La iniciativa, que ahora pasa a la Cámara de Diputados, fue presentada por el senador del departamento La Paz, Aldo Ballestena, en agosto del año 2016.
El propio Ballestena indicó que “se intenta una política de contención que debe realizar el Estado cumpliendo con uno de sus roles indelegables, como es el de proteger a los niños”.
“Es un intento de reparar el daño ante la pérdida de algunos de los progenitores”, agregó, destacando la importancia de contar con un sustento para que los chicos logren el desarrollo como personas.
Afirmó que “los niños son las víctimas colaterales de la violencia de género” y relató el derrotero que muchas veces deben recorrer, “en el duro camino de la orfandad”.
Brindó detalles estadísticos que sustentan la necesidad de poner en marcha la herramienta que se propone y consideró que “es obligación de los legisladores actuar para buscar el modo de ayudar a quienes deben ser contenidos y acompañados por el Estado”.
El trabajo del Senado
Durante el estudio en comisión, los senadores se reunieron con autoridades del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y con representantes de la Justicia, entre los que se pueden contar al titular del Ministerio público de la Defensa del Superior Tribunal de Justicia, Maximiliano Benítez y a la titular del Copnaf, Marisa Paira.
En uno de esos encuentros el doctor Benítez felicitó la iniciativa y coincidió que, teniendo en cuenta la cantidad de casos que hay en la provincia, no sería una erogación importante. Destacó el sentido de acompañar al niño y tratar de integrarlo plenamente en la sociedad.
En todos los encuentros siempre sobresalió la idea de dar protección a los sectores más vulnerables, lo que será determinado con la participación a través del informe del Copnaf o la Justicia.
La historia del proyecto
En agosto de 2016 se presentó en el Senado entrerriano una propuesta para que tiende a dar contención a los hijos de quienes han sido víctimas fatales por violencia de género.
"Es un intento de morigerar el daño que sufren los que pierden su madre, asumiendo el Estado la responsabilidad de dar contención en situaciones límite", sostiene a través de los fundamentos el autor de la iniciativa, el senador de La Paz, Aldo Ballestena.
No solo en Entre Ríos se lanzaron propuestas como esta. En otras jurisdicciones, como por ejemplo en la legislatura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), se sancionó un proyecto de ley que apunta a dar una "reparación económica" a niños, adolescentes y jóvenes que hayan quedado huérfanos como consecuencia del femicidio de su madre.
Sin duda, un avance. Además, en el Congreso Nacional se dieron amplios debates para tratar de sancionar la denominada Ley Brisa.
Ese proyecto nace de desde una Organización no Gubernamental, la Casa del Encuentro, organización desde la que se difundió una estadística lacerante; en Argentina, en 2016, se registraron 290 femicidios, lo que indica un asesinato cada 30 horas y determinó que 401 hijos e hijas que se quedaron sin madre. De ese total 242 son menores de edad.
Agrega el frío análisis de los hechos que, en los últimos 9 años, en el país, 2919 hijas e hijos perdieron a su madre a causa de un femicidio. Más del 60% de ellos son menores.
Fuente: Noticiauno
