El Ministerio Público Fiscal insiste con llevar a juicio al exgobernador Sergio Urribarri, su exministro de Comunicación y Cultura, Pedro Báez, y al “empresario” Germán Buffa. Los dos primeros están acusados de ser coautores del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, en tanto que al segundo se le endilga una participación primaria. Es en la conocida causa que se abrió en 2013, tras una denuncia del diputado nacional (mandato cumplido) Jorge D´Agostino, a raíz de que Báez y Urribarri firmaron la contratación de una publicidad con la firma Global Means SA, de Buffa, antes de que esa firma estuviera constituida.
El expediente tuvo varias idas y vueltas. La cronología judicial es la siguiente:
El 28 de febrero de este año el juez de Transición Gustavo Maldonado procesó a Urribarri, Báez y Buffa. Ante la apelación de los acusados, dos meses después, el 27 de abril, la resolución fue confirmada por la Cámara de Juicios y Apelaciones.
El 14 de mayo el juez Maldonado solicitó a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el formal desafuero de Urribarri y Báez. Desde entonces, el expediente no fue tuvo ningún avance en la Cámara Baja.
A raíz de los fueros de los dos diputados, en una primera instancia los fiscales decidieron pedir la elevación a juicio sólo para el “empresario” Buffa, pero ello cambió a partir de un nuevo fallo.
El 18 de octubre, los vocales José María Chemez, María Carolina Castagno y Pablo Andrés Vírgala anularon la decisión de llevar a juicio a Buffa, ya que entendieron que podían ser juzgados los tres procesados. Para el caso de los legisladores, afirmaron que los fueros sólo operan para impedir que sean detenidos y no para que sean juzgados en un juicio oral y público.
Ante esta nueva resolución, al día siguiente, los fiscales solicitaron al juez Maldonado que envíe a juicio también a los diputados. Los abogados de los legisladores se opusieron, ya que invocaron los fueros de sus defendidos. Urribarri es defendido por Marcos Rodríguez Allende y Raúl Barrandeguy; y Báez, por Ignacio Díaz.
Ahora, los fiscales Viviana Ferreyra y Gonzalo Badano presentaron un nuevo escrito solicitando al juez de Transición, Gustavo Maldonado, que rechace el pedido de los defensores de los diputados.
En el reciente escrito, los fiscales le plantearon al juez que los fueros no impiden que avance la investigación y se llegue al debate oral y público.
Germán Buffa
Según supo Entre Ríos Ahora, en dicho escrito no varía la fundamentación que plantearon en el primer escrito presentado el 19 de octubre. Allí, además de argumentar que los fueros no impiden que sean juzgados, también pusieron énfasis en las incongruencias que surgieron respecto del trámite que se realizó para contratar publicidad con la firma Global Means SA.
Se advirtió, entre otras cosas, que Buffa fundó la empresa Global Means SA -junto a Leonardo Víctor Poma- el 15 de agosto de 2011, y que la orden de publicidad por $118 mil está fechada el 1 de julio de 2011. Es decir, antes de la existencia de la firma.
Otro detalle que advirtieron los fiscales es que Urribarri y Báez firmaron la orden de publicidad Nº 2038 el 1 de julio de 2011 siendo que el expediente Nº 1301524, por el cual se inicia el trámite de otorgamiento de la pauta, tiene como fecha de inicio el 5 de marzo de 2012, es decir: siete meses después de la fecha en que se firmó la orden de publicidad. El pago de los $118 mil se otorgó mediante decreto N° 1057 de fecha 18 de abril de 2012.
Por ello, los fiscales observaron que “la responsabilidad de los Sres. Urribarri y Báez, no transita únicamente con la firma del Decreto Nº 1057/12 -por el cual se autorizó el pago de la publicidad contratada- sino, entre otros elementos de prueba, en base a la suscripción en tales condiciones irregulares -por parte de ambos- de la Orden de Publicidad Nº 2038 del 01/07/2011, es decir, sin contar en ese momento con una propuesta publicitaria y sin contar, tampoco con una actuación administrativa iniciada para tal fecha”.
Pedro Báez y Sergio Urribarri
En su declaración indagatoria, tanto Báez como Urribarri, aseguraron que el trámite de contratación contó con la observación de los organismos de control y que no se violó ninguna normativa. Los fiscales sostienen lo contrario: que no existe constancia de que haya intervenido un organismo de control de forma previa al otorgamiento de la pauta. En ese punto, resaltan que los organismos intervinieron de forma posterior a la “consumación del delito de negociaciones incompatibles, debido a que ya se había librado la orden de publicidad”.
En su declaración de imputado, el empresario Buffa contó que vio a Báez por primera vez a fines de 2009, en el Hotel Howard Johnson, en Paraná, y que ese encuentro fue propiciado por José Bechara, ex director del Sistema de Crédito de Entre Ríos (Sidecreer).
Dicha reunión, según Buffa, fue porque Bechara, Báez, su esposa Sofía Riquelme, y José Ostrosky analizaban comenzar un emprendimiento, en el que él iba a colaborar en el asesoramiento. El emprendimiento en cuestión fue el apart hotel Amanzi Termal, que administra la firma Innova Turismo SRL, y que hoy se encuentra en Villa Zarroquín, en Concordia.
Cabe destacar que Ostrosky fue presidente de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (Codesal), entre febrero de 2016 y octubre de 2018; y es actualmente presidente de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires.
Además, en su declaración, el empresario también refirió que otros encuentros con Báez fueron en Casa de Gobierno, en su casa en calle Cervantes e incluso en una cena en la vivienda de una conocida. Y, además, indicó que el entonces ministro le pedía su opinión sobre el contenido de las notas que confeccionaba para difusión en medios de la provincia o de alcance nacional.
A partir de esos dichos, para los fiscales existía una relación cercana entre ambos. A todo ello se suma que según un informe de la AFIP, Buffa es el apoderado de Innova Turismo SRL desde el 7 de septiembre de 2011, año en el que tramitó la publicidad para su firma.
Los fiscales también hacen notar que Urribarri y Báez contrataron en varias oportunidades a Buffa. En rigor, a empresas vinculadas a él, como Nueva Contacto SA, Global Means SA y SA Entre Ríos.
Como si no fuera poco, una de las pruebas que se conoció en una de las tantas audiencias que hubo este año, en los que se trataron planteos de los acusados, la Fiscalía dio a conocer que la esposa de Báez, Sofía Riquelme y su hijo, Francisco Nicolás, fueron autorizados por Buffa a conducir el vehículo de la firma Global Means SA. Esa autorización fue certificada por la escribana pública María Cristina Bertora. Así, mostraron que el vínculo era más estrecho de lo que se conocía.
Volviendo al trámite de otorgamiento de la pauta. En otro tramo del escrito de pedido de elevación a juicio, los fiscales mencionaron que tampoco observaron durante la investigación la existencia de un “precio testigo”, que exige el procedimiento de contratación directa, según el artículo 135° del Decreto N° 795/96.
Expusieron también que si bien la Ley N° 5140, de Contabilidad Pública, prevé contratar de forma directa los servicios de publicidad, ello no es una regla sino una excepción a la que se debe apelar cuando exista, por ejemplo, una urgencia. En el caso en cuestión, los fiscales sostuvieron que no se daba ninguna circunstancia para que el Estado contrate de forma directa a la firma de Buffa.
Fuente: Entreriosahora
