Fabián Terenzano, José Irribarren y Leonardo Galarza, solicitó 5 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, con una multa de 90 mil pesos.
Mientras que para Marcelo Larrocca Ruíz y Romina Filsinger requirió 4 años y 6 meses de prisión, más inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de 90 mil pesos.
En tanto, requirió 4 años de cárcel para Diego Sampellegrini y Guillermo Guevara; mientras que para Gustavo Graziano, acusado de encubrimiento, requirió una pena de 3 años y 6 meses de prisión.
Como última medida, el fiscal solicitó el decomiso de los inmuebles de todos los imputados.
Al argumentar el pedido de prisión de cumplimiento efectivo, Arias dijo que tuvo en cuenta la calidad del nivel de decisión de cada funcionario involucrado. Valoró que como custodios de la Municipalidad, se aseguraron que los resortes de defensa del Estado municipal no iban a funcionar.
Para el fiscal, no hay duda que el intendente, la secretaria y el asesor letrado se aseguraban el control de la maniobra dejando indefensa a la Municipalidad. Además no registraron los bienes y ocultaron las ventas al Tribunal de Cuentas.
En la audiencia, Arias aclaró que la pena impuesta en el juicio abreviado solicitado por el intendente Cevey fue menor porque tuvo gestos de reconocimiento de culpa. Además, devolvió los terrenos y renunció al cargo de jefe comunal.
Fuente: Diario Rio Uruguay
