“Son muchos los intereses que están en juego, pero estamos preparados para estos embates”, aseguró el viceintendente de Gualeguaychú, Jorge Maradey. Lo dijo tras la decisión judicial de hacer lugar a la medida cautelar presentada por quienes comercializan el agrotóxico para que se dé marcha atrás con la ordenanza que prohíbe su uso, distribución, almacenamiento y comercialización.
El 10 de julio el juez federal subrogante, Pablo Andrés Seró, dio lugar a la medida cautelar presentada por diferentes propietarios de locales que comercializan el veneno dentro del ejido Gualeguaychú.
Pablo Seró, el juez federal que permite la venta de glifosato en Gualeguaychú
Esto implica que podrán continuar con la venta de Glifosato hasta tanto la Justicia Federal se expida sobre la cuestión de fondo, es decir, sobre el planteo de inconstitucionalidad de la normativa aprobada en abril que establece la prohibición del uso, aplicación, expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta de Glifosato, dentro del ejido Gualeguaychú.
Tras el revés judicial, el viceintendente de Gualeguaychú, Jorge Maradey, afirmó que “son muchos los intereses que están en juego”, pero advirtió: “Estamos preparados para estos embates, ya que al juez Seró ya lo conocemos por las causas vinculadas a Botnia e indiscutiblemente no le interesa ni la salud ni el medio ambiente”.
Para Maradey, “éste es un avance más de un modelo productivo que nos va envenenando y que creo que ha llegado al límite”. En tal sentido, aseveró: “Vamos a seguir peleando para que cese este proceso de envenenamiento con los propios alimentos”.
Con esta decisión judicial “se está privilegiando el dinero por sobre la salud”, expresó el funcionario de Gualeguaychú.
Tras indicar que “los asesores legales están valuando los pasos a seguir para que no se dé marcha atrás con la ordenanza”, intentó encontrarle algún lado positivo a la decisión judicial: “Ésta es una oportunidad para volver a poner el tema en el tapete y para que la gente sepa quién está de un lado y quién del otro”.
Sobre el planteo de inconstitucionalidad que hicieron quienes comercializan glifosato y algunos sectores rurales, Jorge Maradey dijo: “Justamente la Constitución dice que ningún emprendimiento puede ir en contra de la salud ni producir daño en el ambiente. Además, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia avala esto porque se trata de derechos fundamentales”.
A su vez, agregó que “la Municipalidad tiene autonomía porque cuando se produce un daño, el primer perjudicado es el que está más cerca”.
“Como dice la OMS, el glifosato es potencialmente cancerígeno. Todos sabemos que ha aumentado la frecuencia y la incidencia del cáncer, sobre todo en las zonas rurales. Indudablemente el tema del glifosato es una cuestión de salud pública, no es un tema de modelo productivo ni de modos de cultivar”, enfatizó.
Por último Maradey, que es médico, hizo referencia “al aumento de la cantidad de malformaciones, de abortos espontáneos, de alteraciones en la piel” y aseguró que han crecido en forma sorprendente los casos de cáncer de riñón”.
Fuente: Apf//NOTICIAUNO
