La ministra de Salud, Sonia Velázquez, relativizó la protesta que inició el martes 2 –el mismo día que se conoció la fecha de inicio de un juicio contra la cúpula del gremio- la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que dirige el diputado provincial justicialista José Ángel Allende –con varias causas judiciales pendientes-, frente a Casa de Gobierno para alertar sobre despidos encubiertos en la cartera sanitaria.
Pero la ministra de Salud salió al cruce de las críticas. Según consigna el sitio Entrerioahora, Velázquez planteó que las denuncias por supuestas reducciones de personal en el área se deben a la determinación de cortar dos suplencias extraordinarias de sendos empleados contratados durante la gestión del exministro Ariel de la Rosa, ligado al gremio de Allende, para dos personas que no cumplían funciones en ningún área sanitaria. Su puesto de trabajo era el sindicato UPCN.
“Verdaderamente, puedo decir que no hay despidos encubiertos en Salud, como denuncia. Eso es una falacia. Las únicas dos desvinculaciones que se dieron fue por dos suplencias extraordinarias de personas que no estaban cumpliendo funciones en el Ministerio de Salud, ni en algún ámbito, ya sea hospitales o centros de salud”, dijo Velázquez.
Esas dos suplencias habían sido gestionadas en 2016 para cubrir sendos lugares en el Hospital Escuela de Salud Mental y en la secretaría privada del Ministerio de Salud. Pero en ninguna de esas dos áreas pudieron dar con esos contratos. Las averiguaciones derivaron en la constatación que los dos trabajadores se desempeñaban en UPCN, y sus salarios se los pagaba el Estado. “Eso no corresponde”, lanzó la ministra.
“No corresponde que el Estado pague el sueldo de sus empleados, porque es una organización civil, no tiene relación de dependencia directa. Así, cualquier otro gremio plantearía lo mismo: que le paguemos el sueldo de sus empleados”, ejemplificó.
De La Rosa tuvo que renunciar a su cargo de ministro de Salud por los innumerables hechos que rayan con la ilegalidad y claramente están fuera de la ética pública. Sin contabilizar el deterioro que sufrió la estructura sanitaria provincial durante su gestión, que estuvo signada por la violencia y los aprietes de la mano de su “brazo ejecutor”, el gremio UPCN de su padrino político, José Allende.
Algunos antecedentes que demuestran el desapego del exministro por la protección de los fondos públicos.
El 20 de marzo de 2017, Noticiauno publicó que De La Rosa pagó cientos de miles de pesos por un curso de capacitación que era gratuito en el país. El curso costó más que el presupuesto anual destinado a Capacitación. El exministro también gastó una importante suma para festejar la firma del convenio.
El 24 de abril de 2017, este medio reveló que De La Rosa pagaba “sueldos encubiertos” a funcionarios amigos. Eran funcionarios que fueron puestos “ad honorem” y a la par cobraban contratos por cientos de miles de pesos “para burlar” los topes salariales vigentes.
Ese mismo día, el exministro De La Rosa confirmó la denuncia de Noticiauno y “admitió que pagaba sueldos encubiertos”.
El 16 de mayo de 2017, este medio publicó “Contratos para amigos: el ardid del Ministro para encubrir irregularidades”. Allí se detalla la maniobra del exministro para tratar de “corregir” las irregularidades, justo cuando la Justicia reunía documentación para abrir una investigación.
El 30 de mayo de 2017, se conoció que la Justicia comenzaba a investigar los contratos de funcionarios amigos de De La Rosa. El Ministerio Público Fiscal ordenó de oficio la apertura de una causa penal para investigar la presunta comisión del delito de "abuso de autoridad" por parte de los funcionarios involucrados. Lamentablemente esa causa, a pesar de la documentación que acredita la maniobra, aún duerme en algún cajón.
Noticiauno publicó en junio de 2017 que “De La Rosa ubicó a su mujer en el IAPSER con un sueldo de $50.000 por mes”. Daniela Carla Tomé, esposa -en ese momento- del exministro de Salud, debutó el jueves (01/06/2017) en un cargo jerárquico en el Área de Recursos Humanos del Instituto del Seguro. Lugar que ocupa actualmente.
Entre otras, estas son sólo algunas de las “acciones” de gestión de Ariel De La Rosa a cargo del ministerio de Salud de la provincia que refuerzan la denuncia de la actual titular de la cartera sanitaria.
¿La Justicia tomará nota de la “última” irregularidad del alfil de Allende?
¿Es legal que un funcionario público contrate personal en el Estado para que trabaje en un ámbito privado?
¿O correrá la misma “suerte” que la investigación sobre los funcionarios “ad honorem” que cobraban contratos indebidos?
Fuente: Noticiauno
