La Policía de Entre Ríos detuvo al cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera, en las primeras horas de la mañana de este viernes, en la causa que lleva adelante la Fiscalía Anticorrupción a raíz de presuntas irregularidades detectadas en contratos suscriptos en la Legislatura entrerriana en la última década, y que ya determinó que los recursos desviados mediante las maniobras superan los 2.000 millones de pesos. Aguilera es el secretario político del bloque de senadores del PJ entrerriano.
También fueron detenidos el ex director del servicio administrativo contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso, el cuñado de Aguilera, Alejandro Almada, considerado uno de los principales recaudadores del sistema corrupto, ya que era una de las personas que recibía el dinero tras la recaudación vía cobro de cheques y extracción de cajeros y se lo acercaba a los hombres del poder político.
Los tres imputados fueron derivados a la Comisaría Quinta de Paraná, pero después del mediodía irán a la Alcaidía de Tribunales, donde permanecerán por lo menos hasta el lunes, cuando se realice la audiencia pertinente para decidir sobre las prisiones preventivas.
La detención del cuñado de Urribarri se produce algo más de 24 horas antes del acto de Unidad Ciudadana en Villaguay, este sábado, encabezado por el ex gobernador.
Juan Pablo Aguilera, Alejandro Almada y Sergio Cardoso se encontraban cada uno en sus viviendas, cuando llegaron las comisiones policiales con las respectivas órdenes judiciales, para ser detenidos en el marco de la causa por los contratos legislativos truchos, que los tiene como protagonistas. “No hubo ninguna resistencia de parte de ellos”, indicaron fuentes judiciales, ante la consulta de Analisisdigital.
En el escrito enviado por la fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, a la Legislatura entrerriana, donde solicitaba información oficial respecto de los contratos, dejó bien claro el rol que tenían los ahora detenidos. “Entre ámbas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 contratistas. Los contratos eran suscriptos, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Flavia Beckman y Hugo Mena”, apuntaban los fiscales Goyeneche, Patricia Yedro e Ignacio Arranberry. También señalaron que “esta sustracción contó con el aporte de autoridades, aún no identificadas de las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, quienes suscribieron los respectivos vínculos contractuales sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna, y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio del Estado”.
“La expresada detracción de fondos públicos fue ejecutada a través de los responsables de los Servicios Administrativos Contables de ámbas Cámaras, siendo estos Juan Domingo Orabona (director Administrativo Contable del Senado en el período 2007/2011), Gustavo Hernán Pérez (director Administrativo Contable del Senado desde 2011) y Sergio Cardoso (director Administrativo Contable de la Cámara de Diputados), quienes tenían el manejo de esos caudales públicos ya que, junto con personal autorizado de ambas cámaras, contaban con la facultad funcional de emitir los cartulares correspondientes al pago mensual de aquellos vínculos y en el último período, de generar la apertura de las cuentas sueldo de los contratistas y las transferencias para el pago de los honorarios”.
Luego de su libramiento por los Servicios Administrativos Contables de ambas Cámaras, los cheques -según narran los funcionarios judiciales- eran entregados a Hugo Rubén Mena y Flavia Marcela Beckman, “quienes mensualmente se encargaban de hacerlos endosar a sus titulares, o de endosarlos falsamente, para facilitar su cobro por otras personas de su círculo de confianza”. En este punto mencionan a Scialocomo, María Victoria Álvarez, Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Álvarez, Andrea Noemí Beatriz Demartín, Alejandro Rubén Ferreyra, Viviana Giselle Mena Gioveni, Veronica Caino, Roberto Ariel Faure, Renato Jesús Mansilla, Hugo Luna (f), entre otros.
“A las personas del círculo de confianza que operaban como cobradores de cheques se las hacía llegar hasta un local comercial ubicado en calle Alem, o posteriormente a la playa de estacionamiento de calle Alem Nº 64 de Paraná, o hasta la Tómbola ubicada en esa misma arteria al numeral 87, sitios donde Beckman, Mena, Balladares y Scialocomo les repartían los valores para su cobro, el que se ejecutaba en diversas sucursales del Nuevo Banco de Entre Ríos”, añaden.
