El “campo” nucleado en la Mesa de Enlace provincial está haciendo circular en redes sociales una convocatoria para cortar la ruta 14 este viernes a las 17 en defensa de “sus intereses”. Niegan que los venenos que utilizan para fumigar se denominen agrotóxicos y pretenden que el gobernador Gustavo Bordet, a pesar de un fallo judicial, les permita seguir fumigando a los alumnos, maestros y ciudadanos de poblaciones rurales. Paradójicamente, el corte de ruta que realizarán los productores para presionar a la Justicia es un delito.
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La Sociedad Rural de Entre Ríos y la Federación Agraria convocan a los productores para este viernes a las 17 horas a la Ruta 14 para “redactar un documento dirigido al gobernador Gustavo Bordet” en el cual le pedirán que conduzca su reclamo.
Enojados por la prohibición judicial de fumigar en cercanías de escuelas rurales de la provincia, el “campo” insiste en nombrar a los agrotóxicos (glifosato) como “fitosanitarios” y pretenden que el gobierno provincial interceda para que puedan seguir envenenado a los ciudadanos rurales.
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La Mesa de Enlace amenaza con que “este –corte de ruta- será el comienzo de medidas con el objetivo de que seamos comprendidos y escuchados”.
Este nuevo paso del “lobby sojero” PRO-GLIFOSATO se suma al pedido de eximición impositiva que exigen a la provincia ante la “imposibilidad de seguir trabajando”, como contó Noticiauno.
Literalmente pretenden que, a través de una intromisión del poder Ejecutivo en el poder Judicial, se les permita seguir envenando con sus fumigaciones sin respetar a nadie.
Ni siquiera a las instituciones gubernamentales.
Qué dice el Código Penal sobre el corte ruta
Cortar una calle, ruta o autopista configura un delito que se sanciona con una pena de prisión. Así lo establece el Código Penal vigente, y lo han revalidado numerosos fallos en distintos juzgados del país.
Enmarcado dentro del capítulo sobre los "delitos contra la seguridad de los medios de transporte y de comunicación", el artículo 194 del Código Penal determina que "el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años".
Fuente: Noticiauno
