El asesor económico del Ejecutivo, Álvaro Sierra, confirmó la información y señaló que “el juicio se inició en diciembre de 2016 luego de que se agotara la instancia del diálogo y el reclamo administrativo”.
“El juicio llevó tiempo porque desde la empresa contestaron la demanda interponiendo varias excepciones, buscando declarar la inexistencia de la deuda, argumentando que la actividad de ellos no está regida por normas municipales sino por normas nacionales por lo tanto no es de competencia del gobierno local”, señaló Sierra.
“Pero la empresa confunde que si bien la Municipalidad no tiene el control de la regulación de las comunicaciones, otra cosa es la potestad tributaria que tiene el Municipio en el marco de su autonomía, que prescribe tanto nuestra constitución nacional como provincial. La discusión de fondo es esa”, explicó.
Finalmente, luego de las distintas pericias realizadas y las pruebas y argumentaciones presentadas, “en marzo de 2019 el expediente pasa a despacho, y el 17 de abril la jueza Flavia Pasqualini dicta sentencia a favor de la Municipalidad condenando a Movistar a pagar lo adeudado con imposición de costas”, continúa explicando el economista.
“La deuda, que debe ser actualizada, es de alrededor de 60 millones de pesos”, confirmó Sierra, aunque observó que si bien es un juicio importante en términos de números, lo es más por la jurisprudencia que sienta, sumándose a “un juicio similar realizado por la gestión anterior a la misma empresa y por este mismo motivo”.
En Concordia hay muchas empresas que realizan la misma actividad y todas tributan. “Ésta es la única empresa que insiste en su actitud de no pagar y de desconocer las normativas vigentes”, agregó Sierra.
“Desde el inicio de gestión, la decisión del intendente Enrique Cresto es mejorar la recaudación a partir de ampliar la base tributaria, e instrumentando medidas que permitan bajar la presión fiscal, siempre manteniendo el equilibrio de las cuentas del Municipio. No hay una política fiscalista, al contrario, siempre se busca el diálogo, pero cuando se agota vía administrativa sin éxito, se avanza en el plano judicial”.
Por eso, sostuvo Sierra, “no se ha perdido ningún juicio tributario iniciado por esta gestión, porque se llega a esa instancia cuando hay sobradas pruebas y se agota la vía administrativa. El objetivo que plantea el intendente Cresto es defender el crédito tributario del Municipio, porque esto significa defender los recursos de todos los concordienses”, enfatizó.
“El año pasado el Intendente puso en marcha un programa de reducción progresiva de la Tasa Comercial, que tiene el objetivo de lograr en cuatro años estar por debajo de la media provincial. Para poder garantizar este objetivo sin que signifique desfinanciar al Municipio, debemos ampliar la base tributaria, es decir, que todas las empresas que deben pagar lo hagan, como en este caso Movistar”, explicó el asesor.
Respecto a la continuidad de la instancia judicial, Sierra se refirió a los plazos existentes. “Desde el 17 de abril la empresa tiene cinco días hábiles para apelar ante la Cámara dicha sentencia, dijo.
Fuente: Apf
