El 5 de enero de este año (en plena feria judicial), el Fiscal de turno de Victoria, Gamal Taleb, ordenó la apertura de una investigación penal tras la denuncia de intoxicación de tres personas (entre ellas dos menores) por el escape de gas cloro de una garrafa arrojada al río por operarios municipales sin tomar ninguna de precaución. (Ver LOS HECHOS más abajo)
Taleb afirmó que “a partir de la nota publicada en NOTICIAUNO, mencionada en el encabezado del decreto de apertura de la causa, tomo conocimiento de que tres personas habrían resultado lesionadas al entrar en contacto e inhalar gas de cloro que estaba dentro de una garrafa que había arrojado personal municipal al riacho Victoria”.
“En consecuencia, ante la noticia crimine, es decir la noticia del delito, decido actuar de oficio y en el día de la fecha (5 de enero de 2018) dicto el decreto de apertura de la causa donde delimito como hipótesis a investigar las lesiones sufridas por estas tres personas (dos niños menores de 5 y 10 años y el padre de los pequeños) a raíz de un comportamiento inadecuado desde el punto de vista de la posición de garante que tiene el municipio de Victoria respecto de la salud de la población, y al haber vertido esta garrafa al riacho Victoria sin informar debidamente a la población sobre el riesgo que esto conlleva”, explicó el fiscal Taleb en esos días.
A finales de febrero recibió la testimonial de empleados municipales que se desempeñan en la planta potabilizadora en procura de determinar responsables por el vuelco de una garrafa con gas cloro a las aguas del río, hecho que ocurrió el último día de diciembre de 2017.
La causa siguió avanzando, y Taleb imputó por el incidente a funcionarios de la administración de Maiocco. La causa, por ahora, está caratulada como “lesiones imprudentes”. Uno es el secretario de Planeamiento, César Zucotti, que dejó su cargo en marzo último en mano de Matías Bardou. Además de Zuccotti, fueron imputados Ramón Cáceres, Sergio Jaime y Daniel Mansilla, trabajadores del laboratorio y de Defensa Civil municipal. Ya imputados, los funcionarios han designado abogados defensores, aunque todavía la Fiscalía no ha fijado fecha de indagatoria, según publica el sitio Entreriosahora.
Están pendientes de respuesta pedidos de informe a Induquímica SA (la empresa proveedora), llamadas entrantes y salientes de varios celulares y un informe técnico de Bomberos. Esta semana, además, salió un oficio a Medio Ambiente de la provincia. Cuando tenga en mi poder toda esa documentación, voy a resolver si se los cita a indagatoria”.
En principio, la causa está caratulada como “Lesiones imprudentes”. Ese delito, dijo Taleb, tiene una pena de un mes a tres años de prisión, o la aplicación de una pena alternativa, que es una multa, y conjuntamente la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, de uno a cuatro años.
La pesquisa no sólo apunta a la Municipalidad de Victoria sino también a la empresa encargada de realizar los trabajos de reparación en la planta de agua, Induquímica SA.
LOS HECHOS
* El 5 de enero de 2018 NOTICIAUNO publicó que “La Municipalidad de Victoria arrojó gas cloro al río y casi mueren tres personas”.
Dos niños que estaban con su padre a orillas del río Victoria inhalaron gas cloro de un tubo que había sido arrojado por el municipio después de una reparación en la planta potabilizadora. El Municipio minimizó el hecho.
* Tras la denuncia de este medio, a las pocas horas trascendió una “brutal explicación del funcionario responsable”.
En conferencia de prensa, el secretario de Planeamiento de Victoria, César Zuccotti, aseguró que decidieron arrojar el tubo altamente tóxico al río “basándose en un antecedente de hace 22 años” y responsabilizó a los niños intoxicados que “se acercaron al tubo y lo manipularon, sino no podrían haberse intoxicado”. Aún reconociendo que “la válvula de la garrafa estaba carcomida por la emanación del gas”, el funcionario descartó reclamos legales del municipio hacia la empresa proveedora “porque la municipalidad hace muchos años es clienta” de la firma y “porque todo se arregla hablando”.
Las explicaciones dejaron al descubierto la desidia estatal y el total desconocimiento y desprecio por las normas más elementales de prevención que tienen los funcionarios del gabinete del intendente Domingo Maiocco (Cambiemos).
* Ese mismo día, “la Justicia abrió una causa de oficio contra funcionarios municipales”.
En plena feria judicial, el Fiscal de turno de Victoria, Gamal Taleb, ordenó la apertura de una investigación penal.
El fiscal de Victoria Gamal Taleb afirmó que “a partir de la nota publicada en NOTICIAUNO, mencionada en el encabezado del decreto de apertura de la causa, tomo conocimiento de que tres personas habrían resultado lesionadas al entrar en contacto e inhalar gas de cloro que estaba dentro de una garrafa que había arrojado personal municipal al riacho Victoria”.
“En consecuencia, ante la noticia crimine, es decir la noticia del delito, decido actuar de oficio y en el día de la fecha dicto el decreto de apertura de la causa donde delimito como hipótesis a investigar las lesiones sufridas por estas tres personas (dos niños menores de 5 y 10 años y el padre de los pequeños) a raíz de un comportamiento inadecuado desde el punto de vista de la posición de garante que tiene el municipio de Victoria respecto de la salud de la población, y al haber vertido esta garrafa al riacho Victoria sin informar debidamente a la población sobre el riesgo que esto conlleva”, explicó el fiscal Taleb.
Cabe señalar que “la competencia relativa al delito de contaminación ambiental regulado por la Ley Nacional 24.051 en el artículo 58 corresponde a la Justicia Federal”, explicó Taleb, quien agregó que la Fiscalía a su cargo tomará “la competencia por el delito de lesiones” cuya competencia es provincial.
“En última instancia, que la Justicia Federal plantee las cuestiones que deba plantear, yo voy a intervenir por las lesiones y para mi es un hecho grave”, enfatizó Taleb, quien reiteró que “la responsabilidad de los hechos es del municipio”.
Vale aclarar que el Código Penal prevé para el delito de lesiones imprudentes contemplado en el artículo 94 una pena de un mes a tres años de prisión o multa más inhabilitación especial para los funcionarios públicos involucrados.
* En la misma jornada, al tomar estado público la denuncia, el vicegobernador Adán Bahl (que estaba a cargo del Poder Ejecutivo en reemplazo del gobernador Gustavo Bordet) , encomendó al secretario de Ambiente de la provincia “que se avoque inmediatamente a la investigación del incidente”.
Fuente: Noticiauno
