El juez Claudio Bonadío mandó a publicar un "resumen" de la causa de los cuadernos a través de la página de Centro de Información Judicial (CIJ), un organismo que responde a la Corte Suprema.
La decisión de Bonadío impactó fuerte en tribunales, porque el "resumen" que filtró el juez da por hecho que se procesará a los involucrados, mediante el poco ortodoxo mecanismo de anticipar una decisión tan delicada mediante un comunicado de prensa y sin que los abogados defensores todavía puedan acceder a tramos críticos del expediente.
Pero más allá de la bronca que generó el resumen, el punto que por estas horas miran con más atención los tribunales superiores que deberán revisar lo actuado -según se desprende del texto del CIJ- es que Bonadio decidió que la investigación se corte retroactivamente en 2008.
En la minuta cedida al CIJ el juez menciona a Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita y sostiene de manera explícita que la investigación se concentrará en los hechos ocurridos entre los años 2008 y 2015, cuando los acusados "procuraron la percepción de sumas de dinero ilegítimas, por parte de diversos particulares, muchos de ellos, empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional".
El corte dispuesto por Bonadío dejaría afuera de la investigación parte del relato del chofer Centeno y testimonios claves como los de Claudio Uberti, que integró el gobierno hasta 2007. Ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) y hombre clave por aquellos años del equipo de De Vido, declaró ante el fiscal Carlos Stornelli que desde la esfera más alta del poder estaban "al tanto" del traslado de los bolsos con dinero.
Además, detalló con mucha precisión los sucesivos pagos de coimas que realizó Techint a través de Luis Betnaza y también involucró en el pago de sobornos al fallecido empresario José Relats, operador a través de su hija del elegante Hotel Los Sauces del Calafate, proyecto personal de la ex presidenta. Ambos hechos se produjeron en el 2007, por lo que la decisión del juez dejaría fuera de esta causa tanto a Betnaza como a Héctor Zabaleta, con la curiosidad que ambos confesaron la veracidad de los hechos relatados.
Otro testimonio clave fue el de Carlos Wagner, el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción que mencionó a varias empresas en el circuito de las coimas y por eso podría salpicar incluso a la familia del Presidente. Habló de un sistema que empezó en 2003 de mesas de cartelización y reparto de obra pública en base al pago de coimas, del que ya en 2004 participaba Iecsa. En ese entonces, la firma no estaba a nombre de Ángelo Calcaterra sino de la familia Macri.
Se trata de al menos dos testimonios que podrían ser impactantes para desentrañar el esquema de corrupción del kirchnerismo y de los empresarios de obra pública, pero que ahora aparentemente quedarían en la nebulosa por la decisión de acotar el período. Esto siempre teniendo en cuenta la escasa información suministrada por Bonadio, polémica sobre todo porque no se conoce la justificación de porque se corta la investigación en 2008.
Las críticas que generó esa decisión hizo que desde sectores ligados al oficialismo se intentara argumentar que los delitos anteriores al 2008 están prescriptos. Esto sería así porque al ser asociación ilícita el delito investigado el plazo de prescripción serían 10 años (el máximo de condena por ese delito).
No obstante, abogados explicaron a LPO que no corre esta posibilidad porque el artículo 67 del Código Penal es taxativo en que la prescripción "se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público".
Es decir que en todo caso el plazo de prescripción comenzaría a correr el 10 de diciembre de 2015, día en el que Cristina Fernández de Kirchner y Julio De Vido, por ejemplo, dejaron la función pública.
Alejandro Rúa, abogado de Amado Boudou, explicó que el corte temporal de Bonadio tiene que ver con el requerimiento de instrucción del fiscal Stornelli, aunque éste aclaró que no descarta "la posibilidad de que (la asociación ilícita) hubiera operado aún antes o después de aquellos años", es decir entre 2008 y 2015. "El objeto de proceso lo fija el requerimiento de instrucción, que fue bastante claro en cuanto a los tiempos, más allá de que puede ser ampliado cuando lo impongan los nuevos elementos del caso", señaló el letrado en redes sociales.
