Con la crisis económica, cada vez más acuciante, crece el negocio de los prestamistas, que ofrecen créditos “menores”, sin garantías ni documentación, y cobran a diario y a domicilio aplicando tasas usurarias que hacen que la deuda se torne “impagable”. Las víctimas de este sistema ilegal -que paradójicamente representa una salida de emergencia para muchos de quienes viven en los barrios más carenciados- son extorsionadas y “apretadas” cuando la situación se complica y no pueden devolver según lo pactado.
Asfixiados por la necesidad, y por temor y hasta por vergüenza, no se atreven a denunciar los mensajes intimidatorios y amenazas que forman parte del modus operandi de los “prestamistas colombianos”.
Esto está sucediendo, entre otras ciudades, en Concordia.
Una fuente que pidió resguardo de su identidad confió a NOTICIAUNO que allí opera una verdadera banda que es “una derivación de la mafia colombiana”, cuya existencia ya han denunciado varios medios de distintos puntos del país.
Esta “sociedad”, integrada en su mayoría por personas que provienen de Colombia, se dedica a prestar dinero con intereses usurarios en los barrios más humildes de Concordia.
A veces “realizan la cobranza diaria a domicilio a través de los carreros de muebles”, otras, “hacen los préstamos y las respectivas cobranzas en moto”.
Aunque en apariencia se dedican a una actividad “legal”, se sospecha que detrás existe una verdadera red delictiva que goza de protección política y judicial.
Las sospechas giran en torno al origen del dinero que prestan y a la “protección” que les permite operar a plena luz del día.
Creen que los fondos que manejan “los colombianos” provienen del narcotráfico y que el circuito de la usura les permite “lavar” la plata y “multiplicar” sus beneficios, a costa de la vulnerabilidad de grandes franjas de la sociedad.
Lo que sorprende es el silencio y la inacción de las autoridades judiciales y de funcionarios de Migraciones.
En Concordia, no son pocas las víctimas del accionar de estas bandas, que padecen no solo la usura sino también “los aprietes cuando no pueden devolver el dinero en el plazo pactado”.
Es altamente probable que la ola de inmigrantes colombianos ilegales que arribó a la ciudad de Concordia, lo haya hecho de la mano de una red dedicada también al tráfico de personas.
Es vox pópuli que “un grupo de personas provenientes de Colombia son traídos a la ciudad por alguien que los hace trabajar de esta forma”.
En la capital del citrus “hay unos 20 colombianos indocumentados que viven hacinados en un galpón”.
Puntualmente, “en el barrio Lavardén hay un aguantadero donde viven en condiciones de hacinamiento unas veinte personas de origen colombiano, que además, están enganchados de la luz”.
El aguantadero “está ubicado al lado de un conocido estacionamiento de camiones”.
Lo que los vecinos ven parece invisible para las autoridades.
“Algunos de ellos incursionan luego en el negocio de la droga y terminan operando como dealers”, agrega la fuente.
“La plata que recaudan de la venta de droga la reciclan en el circuito de la usura que les permite multiplicarla varias veces”.
Otros son “mandaderos en moto a domicilio” donde llevan el dinero que prestan a tasas usurarias y “después pasan a cobrar cada semana o por día”.
También encontraron la forma de eludir algunas de las consecuencias legales. “Como el inmigrante ilegal es considerado una víctima del delito de Trata, es expulsado al país de donde provino. Para evitar ser deportados, muchos colombianos buscan conocer a adolescentes que viven en condiciones de extrema precariedad. Tienen hijos argentinos y después resulta imposible deportarlos”.
Así obtienen su radicación “legal”. Como padres de un niño argentino.
Fuente: Noticiauno
