Efectivos de la Policía Federal realizaron un nuevo allanamiento en oficinas del Palacio Municipal, en el marco de la investigación por presuntas vinculaciones de funcionarios con la organización narcocriminal encabezada por Daniel Andrés Celis.
El procedimiento fue dispuesto por el juez federal Leandro Ríos como parte de la investigación que busca establecer la trazabilidad del dinero que se habría utilizado para el financiamiento y sostenimiento de las actividades de la banda de Tavi Celis: adquisición de cocaína, viajes dentro y fuera de la provincia, recambio de teléfonos celulares y vehículos, por ejemplo.
Según pudo saber Página Judicial, los efectivos de la División Lavado de Activos de la Policía Federal secuestraron expedientes administrativos, contables y relacionados con la distribución de publicidad.
De acuerdo con la acusación, se habrían utilizado fondos pertenecientes a la Municipalidad de Paraná para financiar las actividades de comercio de cocaína que realizaba la organización lideraba por Celis. Una modalidad, según la hipótesis del juez, consistía en una entrega regular de 50 mil pesos en efectivo, todos los meses y hasta el final de la actual gestión y la suscripción de contratos simulados con allegados al jefe de la banda, “valiéndose de una estructura administrativa-contable que habilita la disponibilidad de recursos sin control efectivo”, expuso en su momento el magistrado.
Lo que cree el juez es que para eso se utilizaban recursos públicos en forma discrecional y una vía podrían ser las partidas de publicidad.
En esa línea de investigación, el magistrado había dispuesto que peritos de la Policía Federal realizaran un informe contable que debe ser corroborado con las constancias de los expedientes administrativos.
A pesar del hermetismo judicial, trascendió que se secuestraron expedientes de la Presidencia Municipal, de la Dirección General de Despacho, de la Dirección Contable y de la Secretaría de Medios y Comunicación Ciudadana. También se incautaron documentos de la Dirección de Archivo General, en las oficinas municipales del ferrocarril.
La documentación secuestrada está vinculada con gastos de publicidad que habrían sido facturados mediante órdenes emitidas a favor de personas físicas o jurídicas sin capacidad económica o que estaban registrados en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con otro tipo de actividades.
Se supo además que hubo otro allanamiento en un estudio contable ubicado sobre calle Alejandro Carbó, que estaría vinculado a una empresa que habría recibido importantes sumas de dinero en conceptos de publicidad.
Fuente: Paginajudicial
