El gremio docente más importante de la provincia reclama al gobierno que se respete un acuerdo paritario de 2018 y exige acciones al Consejo General de Educación.
La Comisión Directiva Central de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) presentó el pasado miércoles una nota formal ante el Consejo General de Educación (CGE), exigiendo la reactivación de la Comisión para la Prevención de la Salud Laboral docente. Esa instancia había sido constituida mediante resolución en el marco de la paritaria 2018. “Es en dicha comisión que hemos venido planteando oportunamente nuestras históricas reivindicaciones con relación a la salud laboral docente, las cuales incluyen una caracterización debidamente fundada sobre las particularidades del trabajo docente, las enfermedades profesionales que son reconocidas y aquellas que aún no lo están, y las responsabilidades que competen tanto a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) como al Estado provincial”, indicaron desde el gremio a través de un comunicado que publica Apf.
En ese sentido, argumentaron que la presentación formal del reclamo tiene que ver con la exigencia de que “se garantice el funcionamiento de la Comisión y para ratificar nuestro cuestionamiento al Decreto N° 426/19 MGJ, de carácter arbitrario e inconsulto, en virtud de que el mismo permite a los médicos auditores extralimitarse en sus funciones y aplicar sanciones que implican una intromisión en la carrera docente y un desconocimiento de lo estipulado en nuestro Estatuto”.
“Estos profesionales no están cumpliendo con su responsabilidad de forma idónea y tampoco se apegan a lo previsto en el contrato que tienen con el CGE. Todo esto, lejos de contribuir a una mejora en el proceso de trabajo docente y al cuidado de nuestra salud, lo único que logra es incorporar mecanismos burocráticos para la tramitación de las licencias y entorpecer el normal funcionamiento de los establecimientos educativos, sin olvidar el perjuicio que representa para los mismos y para sus trabajadores en materia de salud y carga de trabajo”, indicaron.
Por ello, exigen al CGE una “urgente” convocatoria de la Comisión, cuya última reunión fue suspendida sin fijar una nueva fecha: “Consideramos que toda norma que regule nuestras condiciones laborales y que afecte de forma directa el acceso a la educación como derecho social debe ser fruto del consenso, el análisis exhaustivo de las problemáticas y la búsqueda de soluciones que prioricen el bienestar de las y los trabajadores”, expresaron.
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