El primero en declarar fue el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, porque tenía que irse a las 12. Le siguió el periodista Martín Carboni de Noticiauno, el medio que publicó la investigación sobre las contrataciones de Sidecreer a empresas compuestas por familiares y amigos de Juan José Canosa. Después llegó el turno del director del Instituto Autárquico Provincial del Seguro (IAPSER) y ex titular de Sidecreer, Tomás Proske. También depuso el vocal del directorio de Enersa y ex integrante de Sidecreer, José Bechara; el senador provincial, Raymundo Kisser (Cambiemos); y el titular de la Contaduría General de la provincia, Aurelio Miraglio. Uno de los seis hizo una declaración durísima. Además, se supo que se incorporará por lectura la exposición del titular del Tribunal de Cuentas (TdC), Federico Tomas.
La apertura del juicio oral y público al expresidente de Sistema de Crédito Entre Ríos (Sidecreer) entre 2007 y 2015, Juan José Canosa, acusado por el delito de negociaciones incompatibles con la función público, estuvo a cargo del Ministerio Público Fiscal que adelantó que durante los debates, que se extenderán hasta el próximo 5 de septiembre, se buscará probar la responsabilidad del actual asesor legal de la Cámara de Diputados en los cargos que se le imputan.
-¿Entendió la acusación? –le preguntó a Canosa, en el arranque del juicio, el presidente del tribunal, Alejandro Grippo.
-Lo tengo bien en claro –respondió.
“Canosa es responsable del delito de negociaciones incompatibles con la función pública”, anticipó el fiscal Juan Malvasio, y planteo que junto al fiscal Santiago Brugo “vamos a acreditar” que Canosa, siendo presidente de Sidecreer, contrató con las empresas Excelcom, con la empreas Texmer y con la empresa JDR en 32 oportunidades”. Malvasio dijo que durante la presidencia de Canosa en Sidecreer se contrató a Excelcom “por sumas sorprendentes” 16 veces, montos que superaron los 110 mil dólares, y el millón de pesos. “Esa empresa está a cargo de Diego Urba, amigo del imputado Canosa, quien se encuentra casado con María José Cuesta. Le pido al tribunal que ponga atención a estos nombres porque van a ser nombres muy recurrentes”.
Siguió Malvasio. Con Texmer, Sidecreer contrató en 7 oportunidades. Esa empresa, abundó, estaba integrada por Mirta Gueler y Carlos Alberto Canosa. Mirta Gueler es mamá de María José Cuesta, y Carlos Canosa, hermano del imputado, vive en pareja con Alicia Cuestas. Ambas hermanas son hijas de Mirta Gueler. “Estas contrataciones fueron por aproximadamente una suma de $1.350.000” (a valor histórico), apuntó.
El fiscal siguió su presentación y sostuvo que durante los debates “probaremos también que Canosa contrató 9 veces con la empresa JDR Construcciones, que es de José Daniel Romero. Es tío político del imputado Canosa, debido a que está casado con María del Carmen Paul, hermana de Nélida Paul, la mama del imputado Juan José Canosa. Esas contrataciones fuer por la suma de $400 mil” (a valor histórico).
“Vamos a probar que Canosa, en su rol de funcionario público, se interesó en contratar a familiares y amigos, con el único propósito de beneficiarlos, afectando la imparcialidad de todo funcionario que contrata en nombre de la Administración”, planteó Malvasio.
Ese es un dato que la Fiscalía buscó probar: que Canosa revistió, como presidente de Sidecreer, el carácter de funcionario público, y que la tarjeta oficial es una empresa del Estado. Y que por lo tanto cometió un delito que se le enrostra a un funcionario público.
Refutación
Le tocó al defensor Barrandeguy tomar distancia de las imputaciones del Ministerio Público Fiscal.
Dijo que su parte se encargaría de “probar la teoría del caso”, según la cual “no hay nada en la acusación que se le pueda enrostrar a Canosa como ilícito, como indebido. Absolutamente nada. En ningún momento de los antecedentes que se han desarrollado para darle base a la acusación se ha mencionado una sola norma violada”.
En su descargo ante el tribunal –compuesto por los jueces Alejandro Grippo, Alejandro Cánepa y Gustavo Pimentel- , Canosa negó haber cometido algún hecho ilícito, defendió su gestión y reprochó sus apariciones en los medios enrostrándole irregularidades que, según dijo, no cometió. “Jamás me interesé en ninguna de estas contrataciones. Jamás asumí competencia que no me correspondía. Jamás interferí en el proceso de compra. No hay una prueba de alguna acción mía que diga que yo haya asumido una competencia que no me correspondía, que vaya en contra de lo que dice la Comisión de Compras”, dijo.
Los testigos de la primera jornada del juicio a Canosa juran ante los jueces. | Foto: Análisis
Testigos
De los testigos, seis declararon en la primera jornada del juicio oral a Canosa. Federico Tomas, presidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, prefirió ampararse en las prerrogativas y declarar por escrito.
El primero en declarar fue el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, en su calidad de síndico de Sidecreer. En su declaración, Canosa dijo que fue contratado para esa función en calidad de abogado y no como funcionario público. Rodríguez Signes después lo corrigió: fue designado como síndico, precisamente, por su función de fiscal de Estado.