“Luego de percibidas las respectivas sumas de dinero en el banco, éstas eran entregadas a Hugo Rubén Mena, Fabiana Marcela Beckman, Jorge Pablo Balladares, Esteban Ángel Alberto Scialocomo, y/o otro/s integrante/s de la asociación, quienes aguardaban en los referidos puntos de entrega y les pagaban a los cobradores alrededor de 200 pesos a cambio de la percepción de cada cheque”, acotan.
Tras describir el manejo posterior que, principalmente en ámbito de la Cámara de Senadores se hizo a través de cuentas sueldo y tarjetas de débito, los fiscales aseguran que el dinero resultante era entregado a Pérez, Cardoso, Faure, Bilbao y Alejandro Almada.
Bilbao es señalado como quien “recibía las rendiciones de cuenta de la recaudación que realizaba todo el grupo, previa deducciones de gastos, de pagos de impuestos de los contratados y de comisiones”. Luego, “se encargaba de entregar el neto del producido, o un porcentaje de éste, hasta diciembre de 2011, a Juan Domingo Orabona, y con posterioridad a Juan Pablo Aguilera, y a otras personas hasta el momento desconocidas”.
Los hombres de Urribarri
Lo que va surgiendo es que cada vez se complica más la situación del actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Sergio Urribarri y más aún, tras la detención del hermano de su actual esposa, Ana Lía Aguilera, quien siempre tuvo una relación muy fuerte con el ahora preso. Pero en la escena también se sumó el cuñado de Aguilera. El ex policía Alejandro Almada era quien recibía el dinero de Alfredo Bilbao, tras la recolección de pagos por cheques y tarjetas de débito que hacían Hugo Mena y Flavia Beckman.
Almada -además de ser hijo del comisario retirado Héctor “Pitín” Almada, quien fuera detenido por tenencia de armas de guerra y ya había sido condenado por una causa similar en la provincia de Misiones en la década del '90- es socio y cuñado de Juan Pablo Aguilera. No es la primera vez que Almada aparece en la escena judicial. Ya está imputado por fraude a la administración pública, en la causa en la que están también acusados Urribarri, Aguilera y el diputado Pedro Báez, entre otros, por irregularidades en la contratación publicitaria con el Estado entrerriano.
En esa misma causa también están imputados Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena y Luciana Belén Almada, hermana de Alejandro Almada y actual pareja de Aguilera. Todos son socios en la empresa Formato Urbano SRL (cuya razón social es TEP SRL), principal proveedora de los servicios de publicidad que contrató el ex gobernador Urribarri y su ex ministro Báez. Es decir, el mismo círculo en el desvío de dinero o manejos irregulares.
A Almada le secuestraron, en enero de este año, 371.400 pesos, cuando un operativo de la Policía Federal en la ruta 12 interceptó el vehículo en el que se trasladaba y encontró esa alta cifra de dinero en el baúl. "Son ahorros personales", dijo el ex agente de Policía, actualmente cumpliendo funciones en la Cámara de Diputados de la provincia, tras acotar que esa mañana había salido a buscar una futura vivienda en la zona, para analizar una inversión y concretarla in situ, sin mayores intermediarios.
El auto Ford Focus 2017 de Almada estaba a su nombre y su cuñado Aguilera tenía disponible una tarjeta azul para libre circulación. Como para que quede claro que se mueven casi en simultáneo con los negocios con el Estado. Almada y Aguilera -que también aparece mencionado en los cuadernos secuestrados a los detenidos- son Urribarri.
Los investigadores judiciales tienen claro que si el ex gobernador no hubiera estado atrás de estas maniobras, esto nunca hubiese sucedido, tal como se concretó en estos últimos diez años. Ahora habrá que ver, con Aguilera, Almada y Cardoso, cuánto más se complica la situación del ex gobernador Urribarri.
Fuente: Analisis
