Finalmente, este viernes se conocieron los detalles del acuerdo que el Gobierno firmó con el Fondo Monetario para acceder a un programa de asistencia "stand-by" por u$s50.000 millones que permitan "proteger" el sistema financiero argentino. Y ya comenzó la polémica.
En el "staff report" que los técnicos del organismo elevaron al directorio se recomienda "vender tierras" y amortizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES para financiar el pago de reclamos jubilatorios.
Para lograr disminuir el déficit primario y llevarlo a 2,7% del PBI este año y a 1,3% en 2019, proponen retrasar la implementación de partes de la reforma tributaria aprobada recientemente hasta 2020 como un medio para preservar los ingresos.
También sostienen que habría que "mantener la tasa promedio de impuestos a la exportación en productos de soja en 25,5%", a pesar de que Mauricio Macri adelantó que no se iba a modificar el cronograma de las retenciones. Hoy, están en 26,5% para la exportación del poroto y de 23,5% para los subproductos y derivados.
La divulgación de este punto, seguramente resulta espinoso para el Gobierno, que -tras idas y vueltas- deberá definirlo cuando faltan pocos días para la apertura de la Exposición Rural de este año, que comenzará el miércoles 18.
Los técnicos del FMI recomiendan, además, "vender tierras y amortizar los activos de los fondos de pensiones que actualmente tiene el Gobierno para financiar parcialmente el pago de los reclamos de pensiones pasadas".
Además, pide acelerar la reducción de subsidios y recortar el gasto, aunque da detalles de que habría que disminuir "la masa salarial mediante la reducción del empleo público a través del congelamiento a los ingresos en la administración nacional (excluyendo universidades) para 2019 y 2020".
Los puntos principales
*Vender tierras e inmuebles públicos y amortizar los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES. Esto tiene como finalidad financiar el gasto público en causas judiciales por jubilaciones.
*Fijar las retenciones a "la exportación de productos de soja" en 25,5%.
*Seguir bajando "subsidios ineficientes a la energía y el transporte"
*Bajar 15% el gasto público en bienes y servicios en términos reales este año, además de continuarlo en 2019.
*Demorar hasta 2020 la implementación de algunas disposiciones establecidas en la reforma tributaria (la reducción de cargas laborales para los empleadores y la posibilidad de deducir impuesto al cheque del impuesto a las Ganancias)
*Poner un "techo" a la suba nominal de los salarios estatales al 8% entre junio de 2018 y junio de 2019.
*Reducir la nómina de trabajadores estatales recortando, prescindiendo de los "empleados no prioritarios" en 2018. Y frenar las contrataciones en el sector público en 2019 y 2020, salvo en las universidades.
*Ajustar las transferencias a empresas del Estado un 15% el año próximo.
*Bajar las transferencias a las provincias 1,2% del PBI en 2019. Pero este ajuste debería completarse con recortes en los gastos provinciales en bienes, servicios y salarios, es decir, una profundización del ahorro fiscal en las provincias.
*Bajar 0,6% del PBI el gasto en capital. En este caso, el FMI espera que los proyectos de Participación Público-Privada conserven el nivel de actividad de la obra pública.
Ya empezó el ajuste
Se "bajaron" proyectos de obra pública para cumplir con las recomendaciones del Fondo. Los últimos casos son los de dos centrales nucleares y de una represa para generar energía. Se trata de las centrales Atucha III y Sierra Grande, más el proyecto hidroeléctrico de Chihuidos.
Fuente: iProfesional
