Contó que en el marco de la causa se renovó el pedido de información a las dos cámaras legislativas entrerrianas. “Enviamos el listado de personas con contratos y una relación laboral inexistente, personas que estaban siendo parte del grupo que se dedicaba a la sustracción de dinero público”, especificó. Además, la fiscal despejó dudas sobre cómo inició la investigación, remarcó que la pesquisa llegará hasta donde la prueba lo indique. Señaló también que las imputaciones son cinco, aunque se pidió a funcionarios políticos que designen abogado: “Quizás estas personas terminen siendo testigos o no, todavía no lo sabemos”. Asimismo, se refirió a las versiones de abogados defensores, quienes estarían evaluando la posibilidad de pasar la causa a la Justicia Federal, porque se trataría de financiamiento de la política.
“Haber reformulado el pedido de información no supone darle la razón a la Legislatura, sino que necesitamos y queremos obtener esa información. Buscamos eficiencia”, resumió la funcionaria judicial en declaraciones radiales. “Ellos querían más especificaciones -recordó Goyeneche sobre la respuesta que emitieron la mayoría de los diputados ante el primer requerimiento fiscal-. Nosotros identificamos, ampliamos y centramos más la definición del hecho investigado. Pero eso ocurrió después del pedido a ellos”.
“Ahora enviamos un listado de las personas investigadas, además de otra información que pedimos. Se trata del listado de personas que consideramos que estaban en situación de contratos con relación laboral inexistente, y estaban siendo parte del grupo que se dedicaba a sustracción de dinero público”, precisó y agregó: “En su momento entendimos que las cámaras hubieran podido proporcionarnos información. Para nosotros se trata de separar la paja del trigo desde la información que nos dé la cámara, también podemos hacerlo de esta manera, y lo que queremos es obtener esta información”.
Las teorías acerca de cómo comenzó la investigación son varias, algunos creen que fue un hecho fortuito, otros que podría haber una investigación previa o seguimiento. “Fue absolutamente fortuito”, subrayó Goyeneche y recapituló: “Fue la intervención de un funcionario de Policía que había observado que estas personas, en oportunidades anteriores, sacaban sumas importantes de dinero del cajero. El policía dijo que eso le llamó la atención y pensó que podría tratarse de algún tipo de fraude. Entonces lo dio a conocer a autoridades de la Policía, quienes a su vez pusieron en conocimiento a la Fiscalía. Se realizó una pequeña investigación con un número de patente. Y se les pidió explicación en el ingreso a su domicilio y las respuestas fueron muy inconsistentes. Por eso se pidió un allanamiento. Se ingresó al domicilio y se encontró la base de lo que ocurrió el martes con el pedido a las cámaras. Pero no había nada previo. Hubiera sido difícil saber esto si no fuera por lo fortuito del descubrimiento”.
Luego recordó que cuando los imputados fueron sorprendidos “con unos 270.000 pesos en su poder que habían sustraído del banco con algunas tarjetas de debido”. “Para extraer dinero, aunque uno quiera sacar de a 10.000 o 20.000 pesos con una tarjeta, tiene que sacar entre 3.000 y 4.000 pesos. Esto lleva tiempo. Y eso llama la atención del funcionario provincial”, ahondó. “En ese momento las explicaciones fueron muy inconsistentes y eso motivó intervención de Fiscalía para allanamientos. Y ahí se encontraron listados enormes de personas con Nº de CUIT, anotaciones con cobranzas, recaudaciones y referencias a que eso pertenecía a la Legislatura de Entre Ríos”, aseguró.
Fuente: Análisis
