Molinos Río de la Plata, procesadora de alimentos y exportadora de granos de Pérez Companc, obtuvo un guiño del gobierno de Mauricio Macri para zafar de una deuda fiscal por 70 millones de dólares. El presidente de la Nación ordenó revocar una resolución del gobierno anterior, que dejaba a la firma Molinos expuesta a una pretensión fiscal de la Aduana por dicho monto, originada en gravámenes sobre exportaciones efectuadas entre los años 2007 y 2008.
La Administración Nacional de Aduanas le inició el reclamo a Molinos por una diferencia de tributos que resultaría de aplicar un aumento de alícuotas dispuesto por el Estado a fines de 2007. En enero de 2008, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dispuso que el aumento la alícuota para las exportaciones de productos agrícolas establecido en noviembre de 2007 sería retroactivo para las ventas registradas pero que aún se encontraran pendientes de embarque. Para no tener que pagar, los exportadores debían acreditar la tenencia de los bienes a ser exportados.
Molinos asegura haber recibido cargos por declaración jurada sobre los cuales puede acreditar la mercadería de diciembre de 2008 a septiembre de 2017, según consignó en su último balance anual (2017). En el sitio oficial del Ministerio, la primera exportación de la empresa que, según la institución, no cumplía con estos requisitos figura con fecha de presentación a septiembre de 2007 y corresponde a la venta de aceite de girasol en bruto a granel. El monto reclamado por el fisco, según reconoce Molinos en sus estados contables, asciende a u$s 70,7 millones. Esto derivó en reclamos de la compañía, que, en 2015, tuvieron una respuesta negativa por parte del ministerio de Agricultura que, entonces, conducía Carlos Casamiquela.
Ahora, por un decreto publicado este lunes, Macri le ordenó al Ministerio de Agroindustria que resuelva la situación de la empresa. “Resuélvase el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa Molinos Río de la Plata contra la resolución ex ONCCA 1898, del 21 de julio de 2008”, señala el texto del decreto. “El recurso jerárquico bajo examen ha sido interpuesto en legal tiempo y forma, por lo que resulta formalmente admisible”, apunta el decreto que firmó Macri, a favor de la pretensión de Molinos. Tomó en cuenta, para ello, la opinión de la Procuración del Tesoro, que consideró que no correspondía rechazar lo presentado por la empresa. Es decir, que cuestionó la resolución tomada por el ministro Casamiquela en el año 2015.
Al ordenar dar por anulado esa última resolución, Macri volvió a poner en carrera el reclamo de reconsideración de Molinos contra la demanda fiscal equivalente a unos 70 millones de dólares, dejando abierta la posibilidad de revertirla. Voceros de la empresa consideraron que la respuesta “va en línea con la defensa que planteamos desde el inicio”, según una declaración que recoge el medio especializado en negocios Apertura. Aunque no tendrá un efecto inmediato sobre la resolución del conflicto, los representantes de Pérez Companc explicaron que, de este modo, los expedientes seguirán su curso habilitando el planteo de la compañía. Aunque no dan el hecho por ganado, celebraron el guiño favorable que le hizo el actual Presidente de la Nación.
