Privilegios a costa del pueblo: la defensa de un funcionario de Cambiemos

Como contó NOTICIAUNO, el intendente de Victoria, Domingo Maiocco (Cambiemos), firmó un decreto para que la Municipalidad “se haga cargo de los honorarios” de los abogados defensores de los funcionarios que resulten imputados por la justicia, por la responsabilidad que tuvieron en la fuga de gas cloro que puso en peligro la vida de varios vecinos.

Entre los beneficiados por el decreto de Maiocco figura incluso un exfuncionario municipal que, a la fecha, no tiene vinculación con el municipio porque renunció en febrero. Se trata de César Zucotti, que renunció al cargo de Secretario de Planeamiento en febrero de este año.

Por la polémica decisión del intendente, concejales del PJ fueron a la justicia y denunciaron penalmente al jefe comunal por los supuestos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos, que se configurarían por disponer que se paguen con dinero del Municipio los gastos particulares (honorarios de abogados) de funcionarios y de un exfuncionario municipal.

Tras la presentación judicial, el asesor letrado de la municipalidad, Elías Ruda, salió a defender la decisión del intendente y el claro privilegio que implica que funcionarios reciban dinero del Estado municipal para abonar honorarios de abogados que designen en el proceso penal que los involucra por hechos ilícitos cometidos en la función pública.

Ruda primero dijo que “es una defensa de su propio personal que está haciendo el intendente”. “Y en el caso específico de Zucotti (el exfuncionario a quien el municipio también le abonará sus abogados), los hechos que se le imputan a él ocurrieron mientras desarrollaba su actividad como Secretario de Planeamiento”, agregó, para justificar también que el beneficio alcanza a quien hoy es ajeno al Municipio.

Luego preguntó: “¿Les parece justo que saquen de su bolsillo (los funcionarios para pagar a sus abogados)?”.

Después agregó que él, como asesor letrado del Municipio no puede defender a los funcionarios “porque hay una situación de incompatibilidad” ya que intervino en carácter de tal en el episodio (la fuga de cloro) que derivó en la imputación de varios funcionarios.

Sorprende este argumento, ya que Ruda es abogado y sabe bien que no es la función de la asesoría letrada a su cargo encarar la defensa de funcionarios ni empleados acusados de hechos ilícitos.

Para defender el privilegio concedido por el intendente a sus funcionarios, Ruda fue más allá incluso de la decisión que le compete a la justicia provincial. Dijo que desde el municipio “han investigado” el hecho, por lo que aseguran que los funcionarios son “inocentes”. Por ello disponen los fondos.

Decidir la inocencia de los funcionarios imputados de la gestión es una tarea que en el Estado de derecho está reservada solo a la justicia. No al Municipio.

Finalmente, atribuyó la denuncia penal contra el intendente a "la campaña electoral", y la tildó de "malintencionada".

Video de Victoria Te Ve - Elías Ruda, Asesor Letrado de la Municipalidad de Victoria

Lo cierto es que el decreto 377/2018 del intendente Maiocco, que la justicia deberá determinar si configura un acto ilícito, y la posterior defensa del asesor letrado Elías Ruda, constituyen además de una probable acción delictiva, una muestra evidente del privilegio que ostentan los funcionarios (y exfuncionarios) políticos de la gestión municipal de Cambiemos, y que no tiene ningún contribuyente de Victoria.

Ese privilegio cobra mayor relevancia en el actual contexto de crisis económica. Pues, mientras el municipio dice no tener presupuesto para afrontar, por ejemplo, la reducción de la tasa de alumbrado para atenuar el brutal tarifazo de luz ordenado por el gobierno nacional, sí tiene dinero para ahorrarle los gastos particulares a sus funcionarios imputados por un gravísimo hecho que, como dijo el Fiscal Gamal Taleb a cargo de la investigación, pusieron en peligro la salud y la vida de varios vecinos.

Vale recordar asimismo que, si los funcionarios no pudieran costear un abogado penalista de su propio bolsillo, podrían optar por acogerse –como cualquier ciudadano común- a la defensa de un defensor oficial –que es gratuita y está garantizada para todos en el sistema judicial de la provincia.

Fuente: Noticiauno