Mientras el gobierno nacional avanza en la consolidación de un modelo agropecuario con más glifosato y desestima los estudios científicos que confirman la toxicidad para la salud de los agrotóxicos, en la provincia, -paradójicamente- el titular de la cartera de Ambiente se mostró en línea con los conceptos que argumentan la defensa del veneno. Dichos argumentos, esgrimidos por autoridades nacionales –repudiados por los ambientalistas y profesionales que denuncian la contaminación y enfermedades-, son tomados de las propias industrias que fabrican los pesticidas.
El secretario de Ambiente de la provincia, Martín Barbieri, dijo a la agencia Apf que está “esperando ansioso” el documento con 23 recomendaciones para la aplicación de agrotóxicos que presentaron el miércoles funcionarios nacionales.
Ese documento establece las bases de una ley nacional que el gobierno de Macri plantea enviar al Congreso. No contempla distancias de fumigaciones de áreas pobladas, propone las denominadas "Buenas Prácticas Agropecuarias" (BPA), un combo de postulados desarrollado por compañías como Monsanto, Bayer, Dow, BASF, Syngenta y DuPont, en alianza con organizaciones del campo como AAPRESID, la asociación que nuclea a los productores que hacen siembra directa, que considera a los agrotóxicos insumos inocuos y biodegradables, avala la aplicación de prácticamente cualquier plaguicida, cuestionan criterios como la instauración de zonas libres de aplicaciones en torno a puntos habitados, y entienden a las situaciones de contaminación como "casos de mala praxis". Además entienden que los agrotóxicos no implican riesgo para la salud.
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Para Barbieri a partir de este documento nacional “puede surgir una propuesta superadora” y dijo que está “esperando ansioso” encontrarse con la guía para ponerla a consideración de la gente, a través de una ronda de consulta durante “30 días” desde el 20 de julio.
“Con este tipo de acciones colaboramos para que no haya inconvenientes con el ambiente y evitamos problemas en la salud; a la vez que evitamos que se llegue a instancias como en la ciudad de Gualeguaychú donde se prohibió el glifosato”, dijo el funcionario de Ambiente de Entre Ríos.
“Yo creo personalmente que no es la solución prohibirlo, respeto la decisión del Concejo Deliberante -Gualeguaychú- pero el problema de fondo es la mala aplicación”, consideró Barbieri utilizando justamente los falaces argumentos de las empresas que fabrican los agrotóxicos y en la misma línea de lo expresado por los funcionarios nacionales para defender el glifosato.
“Hay varios momentos en la cadena de aplicación donde puede haber inconvenientes, desde la adquisición hasta la disposición final del bidón. La mayor parte de problemas se da en el campo, los aplicadores no hacen las fumigaciones en presencia de un profesional o la receta no se confecciona como corresponde; ése es el ABC de las buenas prácticas”, insistió Barbieri en su defensa del modelo agropecuario con GLIFOSATO.
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Glifosato y 2,4-D, ambos vinculados directamente con el aumento de los casos de cáncer por la OMS, atrazina -de uso prohibido en Europa desde 2004 por su toxicidad elevada-, clorpirifos -su desarrolladora, Dow, fue condenada en EE.UU. por ocultar contaminaciones agravadas-, cipermetrina -letal para peces y abejas-, encabezan el listado de agrotóxicos de mayor uso en el agro local.
El posicionamiento del macrismo a favor de una aplicación intensiva de estos químicos es observado por los fabricantes como un incentivo para traer al país nuevas variedades de estas formulaciones.
Según entidades del sector agrícola, se estima que el negocio de la venta de pesticidas en la Argentina mueve alrededor de u$s3.000 millones al año.
"Monsanto, Bayer, están a los abrazos con este tipo de impulsos que promueve el Gobierno nacional y que ya encontró en Barbieri a un aliado en la provincia.
Lamentable.
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Las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) son el sustento de la bibliografía con la que confeccionaron el documento de 23 páginas que espera “ansioso” Barbieri.
Debe destacarse que el mismo engloba buena parte de los manuales y folletos que Monsanto y sus similares han hecho circular en los últimos años con el fin de blindar la comercialización de agrotóxicos.
Un ejemplo: en el detalle del sostén técnico de la propuesta nacional asoma como primer material consultado las "Pautas sobre aplicaciones de productos fitosanitarios en áreas periurbanas", un compilado desarrollado por AAPRESID y cámaras de productores de pesticidas como CASAFE y CIAFA.
Cuando se consulta a fuentes oficiales sobre el por qué de la inclusión de estos contenidos impulsados por la misma industria, el argumento que predomina es que las compañías del sector son las únicas que han investigado en la Argentina el efecto de los pesticidas.
La posición del gobierno nacional choca de frente con innumerables trabajos científicos independientes que exponen las graves consecuencias sanitarias que genera el empleo de venenos para producir alimentos.
De hecho, más de 800 trabajos publicados en revistas internacionales demuestran la elevada toxicidad del glifosato.
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Monsanto manipuló estudios sobre el Glifosato. Lo reveló una corte federal de San Francisco en un informe sobre el herbicida Roundup.
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Entre los documentos que la Corte tiene en su poder, se incluyen mensajes del correo electrónico interno de la empresa y correos entre Monsanto y los reguladores federales por lo que se presume que la compañía tenía una investigación fantasma la cual, posteriormente, fue atribuida a los académicos.
También se indicó que un alto funcionario de la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA por sus siglas en inglés), había trabajado para ocultar un comentario negativo sobre el glifosato, el principal ingrediente de Roundup.
Los archivos fueron develados por el juez Vince Chhabria, un magistrado que se encarga de llevar adelante los juicios de personas que aseguran padecer el linfoma no-Hodgkin, un tipo de cáncer que surge en los linfocitos, por haber estado expuesto a esta sustancia.
Hace dos años, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer determinó que el glifosato es cancerígeno. Según publica el New York Times, documentos judiciales indican que los ejecutivos de Monsanto sabían de antemano la determinación hecha por un director adjunto de división en la EPA, Jess Rowland y que este, había prometido hacer retroceder el informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos para llevar a cabo su propia revisión.
Ya no son los denostados ambientalistas, ni los activistas contra las fumigaciones que fueron tratados como “terroristas” por el ministro de Ciencia de la Nación, los que dejan al descubierto las maniobras fraudulentas de los gigantes de los agrotóxicos.
Entonces, para dejar en claro, las declaraciones del titular de Ambiente de la provincia claramente convalidan las mentiras de Monsanto.
Una vergüenza.
¿En qué manos está el medio ambiente de Entre Ríos?
Fuente: Noticiauno