Lo primero que preguntó el fiscal Brugo es si Canosa estaba obligado a presentar su declaración de bienes como cualquier funcionario.
-Francamente, creo que es una competencia del Contador General de la Provincia (Aurelio Miraglio, también testigo) verificar cómo se aplica esa ley – contestó.
Le preguntó si en su rol de síndico, y de haberse enterado que en Sidecreer contrataban con empresas ligadas al presidente del organismo, hubiese hecho alguna observación. Y Rodríguez Signes contestó que el síndico “hace control de legalidad, de procedimientos”, y de ese modo descartó inmiscuirse con qué empresa contrata, y cuál es la conformación societaria de las firmas proveedoras.
-Si hubiese advertido que Canosa adjudicaba una licitación privada al hermano, ¿qué observación hubiera hecho? –insistió Brugo.
-Tendría que verlo en el caso concreto. Yo vengo a esta audiencia sin conocer cuál es la imputación. Pero por razones éticas, personales, yo me hubiera excusado de firmar un contrato con un familiar.
Rodríguez Signes dejó en claro que, aunque es una sociedad anónima (SA), Sidecreer está conformada societariamente por dos organismos del Estado, el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas) y el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser), y por lo tanto está sometido a los controles del Tribunal de Cuentas y de la Contaduría General de la Provincia.
“Está dentro del sector público provincial”, abundó.
Después, declaró el periodista Martín Carboni, del diario Noticiauno, quien reveló las contrataciones de Canosa con familiares y amigos. Contó de qué modo se acercó al caso, cómo lo investigo y cómo le fueron llegando datos para publicar esa investigación que, después, sirvió de base para la causa judicial.
Tomás Proske, actual director del IAPSER, presidente de Sidecreer entre abril y octubre de 2017, fue el tercer testigo. Aclaró que siendo titular de la tarjeta jamás hubiera contratado con familiares o amigos. Lo hubiera hecho, aclaró, si se tratase de una “materia específica, en la que no hubiera otra posibilidad”.
Proske aclaró que, durante su gestión al frente de Sidecreer, no se hizo la acostumbrada maratón de la tarjeta, “porque no estaba dentro de las prioridades”.
Dijo que el fiscal de Estado es síndico por ese rol que cumple, y que “para mí, Sidecreer es una empresa del Estado”.
Le siguió otro expresidente de Sidecreer, José Horacio Bechara, que ejerció entre diciembre de 2015 y marzo de 2017. Aclaró que en su cargo fue designado por asamblea de accionistas, previo a ello fue nombrado por el gobernador Gustavo Bordet.
Dijo que presentó su declaración de bienes por cuanto entiende que Sidecreer es una empresa del Estado.
Bechara dijo que "nunca adjudicó a un familiar o amigo como presidente de Sidecreer" y aseguró que si le hubiese llegado a licitación algún familiar o amigo, "no lo hubiese adjudicado porque estaría contra la ley".
Como presidente de la tarjeta, Bechara estuvo en la nómina de autoridades de la provincia. "Generalmente, todos los presidentes de empresas descentralizadas estábamos en la nómina", admitió.
-¿Hay alguien dentro de la nómina de autoridades de la provincia que no sea funcionario público?, le preguntó Brugo.
-No, respondió el testigo.
El senador Raymundo Kisser dijo que escogió declarar en forma personal y renunciar a sus fueros porque “es mi deber, y porque los fueros son privilegios. Soy un ciudadano común, y quiero dar el ejemplo y no amararme en privilegios”.
“El presidente de Sidecreer es funcionario público, y tiene que presentar declaración jurada de bienes”, afirmó. Contó de qué modo le llegó la preocupación por la situación en la que había quedado Sidecreer tras las dos gestiones de Canosa, y que a partir de la información con la que se pudo encontrar fue que resolvió presentarse en la Justicia.
“Se estaban direccionando los negocios a favor de un grupo de empresas vinculadas a la familia de Canosa , y lógicamente esto me hizo presumir de que esto eran negociaciones incompatibles, y esto fue lo que motivó la denuncia”, completó.
Al final, estuvo el Contador General de la Provincia, Aurelio Miraglio, quien ejerce esa función desde el 15 de agosto de 2012.
Reveló que Canosa “estaba obligado a presentar declaración jurada de bienes. Entiendo que estaba obligado por cuanto Sidecreer es una sociedad anónima, pero con capital 100% del Estado”.
De ese modo, cada uno de los testigos fueron desarmando la teoría del caso de la defensa: que Canosa no fue funcionario público, y que Sidecreer no es sociedad del Estado.
El juicio ocurre después de que el 14 de septiembre de 2017 se realizara la audiencia de remisión a juicio de la causa Canosa, y en la cual el fiscal Juan Malvasio dijo: “Se ha agotado la investigación penal preparatoria y existen elementos de convicción suficientes para dar por acreditados los hechos”. En esa ocasión, la Fiscalía adelantó el pedido de pena que harán: 5 años y 6 meses de cumplimiento efectivo, más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Las audiencias continuarán este jueves, a las 9.
Fuente: Entreriosahora//Análisis
