El número dos del Ministerio de Modernización, Eduardo Martelli, figuró como apoderado y dueño de una sociedad offshore que controló propiedades en la zona de Punta del Este, según consta en documentos del año 2016, cuando el funcionario ya se desempeñaba en el gobierno nacional.
Martelli es hombre de confianza del ministro Andrés Ibarra y es cercano al presidente Mauricio Macri. Es quien lidera el proceso de modernización del Estado y del acceso a la documentación pública sobre compras, declaraciones juradas y otros rubros.
De acuerdo a los nuevos documentos de los Panamá Papers obtenidos por el diario Süddeutschen Zeitung y compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), el funcionario obtuvo en 2010 un poder para administrar la sociedad panameña Cristina Finances SA. Entonces, se desempeñaba como funcionario del Gobierno porteño. Seis años más tarde, el 6 de mayo de 2016, las acciones de la offshore pasaron a nombre de Martelli. Para ese momento había asumido como secretario de Modernización.
Consultado por el equipo de ICIJ, que integra PERFIL, Martelli afirmó que el único activo de Cristina Finances SA es una casa de veraneo de unos 200 metros cuadrados en una exclusiva zona de Uruguay y que dicha propiedad era parte de una herencia. Sin embargo, la documentación que surge de los Panamá Papers y corroborada con los registros públicos de Uruguay demuestran que la offshore panameña tuvo más terrenos. Según una escritura de 2005, la sociedad vendió seis lotes aledaños a la constructora Safidal SA por varios millones de dólares. Ante una segunda consulta periodística, Martelli confirmó la información.
El funcionario sostiene que figura como dueño de la offshore debido a un error administrativo. Afirma que fue dueño de Cristina Finances “por un día”, ya que el 7 de mayo de 2016 le cedió todas las acciones a su hermana Andrea. El funcionario explicó que por esa razón no mencionó a la offshore panameña en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. “En el reparto de bienes de la herencia, decidimos que mi hermana se quede con la casa de Maldonado porque ella vive en Uruguay”, dijo. Para probar su versión, Martelli exhibió un certificado de acciones de Cristina Finances a nombre de Andrea Martelli con fecha del 7 de mayo de 2016. Es decir, 24 horas después de haberse emitido el primer papel a su nombre. “Fue un error administrativo sobre un bien heredado. No hay nada trucho”, aclaró el funcionario.
Ese certificado no encaja con el resto de la documentación y tampoco consta en el Registro Público de Panamá ni en los archivos internos de Mossack Fonseca. Está firmado por Guillermo Domínguez, quien legitima el cambio de accionista como presidente de la sociedad. Pero según el Registro Público de Panamá, Domínguez recién asumió en ese cargo el 13 de octubre de 2016, cinco meses después de la fecha de emisión del certificado exhibido por Martelli.
¿Cómo pudo Domínguez firmar un documento cinco meses antes de asumir? Ante una tercera consulta a Martelli, el funcionario respondió que pudo tratarse de una “fecha valor” y remitió la consulta a un familiar que señaló que se trató de otro “error administrativo sobre un bien heredado” que habría cometido el estudio jurídico uruguayo Damiani, intermediario con Mossack Fonseca. “No hay nada trucho”, enfatizaron.
Cuestión de fechas
Los documentos internos de Mossack Fonseca muestran que los trámites para que Eduardo Martelli aparezca como el único accionista de la offshore tardaron unos tres meses. La demora se debió en parte porque los abogados panameños detectaron que Martelli ocupaba un cargo público en la Argentina. En los mails figuraba como el “BO”, es decir, como el beneficiario final de la sociedad. El trámite también requería el envío de documentación respaldatoria del futuro accionista. El estudio Damiani remitió el CV de Martelli, una copia de su pasaporte, un servicio público a su nombre y una carta de referencia como cliente del banco ICBC.
El trámite se aprobó el 6 de mayo y se emitieron las acciones a nombre del funcionario. Hay un contraste entre la versión de Martelli y los archivos de Mossack Fonseca. ¿Por qué el trámite para poner las acciones a nombre de su hermana duró apenas 24 horas? ¿Por qué no hay ningún pedido de documentación respaldatoria de Andrea Martelli para que asuma como accionista? Además, el día que se emitió el nuevo certificado –con la firma de Domínguez, quien no podía firmar– fue sábado, 7 de mayo de 2016, cuando el Registro Público de Panamá estaba cerrado.
Los mails aportan todavía más contradicciones. Durante los meses que siguieron, los estudios Damiani y Mossack Fonseca continuaron comunicados por gestiones de Cristina Finances y Martelli siempre apareció consignado como el único accionista de la offshore. Nunca aludieron a su hermana como dueña de la sociedad. Andrea Martelli aparece recién en los documentos oficiales en diciembre de 2017 como presidenta de la offshore.
En los correos, Mossack Fonseca también preguntó al intermediario uruguayo “si en efecto Cristina Finances es accionista de una sociedad en los Estados Unidos; ya que esta información consta en registro. En caso afirmativo, favor proporcionarnos nombre de la misma y a qué se dedica la empresa”. El estudio en Uruguay nunca le contestó. Consultado una vez más por el equipo de ICIJ, Martelli negó el vínculo con los Estados Unidos.
(*) El equipo argentino que trabajó en la continuación de Panamá Papers con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky, Iván Ruiz y Ricardo Brom (La Nación), Mariel Fitz Patrick (Infobae), Emilia Delfino (Perfil) y Sandra Crucianelli (para Perfil). Con la colaboración de Guillermo Draper, miembro de ICIJ en Uruguay.
Fuente: Perfil
