Dispuesto a hacer de este momento una instancia de profundización de la práctica agrícola predominante, el Gobierno nacional presentó un programa de uso de agrotóxicos con el que apunta a motorizar una ley nacional que intensifique las fumigaciones en el interior de la Argentina.
La propuesta oficial fue dada a conocer el miércoles en el Ministerio de Agroindustria, vía un panel integrado por el titular de la cartera, Luis Miguel Etchevehere, y sus pares Sergio Bergman (Medio Ambiente), Lino Barañao (Ciencia y Tecnología) y Adolfo Rubinstein (Salud), y comprende 12 principios y 23 recomendaciones que promueven un uso ampliado de estas sustancias peligrosas.
Dichas pautas, vertidas en un informe desarrollado por un grupo de trabajo interministerial, dejan de lado la totalidad de las investigaciones nacionales y extranjeras que exponen cómo la aplicación de pesticidas tiene incidencia directa en la proliferación de enfermedades como el cáncer e incrementan las malformaciones o los abortos espontáneos, por citar algunos males.
En concreto, los ministros ataron su propuesta a las denominadas "Buenas Prácticas Agropecuarias" (BPA), un combo de postulados desarrollado por compañías como Monsanto, Bayer, Dow, BASF, Syngenta y DuPont, en alianza con organizaciones del campo como AAPRESID, la asociación que nuclea a los productores que hacen siembra directa, que considera a los agrotóxicos como insumos inocuos y biodegradables.
Las “buenas prácticas” avalan la aplicación de prácticamente cualquier agrotóxico, cuestionan criterios como la instauración de zonas libres de aplicaciones en torno a puntos habitados, y entienden a las situaciones de contaminación como "casos de mala praxis".
A los ojos de quienes promueven las "Buenas Prácticas Agropecuarias", los pesticidas no implican riesgo para la salud si son aplicados en la cantidad que indican las empresas que los comercializan.
La conferencia concretada en Agroindustria tuvo como inicio una prédica de Etchevehere en la que el titular de la cartera defendió las pulverizaciones y anticipó que el documento interministerial en breve será presentado "ante las comisiones del Congreso para que sea insumo de cara a una ley nacional" que fije pautas para el uso de pesticidas en el campo.
El evento en cuestión, al que asistió este medio, se caracterizó por una defensa cerrada de productos que incluso organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) vinculan a la expansión del cáncer.
En ese sentido, el bloque de ministros evitó contestar la pregunta elevada por iProfesional respecto de la decisión oficial de descartar las investigaciones locales e internacionales que prueban la toxicidad letal del herbicida glifosato, el producto estrella en la producción de soja, maíz y algodón transgénico en la Argentina.
Desarrollado por la estadounidense Monsanto, ahora en proceso de fusión con la alemana Bayer, el agrotóxico en cuestión concentra el 65% de las ventas de este tipo de insumos a nivel doméstico.
En la actualidad, de forma anual se comercializa un promedio de 200 millones de litros del insumo y en términos de etiquetas más vendidas la nómina de marcas la encabeza Roundup, la formulación de la misma Monsanto.
Glifosato y 2,4-D, ambos vinculados directamente con el aumento de los casos de cáncer por la OMS, atrazina -de uso prohibido en Europa desde 2004 por su toxicidad elevada-, clorpirifos -su desarrolladora, Dow, fue condenada en EE.UU. por ocultar contaminaciones agravadas-, cipermetrina -letal para peces y abejas-, encabezan el listado de agrotóxicos de mayor uso en el agro local.
El posicionamiento del macrismo a favor de una aplicación intensiva de estos químicos es observado por los fabricantes como un incentivo para traer al país nuevas variedades de estas formulaciones.
Según entidades del sector agrícola, se estima que el negocio de la venta de pesticidas en la Argentina mueve alrededor de U$S 3.000 millones al año.
"Monsanto, Bayer, están a los abrazos con este tipo de impulsos que promueve el Gobierno. La mayoría de las empresas temía una eventual baja en la facturación porque, al estar atado a la cotización del crudo internacional, el precio de los fitosanitarios -término que utiliza la industria para referirse a los agrotóxicos- viene subiendo sostenido.
A eso hay que sumarle la resistencia ambiental que suele remarcar que faltan regulaciones. Si es tomado en cuenta, este trabajo será un espaldarazo político para las compañías que hacen estos productos", sostuvo una fuente cercana a Etchevehere.
Posición declarada
Un detalle a destacar en el documento que dieron a conocer los ministros está en el origen del material técnico empleado para desarrollar la propuesta.
Según pudo constatar este medio, la bibliografía empleada engloba buena parte de los manuales y folletos que Monsanto y sus similares han hecho circular en los últimos años con el fin de blindar la comercialización de agrotóxicos.
Por poner un ejemplo, en el detalle del sostén técnico de la propuesta interministerial asoma como primer material consultado las "Pautas sobre aplicaciones de productos fitosanitarios en áreas periurbanas", un compilado desarrollado por AAPRESID y cámaras de productores de pesticidas como CASAFE y CIAFA.
Cuando se consulta a fuentes oficiales sobre el por qué de la inclusión de estos contenidos impulsados por la misma industria, el argumento que predomina es que las compañías del sector son las únicas que han investigado en la Argentina el efecto de los pesticidas sobre todo en las últimas dos décadas.
