El ajuste es de 500.000 millones ante un inflexible y enojado FMI

 

Sea cual fuere el próximo Gabinete nacional, el Gobierno le deberá mostrar mañana al Fondo Monetario Internacional (FMI) un ajuste fiscal primario entre el 2018 y el 2019 de aproximadamente $500.000 millones; para llegar a un desequilibrio el próximo año de menos de 0,3% del PBI.

Esto es unos 250.000 millones más que lo comprometido en el primer acuerdo firmado con el organismo que maneja Christine Lagarde en junio pasado.

Además, para que el plan sea creíble en Washington, deberá tener un apoyo político importante; y los enviados que lleguen mañana a la capital norteamericana tendrán que mostrar que hay cierta capacidad para que el ajuste comprometido sea aplicable.

Para los hombres y mujeres que comanda Lagarde, a esta altura, no es cuestión de nombres; sino de posibilidades de ejecución.

El Gobierno enfrentará la nueva etapa económica, quizá la última de su gestión, con el mal trago de ejecutar un plan donde la mayor parte del esfuerzo se dará en una mayor presión impositiva; superando el nivel tributario que el país vivía en diciembre de 2015; cuando Mauricio Macri llegó al poder.

Por lo que se sabe, prácticamente todos los sectores de la sociedad, en mayor o menor medida, pasarán a pagar más impuestos; de manera directa o indirecta.

Y, también por lo que se sabe, la baja de gastos será casi simbólica. Según fuentes oficiales, no hubo tiempo político ni físico para pensar otro tipo de alternativa, ante la angustia de una crisis terminal que hoy tendrá un nuevo round.

En grandes números, el ajuste fiscal primario que el Gobierno le presentará al FMI obedece a un mecano diseñado por Nicolás Dujovne entre el jueves y ayer; mientras los vendavales de su continuidad azotaban Olivos. El número final deberá llegar a los $500.000 millones.

El principal aporte para conseguir este monto deberá ser aportado por el nuevo esquema de retenciones generalizadas a las exportaciones, tanto primarias como industriales. El número máximo que está en carpeta sería de entre un 7 a un 10% total.

Según los datos preliminares de proyecciones de exportaciones para el próximo año elaborados por el ministerio de Producción de Dante Sica, en 2019 el nivel de ventas al exterior llegaría a los u$s70.000 millones, con lo que se llegaría a los u$s7.000 millones de ingresos extras por las nuevas retenciones.

Este dinero sería además aportado por las principales 20 empresas exportadoras del país, en su mayoría cerealeras, automotrices y alimentación.

Al precio actual del dólar, ese 10% de retenciones equivale a unos $250.000 a 280.000 millones; con lo que sólo con esta medida la mitad del ajuste comprometido estaría alcanzado.

Ahora se entiende por qué había sido el primer lugar en el que el FMI había puesto la mira, aún antes de la megadevaluación de la semana pasada.

El ajuste comprometido continúa luego con la rebaja ya negociada con las provincias que debería llegar a los $100.000 millones; y que incluye la reducción del Fondo sojero ya anunciado y la rebaja en los envíos para obras públicas discutido con los gobernadores.

Según estos, sus administraciones, en conjunto, ya hicieron la totalidad del ajuste.

Según los números del Gobierno la rebaja del gasto llega a $70.000 millones y se necesitaría un esfuerzo extra de 30%. No hay mucho tiempo para partir la diferencia.

El acuerdo deberá ser presentado mañana; y el dinero restante debería obtenerse en la suspensión de la reducción de ingresos brutos y otros impuestos regionales que hace sólo dos meses habían sido negociados entre la Nación y los gobernadores.

Si se cumplieran los números anteriores, el ajuste restante se ubicaría entre los $120.000 y 150.000 millones. Ese es el dinero que debe ajustar el Poder Ejecutivo, y que debe desmembrarse en una baja en los subsidios a las tarifas de servicios públicos y el transporte; obra pública, gastos en salarios y bienes y servicios.

Esto, sumado al último paquete de reforma de los reintegros a las exportaciones y las promesas de reducción extra del gasto de unos $10.000 millones. En este ítem se incluye la reducción de ministerios y secretarías, una medida más simbólica que efectiva en la reducción del gasto, pero necesaria ante el tamaño del ajuste que deberá presentarse ante la sociedad.

Para cerrar la cifra final, restarían entre $20.000 y $40.000 millones; y aquí aparece un capítulo polémico del paquete. El Gobierno deberá indefectiblemente trabajar sobre los ingresos corrientes. Esto es, mayor presión impositiva.

En carpeta figura la suspensión del capítulo de rebaja de tributos de la última reforma (aportes previsionales, baja de los aportes patronales, la exención del impuesto a las Ganancias para los inversores no residentes, los beneficios para la reinversión de utilidades y la devolución anticipada de saldos de IVA por las inversiones que hagan las compañía largo plazo).

En otras palabras, de la última reforma tributaria, queda vigente el capítulo de suba de impuestos y se suspende el de las reducciones.

En estudio hay además otras medidas, como la suspensión de una o dos categorías del monotributo, mayor presión en Ganancias, suspender la reducción en Bienes Personales y el impuesto al cheque y hasta una suba "temporal" en la alícuota del IVA.

Los alcances terminarán de definirse hoy. Se debe sumar además la promesa de avanzar sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del ANSES, como condición indispensable para financiar el programa de "reparación histórica"; lo que deberá incluir la venta de acciones de empresas hoy en poder del Estado luego de la reestatización de las AFJP en 2008.

Se espera que este paquete tenga algún guiño opositor, y que el FMI lo acepte como prenda de amor de la promesa de ajuste final del gobierno de Mauricio Macri.

Existe en Buenos Aires el temor que el FMI pida sacrificios extra. Incluso varios políticamente difícil de avanzar como reformas previsionales y laborales.

La presentación de este paquete ante el FMI, la hará mañana el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne. Se podría sumar luego el presidente del Banco Central Nicolás Caputo, o el vicepresidente de la entidad Gustavo Cañonero. Se negociará durante cinco jornadas, y se espera que para el 15 de septiembre el capítulo FMI estará terminado.

Fuente: Ambito