Estos privados, vale remarcarlo, asoman como los grandes beneficiados de imponerse un marco legal basado en el informe expuesto esta semana por Etchevehere y sus pares.
A tono con la posición declarada de Monsanto, Bayer, Dow, BASF, Syngenta y DuPont, Bergman, Barañao y Rubinstein hicieron gala de un alineamiento con el modelo que promueve las fumigaciones que, de tan acérrimo, incluso sorprendió a más de un asistente vinculado al ramo agropecuario.
En la conferencia celebrada en Agroindustria el titular de la cartera de Ciencia sobresalió por una prédica a favor de la aplicación de pesticidas que por momentos rozó la humorada.
En ese sentido, Barañao igualó el efecto tóxico del glifosato con la ingesta excesiva de agua. "Uno se puede morir por tomar agua en cantidad", dijo el ministro.
"¿Cuál es el problema con los fitosanitarios, los agroquímicos, respecto de otras tecnologías que también tienen efectos nocivos como la electricidad, el automóvil, que también producen muertes? Es que todos asumimos el riesgo porque nos sentimos beneficiarios. Todos pensamos que el auto puede sufrir un accidente, podríamos morir, pero yo puedo tener o quiero tener un auto. En el caso de los agroquímicos, parecería que se beneficia sólo el productor y que el ciudadano común sufre las consecuencias nocivas. Entonces esa asimetría entre el beneficio y el riesgo hace que se tenga una posición hostil hacia el uso de agroquímicos", expresó Barañao.
El ministro sostuvo, además, que "la humanidad es hoy tan dependiente de los fitosanitarios para su alimentación como lo es de los antibióticos para la salud".
"Sabemos que los antibióticos salvan millones de vidas pero que si se aplican inadecuadamente pueden tener consecuencias fatales", prosiguió el funcionario, en otro intento por minimizar el rasgo de sustancia peligrosa y perfil venenoso que caracteriza a los plaguicidas.
Sin embargo, en un momento Barañao reconoció que tanta cultura de producción pro fumigaciones ha complicado a más de un exportador.
"Se ha encontrado glifosato en miel. Y hay partidas que fueron rechazadas porque presentan cantidades -del agrotóxico- mayores a las permitidas", dijo.
La ciencia reconoce el riesgo
La posición del ministro de Ciencia choca de frente con innumerables trabajos científicos independientes que exponen las graves consecuencias sanitarias que genera el empleo de venenos para producir alimentos.
De hecho, más de 800 trabajos publicados en revistas internacionales demuestran la elevada toxicidad del glifosato.
Como se dijo antes, este herbicida es el principio componente del Roundup, el herbicida desarrollado por Monsanto de mayor difusión en el agro local aunque, vale aclararlo, en la Argentina también se ofrece bajo marcas como Zamba (comercializado por Nidera), Sulfosato (Syngenta), o Sitrin (Bayer).
En julio de 2016, un trabajo que lleva la firma de, entre otros, Alicia Ronco -fallecida en noviembre de ese mismo año- y Damián Marino, investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), confirmó que la cuenca del río Paraná, considerada la segunda más importante de Sudamérica detrás de la que comprende al Amazonas y con desembocadura en el Río de la Plata, está altamente contaminada con glifosato o AMPA, metabolito originado de su degradación.
En el mismo mes pero de 2017, otra investigación científica llevada a cabo también por científicos del CONICET y el EMISA (Espacio Multidisciplinario de Interacción Socio Ambiental) -vinculados a la UNLP-, reveló que el herbicida que se aplica en la práctica agropecuaria no desaparece de los campos.
Por el contrario, y dada la enorme cantidad pulverizada y la afectación de los microorganismos encargados de su degradación, el glifosato no hace más que acumularse en las tierras con todo el riesgo tóxico que esto implica.
Otro estudio contundente en cuanto a demostrar la toxicidad del compuesto fue realizado por Andrés Carrasco, un científico que -fallecido en mayo de 2014- llegó a presidir el CONICET y probó que la sustancia produce desde muerte celular hasta malformaciones.
En Francia, investigaciones del científico Gilles-Eric Séralini aportaron nuevos argumentos a lo expuesto por Carrasco en la Argentina. "Trabajamos en células de recién nacidos con dosis del producto cien mil veces inferiores a las que cualquier jardinero común está en contacto. El Roundup programa la muerte de esas células en pocas horas", indicó el profesional galo, especialista en biología molecular.
De avanzar con un marco legal sustentado en el documento presentado ahora por Etchevehere, Bergman, Barañao y Rubinstein, el macrismo habrá solidificado un modelo agropecuario que va a contramano de los países que entienden que la producción intensiva con agrotóxicos implica un riesgo grave para el ambiente y las poblaciones.
Y que, producto de ese aspecto, la opción más conveniente a futuro consiste en avanzar hacia esquemas de cultivo de naturaleza agroecológica.
Estas naciones, mercados del primer mundo con creciente orientación hacia el consumo orgánico, probablemente inauguren para la Argentina en el mediano plazo y por "exigencia del cliente" un cambio de labor agraria que, queda a la vista, el segmento político predominante hoy no está dispuesto a dar.
Información de Iprofesional
Fuente: Noticiauno
